El abogado de Paraná, Emmanuel Berta Schoder, presentó una forma denuncia contra el Ministro Secretario de Salud de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Grieve, por el presunto delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La denuncia tiene dos aristas: haber designado a más de 30 personas bajo el formato de suplencias extraordinarias, que serían amigos y allegados, como “el escandaloso caso de Luis Milano, personal trainer de la mujer de Grieve”; y haber incurrido en “numerosas irregularidades y posibles sobreprecios en el Hospital Francisco Ramírez de la ciudad de Feliciano avaladas por el Ministro de Salud, por lo que interesa su investigación”.
En noviembre, Berta Schroder presentó una denuncia penal contra “el actual Presidente de Compañía Entrerriana de Gas SA (Cegsa) por el mismo delito, Agustín Siboldi, que fue archivada por el fiscal, Gonzalo Badano, diez días después de su presentación.
Berta Schroder fundó su denuncia en dos noticias que se publicaron en sendos medios de Paraná. De acuerdo a la primera publicación, el denunciante pide que se investigue si “el Ministro de Salud Carlos Guillermo Grieve designó a más de 30 personas bajo el formato de suplencias extraordinarias que serían amigos y allegados, como el escandaloso caso de Luis Milano, entrenador personal. de la mujer de Grieve”. En relación a este supuesto hecho, el denunciante solicitó que “se cite al Secretario General de ATE Oscar Muntes a las multas de que declare sobre lo que sabe de los más de 30 ingresos”.
La segunda publicación que motivo al abogado a presentar una denuncia penal consistiría en que “habría numerosas irregularidades y posibles sobreprecios en el Hospital Francisco Ramírez de la ciudad de Feliciano avaladas por el Ministro de Salud, por lo que interesa su investigación”.
El denunciante sostuvo que aquella conducta “es característica del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la confusión de intereses públicos y privados en el examen de las conductas de los funcionarios”.
Añadió que la figura legal ordena que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su carga”.
Fuente: APFDigital
