La Fiscalía Federal pidió condenar a cinco años de prisión a una pareja de Villa del Rosario por haber gestionado y financiado la llegada de dos niñas de República Dominicana a su casa, en forma ilegal. Querían ser madre y padre y sortearon las vías legales de adopción: viajaron a Centroamérica, contactaron a una persona que los vinculó al padre de las dos hermanas de 9 y 11 años, regresaron al país, enviaron dinero para los pasajes y las cruzaron en un bote desde Paraguay hacia Misiones. Buscaron atajos en los sótanos institucionales para legalizar la situación de las niñas migrantes. Hasta que el Copnaf intervino en el caso y los denunció.
El fin de la pareja era adoptar y criar a las dos hermanas, pero el delito por el cual fueron juzgados y recibieron el pedido de condena es “facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros” (las dos hermanas y su padre), doblemente agravada por abuso de la necesidad de tres personas migrantes y por la minoría de edad de dos de las víctimas.
Este es el expediente que se originó con aquella denuncia, que sigue tramitando en el Juzgado Federal de Concordia, donde se encuentra tramitando la denuncia de un abogado de Paraná contra la diputada provincial de la UCR, Gabriela Lena, quien como escribana certificó un poder del padre de las niñas en favor de la pareja con amplias facultades para conducir la vida de las menores.
Juicio y pedido de condena
El juicio se desarrolló en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Noemí Berros, donde declararon numerosos testigos que fueron interviniendo a lo largo de la investigación, como profesionales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Programa Nacional de Acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de Trata, quienes entrevistaron a las niñas y otras personas y permitieron reconstruir cómo fueron sucediendo los hechos. También declararon conocidos y allegados de la pareja quienes aportaron datos para sostener su inocencia.
En los alegatos, el fiscal auxiliar Dardo Barreto relató cómo fue un contacto inicial de la pareja con una persona en República Dominicana, quien los puso en contacto con el padre de las niñas. Conocieron a la familia en un resort de Punta Cana e iniciaron gestiones para traerlas a la Argentina.
Barreto destacó que la pareja intentó primero vías legales mediante cartas de invitación, las cuales fueron rechazadas en dos oportunidades por la falta de solvencia económica del progenitor. Ante esta negativa, se planificó un ingreso ilegal: las niñas y su padre viajaron desde República Dominicana hacia Colombia, luego a Paraguay y, finalmente, realizaron el cruce ilegal a la Argentina cruzando el río Paraná en bote. Una vez en Villa del Rosario, la pareja alquiló una casa para el padre a cuatro cuadras de su propio domicilio, aunque las niñas vivían ellos.
El Ministerio Público Fiscal basó su acusación en registros migratorios y pericias telefónicas. Se constató que la pareja cruzó varias veces a Paraguay entre el 28 y el 30 de abril de 2022 para coordinar el ingreso. El fiscal citó mensajes de WhatsApp comprometedores, como uno donde la mujer mencionaba estar “esperando al pasador”, y otro donde se consultaba qué decir si los detenía Gendarmería, sugiriendo la coartada de que estaban “de paseo”.
Asimismo, se expusieron gestiones irregulares para documentar a las niñas. El fiscal leyó mensajes donde la mujer planeaba hacer el trámite en la Municipalidad de Mocoretá (Corrientes), donde iba a mencionar que las niñas “eran de Chaco” o que eran “NN”, ocultando su nacionalidad extranjera.
El fiscal Barreto cuestionó el supuesto altruismo de la pareja, quienes habían manifestado en República Dominicana que los trámites legales de adopción le resultaban “muy engorrosos”. Pruebas en el celular de la mujer mostraron conversaciones con un tercero, quien donde este mencionaba haber encontrado a una mujer embarazada dispuesta a dar a su hijo en adopción. Ese hombre era llamado por las niñas como “maestro Landy”. Se trataba de un docente de la escuela, quien al parecer se dedicaba a esta actividad de ofrecer niños y niñas a turistas.
El fiscal reprodujo en la audiencia los audios que la madre de las niñas le envió a la mujer de Entre Ríos, donde le manifestaba que se había llevado a sus hijas sin su consentimiento y que lo iba a denunciar por secuestro.
Barreto enfatizó que la permanencia ilegal se extendió por meses y que las niñas vivían en un domicilio distinto al declarado para el padre. Si bien el fiscal manifestó empatizar con el “sentimiento de maternar” de los acusados, subrayó que esto no justifica ignorar las leyes de adopción y los registros de adoptantes que muchas familias respetan enfrentando el proceso burocrático.
Los abogados defensores, Pablo Moyano Ilundain y Brenda Víttori, solicitaron al Tribunal la absolución de los acusados. Sostuvieron que la conducta de la pareja no se encuadró en el delito imputado por Fiscalía y que no se demostró que tuvieran un beneficio directo o indirecto. Y plantearon que su único fin era satisfacer las necesidades materiales, afectivas y morales de las niñas, brindándoles un centro de vida armónico y cuidadoso. En contraste, describieron las condiciones de extrema vulnerabilidad (salud, escolaridad e higiene) en la que se encontraban en República Dominicana.
En el juicio también estuvo presente la defensora pública oficial Gisela Cancellieri, en representación del Ministerio Pupilar, a los fines de informar luego sobre el trámite de la causa judicial a Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) de República Dominicana, ya que en aquel país se está investigando la salida de las niñas sin el consentimiento de la madre, con el fin de la adopción ilegal.
