El diamantino, asesor del Concejo Deliberantes de la ciudad de Santa Fe, Ángel Yamil Benavídez, quedó al borde del juicio oral por manejar una «cueva financiera» en el exclusivo complejo Amarras Center, en la zona del puerto de capital santafesina. Junto a él, estarán en el banquillo de los acusados su pareja, la contadora María Laura Miassi, quien trabajaba para el gobierno santafesino al momento de ser desarticulada la «cueva».
El fiscal federal cotitular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez, y los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, pidieron la elevación a juicio para cinco personas que, con distintos roles, están acusadas de administrar una “cueva” financiera que hasta septiembre de 2023 funcionó en el Complejo Amarras Center, en la zona del puerto de la capital provincial.
Más de 45 millones de pesos, unos 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares, y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos mayormente vulnerables, cuyas cuentas se utilizaban para la compra y venta de dólares, fueron incautados en el allanamiento al departamento que habitaba el principal acusado y dio origen a la investigación.
Al dar por concluida la investigación, los fiscales presentaron esta semana la requisitoria de elevación a juicio ante Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Santa Fe.
El principal imputado -detenido con prisión preventiva- es Ángel Yamil Benavídez, a quien lo acusan como autor de los delitos de intermediación financiera no autorizada; defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa, en concurso ideal con el delito de falsificación de tarjeta de débito en 39 hechos que concurren realmente entre sí; lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, todos ellos en concurso real.
En el caso de la contadora María Laura Miassi, piden que sea juzgada por intermediación financiera no autorizada en calidad de autora; lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y por haberlo cometido en ejercicio de una profesión; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, en calidad de partícipe necesaria y en concurso real.
La imputación para Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo es por el delito de intermediación financiera no autorizada, en calidad de autores. Y el hecho endilgado a Carlos Raúl Quartucci se tipifica en la figura de lavado de activos de origen ilícito, en su modalidad atenuada, y en calidad de autor.
A todos les atribuyeron distintos roles en torno a “actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicados a operaciones de lavado de activos”, que desarrollaron principalmente “desde septiembre de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2023”.
El día señalado como el fin de la actividad de la “cueva” financiera, la policía de Santa Fe realizó un allanamiento en un departamento situado sobre calle Sara Pinasco de Julierac N°1760, del Complejo Amarras Center, Torre 2, piso 12 “c”, en un exclusivo condominio de la ciudad de Santa Fe. En ese lugar fue detenido Benavídez quien, según las constancias, supo trabajar como empleado de la municipalidad de la capital santafesina, y como asesor del Concejo Deliberante.
La intervención de la fuerza de seguridad se concretó por otro motivo: el inquilino había sido denunciado en el Ministerio Publico de la Acusación de la provincia por retención de bienes. Sin embargo, a partir del hallazgo de gran cantidad de “elementos compatibles con la existencia de delitos contra el orden económico y financiero”, se dio intervención al fiscal federal Rodríguez.
Divisas, DNI y 39 tarjetas de débito
En el operativo intervino personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santa Fe” de la Gendarmería Nacional (GNA). En el lugar se incautaron 28.451.600 pesos, 22.035 euros, 23.000 reales y 83.172 dólares, algunos de los cuales contaban con sellos de retiro de entidades bancarias; una máquina de contar billetes, bandas elásticas y bolsas utilizados para el traslado de valores.
Además, se hallaron 39 tarjetas de débito otorgadas por el Banco Santander a nombre de diferentes personas, una carpeta con fotocopias de 39 documentos nacionales de identidad, y chips de telefonía fichados con los mismos números que tenían las copias de los DNI.
Al mismo tiempo se obtuvo documentación de interés, entre la cual sobresalían comprobantes de depósitos en cuenta y transferencias bancarias, tres teléfonos celulares y un equipo informático. Al proceder al allanamiento de la cochera correspondiente al inmueble con el objeto de registrar una camioneta marca Volkswagen Taos perteneciente a Benavídez, en su interior se secuestraron otros 16.800.000 pesos.
Múltiples pruebas
En la causa se acumularon múltiples pruebas documentales, informativas, periciales, testimoniales y materiales para dar cuenta de la operatoria ilícita. De hecho, un equipo contable del MPF realizó un exhaustivo análisis y entrecruzamiento de datos para corroborar las maniobras.
En ese sentido, se examinaron informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto de mercadería secuestrada en un local comercial (“Club Phone”) ubicado en calle Salta 2640 que se utilizaba para captar clientes para créditos; informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de entidades bancarias, financieras y bursátiles sobre cuentas y productos; y los relacionados a criptoactivos, de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de la Caja de Valores S.A.
Por otra parte, se hizo un relevamiento y búsqueda de las direcciones IP (Protocolo de Internet, que identifica a un dispositivo) usadas para la emisión de facturas electrónicas de Benavídez, consulta a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de Operadores de Cambio Autorizados del Banco Central de la República Argentina, y un listado sobre los titulares y sucursales del Banco Santander correspondientes a las tarjetas secuestradas.
Atribución
“Nos encontramos en condiciones de sostener que se efectuaron las diligencias investigativas necesarias para tener por acreditado los extremos fácticos que posibilitan reconstruir históricamente la existencia de una estructura dedicada a la realización de actividades de intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, al margen del control estatal portátil”, recalcaron los fiscal Rodríguez y los coadyuvantes Orzuza Kock y Traverso en el requerimiento de elevación a juicio.
