De no ser así, señala Weber, el presidente estaría autorizado «a permanecer inmóvil aunque se le comunique formalmente la existencia de delitos (…) en las dependencias de las estructuras (…) del Gobierno», según informa la agencia de noticias Europa Press.
«La tesis no se sostiene, con el debido respeto. En el contexto antes descrito es perfectamente posible extraer del propio ordenamiento jurídico y constitucional competencias administrativas vinculadas a ser ejercidas por el jefe de Gobierno», argumentó Weber.
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Si bien la magistrada reconoce que la Corte Suprema suele aceptar las demandas de archivo que presenta la Fiscalía -única autoridad competente para llevar a cabo una investigación sobre personas con jurisdicción privilegiada-, dicho acatamiento no puede ser automático por lo que invocó un precedente conocido como «conducta atípica» para sustentar su decisión.
En ese sentido, Weber explicó que si la última palabra la tuviera siempre la Fiscalía y no el Supremo, se produciría «una clara y no autorizada» inversión de los roles constitucionales.
La tesis del fiscal Aras sigue las conclusiones de la investigación de la Policía Federal, que hace un par de meses decidió desechar las denuncias por prevaricato contra Bolsonaro ya que no tendría «deber legal» de actuar.
En caso de dar como buena la hipótesis de que el mandatario pasó por alto estas sospechas, hubiera incurrido «en un incumplimiento cívico» y «no en una desviación de un deber funcional», sostiene Aras.
Las denuncias sobre este caso fueron presentadas por el diputado Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, quien trabaja para el Ministerio de Salud, durante una de las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada de investigar la gestión de la pandemia, que tuvieron lugar a lo largo del año pasado.
Ambos sostienen que se reunieron con Bolsonaro para alertar de posibles irregularidades en la compra de Covaxin, la vacuna india contra el coronavirus.
No solo denunciaron «presiones atípicas» para que se efectuara la compra de unas 20 millones de dosis, sino que también presentaron varios documentos de la cancillería en los que se reflejaba un precio once veces superior al estipulado por el fabricante.
Finalmente, la compra fue anulada a finales de junio del año pasado, después del revuelo que las acusaciones generaron en la CPI que, entre sus muchas conclusiones finales, solicitó la imputación de Bolsonaro por este caso.
Fuente: www.ambito.com