Informes, Cámara Gesell y entrevistas
La causa judicial comenzó el 15 de enero de 2024, por la denuncia de los directores de Protección Integral de Adolescentes del Copnaf ante la Fiscalía Federal de Concordia. Antes, en el marco de una causa tramitada en el Juzgado de Familia de Chajarí, el defensor auxiliar interino del Departamento de Federación puso en conocimiento del organismo sobre las dos menores de edad de nacionalidad dominicana, quienes habrían ingresado de manera irregular al país con su padre, quien había sido expulsado del territorio nacional el 19 de diciembre de 2023; y que estarían con una pareja de Villa del Rosario.
Los denunciantes mencionaron que las niñas habrían quedado en Argentina con la pareja, que contaba con un poder especial para efectuar todos los trámites concernientes para que las menores obtengan la ciudadanía argentina, como así también, para todos los actos necesarios de la vida de las hermanas.
El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía Federal de Concordia. Por decisión de las autoridades del Copnaf y resolución del Juzgado de Familia de Chajarí, las niñas ya se encontraban provisoriamente alojadas en la Residencia San José de la localidad de Feliciano, y le prohibió a la pareja mantener cualquier contacto con ellas.
La Dirección Nacional de Migraciones remitió tres expedientes donde se observa que, en mayo de 2023, declaró irregular la permanencia en el territorio de la República Argentina del padre de las menores, prohibiendo el reingreso al país por cinco años; y que sus dos hijas menores de edad, permanecían en el país, habiendo sido designada como tutora (ante ese organismo) la mujer acusada.
El 5 de febrero de 2024 se llevó adelante el allanamiento a la casa de la pareja y les secuestraron los celulares.
Según el informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en la entrevista una de las niñas contó que “una vez estando en la escuela, un maestro que se llamaba Landy le dijo a su padre que había una mujer que quería conocerlas a ella y a su hermana. Explicó que por este motivo ella y su hermana comenzaron a tener conversaciones con (la mujer de Villa del Rosario) a través del celular de su padre por medio de videollamada, que mantuvieron una relación de amistad de forma virtual durante un tiempo. Refirió que antes de que comience la pandemia conoció personalmente (a la pareja) en un hotel ‘muy lindo’. Manifestó que los invitaron a pasar unos días en el hotel ubicado en la ciudad de Bávaro junto a su hermana, su padre, su tía y la hija. Refirió que estando en el hotel la mujer les ofreció que si querían podrían irse a vivir a la Argentina con ella. Les dijo que quería adoptar a dos mujeres de piel morena y poder ayudarlas”.
También mencionó que “viajaron con su hermana y su padre a la Argentina, pero tuvieron que ir primero en avión desde República Dominicana hasta Colombia y desde Colombia a la República de Paraguay. Al llegar a este país la pareja los estaban esperando en Paraguay. Explicó que ella, su hermana y su padre cruzaron en bote a la República Argentina, ya que no tenían los papeles para pasar”.
En agosto de 2024, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a la pareja por “haber facilitado la permanencia ilegal (de las niñas y el padre) en el territorio nacional, con la finalidad de adoptar ilegalmente a las dos menores oriundas de la República Dominicana, evitando así cumplir con la normativa vigente que regula la materia (…) Concretamente (…) entre los años 2019 y 2023, (aprovechando de la especial situación de vulnerabilidad socio económica en la que se encontraban inmersas las personas) colaboraron con la gestión de los documentos de viaje (pasaportes) de los migrantes, enviando dinero a su país de origen a tales fines; y asistieron a los nombrados en el curse migratorio ilegal –presuntamente desde la República del Paraguay hacia el territorio nacional en el año 2022, por un paso fluvial no habilitado; trasladándoles luego – a bordo de su vehículo y una vez efectuado el cruce – desde la frontera hacia la ciudad de Villa del Rosario… para finalmente acoger en su domicilio particular a las dos menores”.
La situación de Lena
La diputada Lena fue denunciada por el abogado paranaense Agustín Artibano Planiscg, a partir de la publicación periodística en el sitio Diario Junio, por las escrituras en las cuales se gestionó el poder especial del padre de las niñas a favor de la pareja de Villa del Rosario, para que asuman la responsabilidad parental y también para que puedan trasladarse por el país y el exterior, lo cual sostiene que es un acto ilegal.
La fiscal federal Josefina Minatta delegó la investigación al fiscal federal de Concordia, Francisco Bernhardt. Según supo ANÁLISIS, la investigación de esta denuncia, que es un desprendimiento de aquel expediente principal por el cual es juzgada la pareja, se tramitaron varias medidas, se allanó el estudio de Lena donde se secuestraron los libros de protocolo, no solo respecto de las dos escrituras señaladas sino todo el libro de protocolos de la escribanía.
La diputada y escribana Lena sostiene su inocencia y se ha presentado en el Juzgado Federal con sus abogados para ponerse a disposición de la Justicia. Todavía restan medidas por realizarse y e informes por recibir, como uno que se solicitó al Colegio de Escribanos de Entre Ríos la semana, y pedidos de información a distintos organismos, como por ejemplo la DNM, para saber si esos poderes fueron presentados en algún momento. Todavía la Fiscalía no está en condiciones de sostener si Lena cometió o no un delito.
Fuente: Análisis Digital / El Séptimo Día (Radio Plaza)
