La Justicia allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Santa Fe y en ciudad y provincia de Buenos Aires en busca de legajos e información de 49 casos sospechosos de intermediación ilegal de entrega de recién nacidos por subrogación de vientre a ciudadanos extranjeros por parte de mujeres argentinas en situación de vulnerabilidad.
En los operativos, pedidos por la fiscal federal Alejandra Mángano y ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, se secuestró documentación y actas notariales donde se habrían hecho constar supuestos consentimientos de las madres. En la Justicia apuntan a una «mecánica empresarial ilícita, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de «gestación por sustitución» en Argentina».
La investigación se abrió en enero de este año por una denuncia de la Cancillería al recibir un alerta desde Alemania, donde una ciudadana de 58 años oriunda de ese país llegó a un hospital con una bebé de tres meses de nacionalidad argentina y en muy mal estado de salud.
La Justicia alemana le sacó la guarda a la mujer que llevó a la clínica a la bebé y la entregó a una familia sustituta tras determinar que no estaba en condiciones de cuidarla. En la investigación se determinó que el nacimiento se inscribió en el Registro Civil porteño y que la fertilización se realizó en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto ya se identificó a la madre gestante.
Desde entonces, en los tribunales federales de Retiro «se investiga la puesta en marcha de un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes -a través de lo que se denomina subrogación de vientres- y la posterior comercialización de los niños/as que nacen a partir de ese método», explicaron fuentes del caso en el que interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Las sospechas apuntan a personas y empresas con sede en el extranjero y a actividades en Argentina, aunque por el momento no hay detenidos. Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación realizaban publicidades de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero. Las parejas que deseaban tener hijos y que no podían llevar adelante un embarazo, los contactaban.
Sobre la mecánica de subrogación de vientres
El “servicio” denominado “Programa Argentina” costaba unos 50.000 dólares e incluía «la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto», se detalló.
Las madres gestantes eran contactadas a través de redes sociales. Se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad y se les ofrecía 10.000 dólares más un plus de 2.000 dólares si fuera cesárea. Los 10.000 dólares incluían la obligación para las mujeres de realizar todos los intentos necesarios hasta lograr el embarazo, los controles y la inscripción del niño y entrega posterior.
Entre los involucrados hay agencias destinadas a la selección de las gestantes, agencias que contactaban a los clientes, clínicas de fertilidad y escribanos en lo que se investiga como un caso de «turismo reproductivo».
«La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional, donde los constituyentes previeron expresamente que «todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice»», advirtió la fiscalía.
De un total de 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año, «se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación: se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades».
