En medio de presiones kirchneristas para estatizar el dragado y balizamiento por peaje del canal navegable del río Paraná, el ministro de Transporte puso al frente a un hombre con experiencia multinacional, alineado al gobernador Bordet.
Está políticamente alineado con el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, trabajó en Concepción del Uruguay para Dreyfus, una multinacional cerealera y no es kirchnerista duro. Son los tres grandes rasgos a destacar de Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, el Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, en manos de quien ha quedado la redacción del pliego de licitación para la Hidrovía.
El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, disolvió por Resolución 153/2021 publicada en el Boletín Oficial, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Hidrovía», creada en enero por su antecesor Mario Meoni, para definir los pliegos del llamado a licitación nacional e internacional para dragado, balizamiento y mantenimiento del canal navegable troncal, en el río Paraná, por el que transita el 90% del comercio internacional argentino.
El nuevo ministro achica así el círculo de definición del decisivo pliego licitatorio. Pero persiste en el modelo de concesión por peaje, frente a las presiones kirchneristas -protagonizadas en particular por el senador nacional Jorge Taiana- para pasar las tareas a manos del Estado. Sostiene el legislador kirchnerista bonaerense, que Hidrovía SA recauda unos U$ S 200 millones al año y el costo (incluido el operativo del concesionario) no supera los U$ S 130 millones.
En abril fue el propio presidente Alberto Fernández quien aseguró que «el trabajo del dragado lo hacen muy pocas empresas en el mundo, porque exige una tecnología de altísimo costo, y eso es muy difícil que lo pueda hacer el Estado». El presidente descartó la sociedad del Estado como operadora y relegó el Consejo Federal en el que participan los gobernadores, a una participación testimonial.
La concesión «menemista» es cuestionada por no haber tenido controles estatales. Desde el sector privado señalan que los controles lo hacen Prefectura, Aduana o Senasa. Las disputas están sobre la caja del peaje; la demostrada eficiencia de la prestación tiene trascendencia geopolítica e impacto internacional. Bruselas, Beijing y Washington miran lo que hará el gobierno nacional con el futuro contrato; la Casa Rosada contrató a la OCDE como asesora del proceso, para dar garantías de estándares internacionales.
Jan de Nul y Emepa, los actuales concesionarios, tuvieron contrato extendido por 25 años hasta el pasado 1 de mayo; la Casa Rosada lo prorrogó 90 días más. En medios portuarios y marítimos se descuenta que no hay chances de licitar y adjudicar un nuevo concesionario; podría haber más prórrogas o incluso un concurso de precios por un lapso menor, con llamado desde la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado.
Canal navegable
El decreto presidencial 949/2020 delegó en el ministerio de Transporte la licitación y concesión de obra pública por peaje, de la señalización y dragado entre el kilómetro 1238 del río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico, «a riesgo empresario y sin aval del Estado».
Por este canal sale a aguas abiertas -fundamentalmente desde los muelles del sur santafesino- la producción de granos y subproductos que, en total, representan entre 65% y 70% de la exportación física de Argentina. Pero además de la producción agroindustrial, utilizan la Hidrovía los transportes de graneles sólidos y líquidos, carga automotriz, metalúrgica, siderurgia y transporte de pasajeros, y un gran porcentaje de las operaciones de cabotaje entre puertos fluviales del país.
Las tareas delegadas
Los objetivos de la disuelta Unidad Temporaria Hidrovía, que ahora pasan a manos del subsecretario de Puertos y Vías Navegables, son los de «realizar por sí o por terceros los estudios e informes necesarios para la confección de o los pliegos licitatorios».
Además tiene por meta «impulsar y coordinar las actividades entre las distintas jurisdicciones gubernamentales, universidades, y/o instituciones relacionadas con los distintos aspectos de la elaboración de el o los pliegos licitatorios».
El objetivo de fondo es el de «elaborar el o los pliegos para la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 17.520». Y «asistir y asesorar al Señor Ministro de Transporte y Secretario de Gestión de Transporte en lo vinculado a la elaboración de el o los pliegos».
Fuente (El litoral)
