Esta semana se presenta como crucial para los intereses del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez, quienes buscan quedar en libertad tras ser detenidos y alojados en la cárcel en forma preventiva por el peligro de fuga latente que existe tras haber sido condenados en 2022 a prisión efectiva. Si bien el fallo no está firme, la Cámara de Casación Penal de Paraná, por un lado, y un Tribunal de Juicio y Apelaciones, por otro, ordenaron los arrestos por pedido de fiscalía.
Este lunes los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz, defensores de Pedro Báez, que lleva tres días preso, presentarán el recurso de casación para que la decisión dividida que tomaron los integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones sea revisada y modificada.
Los letrados se oponen al encierro en la Unidad Penal Nº1 del exfuncionario de la cartera de Comunicación y Cultura del urribarrismo entre 2007 y 2015. Tanto Velázquez como Díaz habían propuesto una prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico. Sin embargo, los jueces Julián Vergara y Elvio Garzón se inclinaron por la postura de la fiscalía de enviar a la cárcel a Báez, algo que la jueza Carolina Castagno rechazó.
Por otra parte, Urribarri y Aguilera, quienes ya llevan seis días presos, esperan dos resoluciones. Una es el habeas corpus que ya está en manos de la Sala Penal integrada en forma ad hoc por los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Carlos Tepsich. En las próximas horas tiene que haber una resolución, o a favor o en contra de la presentación que realizaron Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Baños.
Al mismo tiempo que los abogados esperan el dictamen del habeas corpus, aguardan el llamado de la Cámara de Casación Penal integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo. Las camaristas tienen que decidir si abren el recurso de Impugnación Extraordinaria para que los abogados de Urribarri y Aguilera puedan cuestionar las prisiones preventivas ante el STJ o si lo rechazan. Si es negativa la resolución de Casación, los letrados tendrán que presentar un recurso de Queja para llegar al máximo órgano de justicia.
Los días pasan y los abogados defensores esperan que la justicia les dé una respuesta para llevarles a sus clientes que están tras las rejas.
Días encerrados
Urribarri, Aguilera y Báez comparten la misma celda que se armó el martes cuando el exgobernador y su cuñado fueron encerrados en el penal.
Según trascendió, los tres han recibido visitas, ya sea de sus abogados como de familiares, en el marco del régimen carcelario habitual.
Los abogados mantuvieron reuniones con sus clientes para informarles los pasos a seguir.
El megajuicio
Los tres detenidos fueron condenados en el marco del denominado megajuicio que se realizó en Paraná entre 2021 y 2022. Las condenas más altas y de cumplimiento efectivo fueron para Urribarri, Aguilera y Báez. El resto se llevó condenas condicionales.
En el megajuicio se ventilaron cinco causas acumuladas, vinculadas entre sí por las maniobras desplegadas, y las personas involucradas y el fin de la sustracción de fondos públicos.
Durante cinco meses de 2022 se expusieron las pruebas en lo que se conoció como “causa de las imprentas”, a partir de la cual se estableció que se constituyó una empresa al calor de la pauta publicitaria y los beneficios de las vinculaciones con el poder político. Los jueces del tribunal dieron por acreditado que Aguilera es el real dueño detrás de empresas del rubro de las impresiones.
Por otro lado, se condenó la contratación de la empresa Global Means con el Estado provincial, vinculada a Buffa. Los jueces dieron por acreditado que la empresa no estaba en condiciones de ser contratada por el gobierno, ni siquiera figuraba en el Registro de Medios de la provincia cuando fue beneficiada con la colocación de cuatro avisos publicitarios en 2011 en dos medios porteños.
Por último, se ventiló lo que se conoció como “sueño entrerriano”. Un expediente que acumuló tres causas vinculadas al financiamiento de la campaña de Urribarri como precandidato a presidente (antes del inicio de la misma se bajó): la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015; la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014; y la publicación en 18 medios gráficos del país de una solicitada contra los fondos buitre.
Los jueces dieron por probado que todas estas contrataciones del Estado tuvieron como real objetivo la promoción de la precandidatura presidencial del exmandatario.
