En el complejo escenario económico y político actual, los gobiernos locales de la provincia de Entre Ríos enfrentan desafíos significativos para mantener una estructura de financiamiento que les permita cumplir con sus funciones. La Liga de Intendentes Justicialistas emitió un comunicado en el que analiza en profundidad la estructura de financiamiento de los municipios y comunas entrerrianos, destacando los obstáculos que deben superar en un contexto de creciente descentralización de funciones sin la correspondiente transferencia de recursos.
El comunicado destaca la importancia de que el Estado, en cualquiera de sus niveles, adopte “un esquema de recursos que le permita hacer frente a los gastos inherentes para el cumplimiento de sus funciones”. En el ámbito local, la disponibilidad de recursos está definida y limitada por un conjunto de normas, principalmente la Constitución Nacional, el Régimen de Coparticipación Federal, la Constitución Provincial y el Régimen Provincial de Coparticipación. Sin embargo, “la distribución de las funciones entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales no ha permanecido inalterable”. Por el contrario, “se ha producido una descentralización de funciones hacia los gobiernos subnacionales para abordar distintas problemáticas desde lo local”, muchas veces sin la transferencia de los recursos necesarios para cumplir con estas nuevas responsabilidades.
En este sentido, es crucial analizar los recursos con los que cuentan los gobiernos locales, particularmente en la provincia de Entre Ríos, para afrontar estas crecientes funciones. Es necesario identificar las potestades tributarias de los gobiernos locales conforme al marco legal vigente y analizar la estructura de financiamiento de estas instituciones. En los últimos años, las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales de Entre Ríos han sido “los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación, los recursos propios y las transferencias del gobierno central”. Sin embargo, la importancia relativa de cada una de estas fuentes varía según el análisis particular de cada uno de los 83 municipios de la provincia.
Cabe destacar que “las transferencias del gobierno central han representado históricamente un aporte significativo para el desarrollo de obras de infraestructura y diversos programas que han sido fundamentales para el desarrollo de políticas públicas tendientes a solucionar problemáticas locales”. Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido “recortar prácticamente la totalidad de las transferencias a municipios para el desarrollo de programas y obras públicas, incluso aquellas que ya se encontraban en ejecución”. Esta caída en el financiamiento nacional ha provocado que los municipios y comunas deban afrontar los desafíos precedentes y nuevos sin percibir estos recursos, redirigiendo esfuerzos de manera constante para atender las crecientes demandas sociales. En consecuencia, “los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial y de la tributación local cobran un papel fundamental para asegurar el equilibrio de las cuentas públicas y dar respuestas a las necesidades de la sociedad”.
En cuanto a los recursos propios, las potestades tributarias de los municipios entrerrianos son limitadas. Más allá de la posibilidad de establecer distintos tributos, “no deben aplicar gravámenes análogos a aquellos que son coparticipados”. Por lo tanto, “la tributación local se sustenta esencialmente en la aplicación de tasas por servicios prestados y contribuciones”. Es pertinente desarrollar brevemente la diferencia entre impuestos y tasas. Aunque ambos pueden definirse como tributos, “los impuestos se caracterizan por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la Administración”. Es decir, se grava una determinada capacidad contributiva sin una contraprestación específica por parte del Estado. Por otro lado, “las tasas financian la ejecución concreta de un servicio público, existiendo una contraprestación efectiva o potencial por parte del Estado”.
El análisis de la Liga de Intendentes Justicialistas revela que “el 83% de la presión fiscal está representada por los impuestos nacionales, mientras que el 17% restante corresponde a impuestos provinciales y tasas municipales”. A pesar de la baja inversión nacional, “los municipios deben asumir cada vez más funciones con menos recursos, colaborando con la policía, escuelas, centros de salud y otras necesidades comunitarias”. Los municipios entrerrianos, en general, no han incorporado nuevos tributos a su estructura, y los ajustes practicados en las actuales tasas responden a los costos asociados a la prestación de los servicios.
La Liga de Intendentes Justicialistas concluye que “la tributación local es una herramienta fundamental para los municipios a fin de afrontar las crecientes demandas de sus comunidades”. Estos recursos cobran una relevancia central “ante el desfinanciamiento de obras y programas por parte del gobierno nacional”. La presión fiscal mayoritaria en Argentina proviene de la nación, y “la falta de recursos provenientes del gobierno central limita las posibilidades de los gobiernos subnacionales de avanzar en la prestación de servicios más eficientes que satisfagan las demandas de los contribuyentes”. Cualquier intento por redirigir el costo político proveniente de la insuficiente baja impositiva realizada por el gobierno nacional hacia las provincias o municipios “carece de sustento teórico y práctico, contribuyendo únicamente a la confrontación entre los ciudadanos”.