Al valorar las circunstancias y naturaleza del hecho, destacaron que “este tipo de delitos encuentran su ámbito propicio en economías regionales caracterizadas por presentar un caudal significativo de actividades marginales, que constituyen un peligro potencial para la integridad física y espiritual del cuerpo social, como consecuencia del accionar de las bancas de hecho que operan sin autorización ni resguardo estatal”
Personas vulnerables
La estructura delictiva, de acuerdo a la investigación, accedió a dólares estadounidenses frente a las restricciones establecidas para operar en el mercado cambiario, “valiéndose de la utilización de cuentas bancarias cuya apertura gestionaron a nombre de terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, a quienes aportaron sus datos personales como víctimas de un ardid defraudatorio”, recalcó la fiscalía.
De acuerdo a los elementos colectados por el MPF, estas cuentas fueron utilizadas para “bancarizar ventas de divisas marginales, como así también tener acceso material a dólares en efectivo a través de la adquisición del dólar MEP, además de canalizar pagos de terceros y efectuar consumos personales, al margen de cualquier control estatal”.
A efectos ilustrativos se señala que las transferencias recibidas (3.653 con personas físicas y jurídicas) fueron por un monto de 305.148.945,98 pesos; mientas que las enviadas (340 con personas físicas y jurídicas) generaron una salida por un total de 84.273.641,78 pesos.
“Bancas de hecho”
Para los investigadores, resultó reveladora una conversación celebrada el día 5 de marzo de 2021 entre Benavídez y la contadora Miassi, en la que compartieron fotografías donde se observa una considerable cantidad de dinero en efectivo en una oficina a la que describen como “cueva”, “la rosadita”, “la morenita” y “la turquita”, en alusión a episodios de repercusión pública relacionados al funcionamiento de “bancas de hecho”, según describió la fiscalía.
Según el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, “constituye prueba de la efectiva captación de recursos del público inversor la modalidad clandestina que se evidenció en torno a la tenencia del dinero secuestrado durante el allanamiento y la requisa en el Complejo Amarras Center, así como las imágenes recuperadas a partir de datos extraídos de los teléfonos incautados”.
El fiscal Rodríguez y sus colaboradores determinaron que, de las conversaciones citadas en el expediente, se aprecia que terceros se comunicaron con Benavídez, a efectos de consultar el precio para vender y comprar divisas, ante lo cual el imputado respondió proporcionando la cotización y la dirección de la oficina, e indicaba que debía preguntar por “Consultora La Resistencia”. Por su parte, según la acusación, también Miassi intervino directamente en la comercialización de divisas conforme surge de los mensajes recuperados.
En esa línea se resalta que la conducta de la contadora fue fundamental en las maniobras porque “aportó sus conocimientos técnicos en materia contable y específicamente se dedicó a revisar periódicamente la ecuación económico-financiera del negocio ilícito utilizando como método: la registración de cada operación, el control del stock de billetes y el cálculo final de las ganancias obtenidas”.
“Estas operaciones se concretaban tanto de forma presencial, como así también a través de transferencias bancarias. En cuanto a las primeras, la evidencia nos indica que fueron pactadas mediante comunicaciones desarrolladas por la aplicación ‘WhatsApp’, y luego ejecutadas en uno de los tres inmuebles que disponían los encartados”, explicaron los fiscales.
Otro elemento ilustrativo es que las actividades ilícitas les reportaron significativas ganancias que, también, fueron aplicadas para la adquisición de bienes registrables, todo ello con la finalidad de otorgarles apariencia de licitud.
Esa situación se contrapone con la inexistencia de ingresos lícitos provenientes de otras fuentes suficientes para la adquisición de los bienes identificados en poder de Benavídez, Miassi y la Sociedad de Servicios La Resistencia, integrada por el primero de los nombrados y Quartucci. A eso se suma la emisión de facturación apócrifa en cabeza de Benavídez por parte de la contadora.
Viajes, consumos, Qatar 2022
Según el requerimiento, se acreditó que Benavídez registró 3.771.231 pesos en concepto de consumo de tarjetas de crédito en 2022, a lo que debe sumarse la frecuencia de sus viajes al exterior, conforme los movimientos migratorios en dirección a distintos destinos, como Holanda, España, Perú, Brasil e Italia. Se corroboró que entre junio de 2022 y junio de 2023 registró múltiples entradas y salidas de diversos países, “lo cual indica un patrón claro de liquidez disponible para financiar este nivel de consumos”, reforzó la fiscalía.
Entre ellos, se destaca el viaje realizado a España, donde permaneció más de 30 días, y su asistencia al mundial de fútbol realizado en Qatar a fines de 2022. Más aún, en las cuentas obtenidas bajo nombres de las personas víctimas de defraudación, pero administradas por Benavídez, impactaron compras efectuadas en el exterior.
“Se encuentra acreditado que Ángel Yamil Benavídez puso en circulación, de manera habitual dinero ilícito con la finalidad que adquiera aparecía de licitud mediante su conversión los bienes registrables individualizados, los cuales no encuentran justificación en sus ingresos declarados”, señala el requerimiento fiscal.
