Panamá celebra su fiestas patrias en noviembre sumido en protestas y huelgas que tienen paralizado parcialmente el país.
Al grito de “¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!”, miles de panameños tomaron las calles desde hace diez días en rechazo a la aprobación exprés de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
El descontento generalizado, a raíz de una decisión que consideran inconsulta e inconstitucional por parte del gobierno, está propiciando cierres de calles en todo el país, paros laborales de diferentes gremios, escuelas cerradas y la suspensión de los desfiles patrios, a celebrarse el próximo 3 de noviembre, día que se conmemoran los 120 años de la separación de Colombia.
Tal nivel de conflictividad -tan masiva como prolongada- no se veía desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
El presidente Laurentino Cortizo ha intentado frenar las manifestaciones con el anuncio de una consulta popular a mediados de diciembre para aprobar o derogar la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina por 20 años prorrogables a la filial de la empresa canadiense Firts Quantum Minerols.
«A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano«, afirmó el mandatario el domingo 29 para calmar las protestas.
Días antes, había decretado una moratoria minera, con la idea de prohibir nuevas concesiones. Una medida en línea con el inicio este martes de la primera discusión en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que limita el otorgamiento de otros contratos para la explotación de la minería metálica en Panamá.
Sin embargo, los intentos del gobierno no han mitigado el disgusto de los panameños, quienes acumulan reclamos no sólo por el manejo poco transparente de los contratos mineros (15 vigentes y 103 en discusión), sino también por la malversación de fondos públicos, la falta de representatividad en la política y el costo de vida.
La petición popular es que se suspendan las labores de la empresa Minera Panamá hasta tanto no se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las seis demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el contrato.
Hasta ahora, el primer paso lo dio la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes aprobaron este martes en primer debate un artículo que deroga el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. No obstante, la calle sigue encendida.
