Loncón, profesora de inglés, doctora en Humanidades y experta en lengua mapuche, saludó en su idioma madre a todo el país y destacó que al llegar a este cargo “es un sueño de nuestros antepasados. Es posible refundar este Chile y replantear la relación con el pueblo mapuche”.
Con cerca de tres horas de retraso, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, quien presidió la ceremonia –inusualmente informal para los usos chilenos–, procedió al nombramiento, uno a uno, de los 155 convencionales, tras constatar que ya no había “represión, detenidos, ni lesionados”.
Se mantenían, sin embargo, algunos choques entre las fuerzas especiales de la Policía y un grupo de manifestantes que intentó traspasar el cordón de seguridad en los alrededores de los jardines de la vieja sede del Congreso en Santiago, donde se realizó la ceremonia por razones sanitarias.
Cuando comenzaba la sesión con la entonación del himno nacional, se escucharon chiflidos y gritos de algunos constituyentes que decían: “¡No más represión!”. Se acercaron a la mesa desde donde Valladares debía juramentarlos y en un clima de mucha tensión la llevaron a suspender la ceremonia.
“Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos”, afirmó Valladares cuando decidió suspender la ceremonia, en momentos que un grupo de constituyentes, en su mayoría de la Lista del Pueblo, salieron a la calle a exigir que las fuerzas especiales se retiraran de la zona, en el centro de la capital.
También hubo manifestaciones en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones sociales que estallaron en Chile en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social, en el marco de un descontento general que se canalizó en el proceso que abrió la posibilidad de instalar a partir de este domingo la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Carta Magna, redactada en 1980, fue objeto de reformas en los últimos 30 años de democracia pero sigue siendo considerada como la base de las desigualdades sociales. En oposición a la esperanza de vastos sectores sociales, la derecha conservadora dice que proceso conlleva el peligro de que el nuevo texto incluya derechos y garantías superiores a los que la economía puede satisfacer, lo que, según esa visión, amenazaría un largo proceso de crecimiento económico basado en la inversión.
La Convención tendrá nueve meses -prorrogables por tres más- para redactar el nuevo texto, que será sometido en 2022 a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
En tanto, constituyentes aymaras y mapuches llevaron a cabo ceremonias en Santiago antes de la instalación de la Convención Constitucional.
“Venimos a apoyar a nuestra gente mapuche, que todo este cambio ojalá termine bien para todo Chile. A nosotros que nos dejen vivir en paz y desmilitaricen nuestras tierras en el sur”, dijo Daniel Antigual, un jubilado de 60 años que acompañaba a un grupo mapuche, el pueblo indígena más numeroso del país.
“Harto newen. Amulepe taiñ weichan”: mucha fuerza y que siga nuestra lucha, dijo al pie del Cerro Huelén (Cerro Santa Lucía como se identifica en el paisaje de Santiago) en mapudungún, la lengua de su pueblo, que esperan que la nueva Constitución reconozca como parte de un Estado Plurinacional.
En Plaza Italia se concentraron unas 5.000 personas, la mayoría en apoyo a la “Lista del Pueblo”, un grupo heterogéneo de personas desconocidas entre sí que contra todo pronóstico fue la tercera más votada en las elecciones de constituyentes del 15 y 16 de mayo.
“Tengo mucha esperanza de que este proceso nos va a ayudar a construir un país para todos”, dijo Carolina Vergara, empleada bancaria de 47 años.
La heterogeneidad de los 155 integrantes de la Convención Constitucional -muchos independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos y sin ninguna lista que ostente la mayoría de un tercio que otorga poder de veto- obligará a alcanzar acuerdos. Sin embargo, esa misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones.
El sábado, 60 constituyentes firmaron una carta para demandar “garantías democráticas para la sana instalación de la convención”, en la que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de la revuelta social de 2019.
Fuente: www.ambito.com
