Pary dijo que el nuevo Gobierno presidido por Luis Arce considera «solicitar una investigación internacional sobre el caso», en el cual se habrían violando normas tanto ecuatorianas como bolivianas.
«Una operación como el préstamo de materiales militares y policiales solo es posible mediante un acuerdo de cooperación internacional que normalmente toma su tiempo, no se hace en dos o tres días, sino en meses y hasta años, pero en ese caso se lo hizo de la noche a la mañana», afirmó el embajador, citado por la agencia de noticias Sputnik.
Ecuador prestó a Bolivia en noviembre de 2019 al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra, en apoyo a la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), en una operación revelada en los últimos días en la capital boliviana.
El caso ganó actualidad tras el arresto en Estados Unidos del exministro boliviano Arturo Murillo, señalado como el principal gestor del préstamo ecuatoriano y de una compra paralela de materiales antidisturbios con sobreprecio, sobornos y una trama de lavado de dinero, delitos por los que ahora está procesado.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el pasado fin de semana a la prensa como prueba del apoyo del Ejecutivo ecuatoriano de Moreno a Áñez, una comunicación oficial de Quito, de mayo de 2020, en la que pedía la devolución de los materiales.
«Es el Plan Cóndor II; el funcionamiento de esta organización básicamente se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión», afirmó Del Castillo en referencia a la colaboración entre gobiernos dictatoriales latinoamericanos de décadas pasadas.
Medios locales, que divulgaron el fin de semana varios documentos oficiales que confirmarían el préstamo de los materiales policiales y militares de Ecuador a Bolivia, indicaron que esa operación fue iniciada el 14 de noviembre de 2019, apenas dos días después de la asunción del Gobierno transitorio de Áñez.
En las semanas siguientes, operaciones conjuntas de militares y policías contra manifestantes que protestaban contra el golpe que derrocó al Gobierno de Evo Morales (2006-201) dejaron una treintena de civiles muertos en varios puntos del país.
Fuente: www.ambito.com
