La escalada inflacionaria ocurrida en marzo, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 3,7% respecto a febrero, no solo encendió las alarmas en el Gobierno, sino que también agitó a los gremios de distintas ramas, incluyendo a docentes y estatales, quienes reclaman aumentos y reaperturas de paritarias, tensando la relación con las provincias.
Esta semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) dio la nota a nivel nacional, al cerrar un acuerdo que contempla una suba del 5,4% en tres tramos para los meses de abril, mayo y junio, llevando al salario básico a la suma de $1.123.000. El mismo establece un aumento salarial del 5,4% acumulativo, distribuido en tres tramos mensuales: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio.
En paralelo, en diversos distritos las agremiaciones apuran nuevos entendimientos con las administraciones locales para morigerar el sablazo inflacionario sobre el poder adquisitivo de los sueldos. La suba del IPC pone en jaque el deseo de los gobernadores de cerrar acuerdos largos y mantener la paz social, un activo en pleno año electoral. Para abril, las consultoras estiman una inflación cercana al 3%.
Rechazo de docentes y estatales a la oferta bonaerense
Como es habitual, uno de los epicentros de la pulseada es la provincia de Buenos Aires. Esta semana representantes de los docentes y de los trabajadores estatales mantuvieron encuentros con la gestión de Axel Kicillof que no llegaron a buen puerto. A ambos sectores se les ofertó lo mismo: un aumento del 7% dividido en dos tramos (4% en mayo y 3% en julio).
Este martes, el gobierno provincial recibió al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, en el marco de la Comisión Paritaria Salarial Docente. Tras el encuentro, el FUDB aclaró que la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo Provincial «no fue recepcionada», ya que la consideraron «insuficiente para hacer frente a la compleja situación económica que atraviesa el sector, impactado fuertemente por la política económica nacional».
Por el contrario, los gremios plantearon la «necesidad de una mejora sustancial en la propuesta salarial». De esta manera, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria por parte de la gestión Kicillof.
Similar situación se dio con los trabajadores del Estado. Finalizada la jornada, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense calificó como «insuficiente» la propuesta oficial, refiriendo a la «angustiante situación económica que viven los bonaerenses, producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional y, por ende, el impacto que sufren sobre sus salarios».
En ese sentido, su secretario general, Claudio Arévalo, reclamó «una propuesta que supere el aumento de los precios y para ello es necesario un mayor esfuerzo desde el gobierno provincial». «Solicitamos que la negociación colectiva pase a un cuarto intermedio con el objetivo de continuar de forma urgente con el diálogo en pos recomponer los ingresos de las y los trabajadores provinciales», comentó. Mismo camino tomó la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), que rechazó la propuesta.
Ahora, los gremios quedaron a la espera de una nueva convocatoria con el objetivo de acercar posiciones. En marzo pasado, los dos rubros habían acordado un incremento salarial del 9%, dividido en dos tramos: 7% en febrero y 2% en marzo.
Tenso regreso a las paritarias en Santa Fe
Santa Fe es otra de las provincias donde se tensa la negociación entre la gestión local y los gremios. Allí, el gobierno de Maximiliano Pullaro mantuvo este lunes encuentros con representantes de los docentes y de los estatales que no incluyeron una oferta salarial concreta. Por este motivo, las partes volverán a reunirse el próximo 7 de mayo.
Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), expresaron su «profunda preocupación ante la falta de respuestas concretas del Gobierno Provincial», al tiempo que denunciaron al Ejecutivo por «seguir dilatando discusiones salariales». “Nos vamos sumamente preocupados de esta paritaria. El gobierno no tiene voluntad de resolver la crisis salarial ni de respetar los derechos laborales y previsionales de los docentes. Solo busca dilatar los tiempos para consolidar políticas de ajuste”, advirtió el secretario general Rodrigo Alonso en conferencia de prensa.
Entre las exigencias, AMSAFE reclamó «el 4,5% de aumento que se perdió en marzo, tanto para activos como para jubilados, el 23% de pérdida sufrida en 2024 y la deuda del 23,4% correspondiente a enero de 2023». Pidieron, además, derogar el plus por presentismo y la reforma previsional impulsada por el gobierno, «que no solo aumenta los aportes de los trabajadores activos, sino que también demora los aumentos salariales para los jubilados y aplica un descuento bajo el concepto de ‘aporte solidario'».
Al respecto, el ministro de Educación santafesino, José Goity, comentó que se trató de una reunión preparatoria y anticipó que presentarán una oferta la semana próxima. Respecto a los chispazos por la presencialidad, respondió: «Estamos muy conformes con esta política porque vemos que hay un altísimo nivel de aceptación por parte de los docentes y que está teniendo efectos muy positivos en el sistema educativo, no solamente ha bajado la rotación de los docentes en el aula, sino que también ha valorizado conductas”.
Lo propio ocurrió con ATE y UPCN, gremios de la administración pública, que también fueron convocados a una nueva reunión el 7 de mayo.
Reclamos en Mendoza y Córdoba
En la víspera del Día del Trabajador, ATE Mendoza le reclamó al gobierno de Alfredo Cornejo la reapertura de las paritarias. La semana pasada la gestión mendocina selló una nueva suba salarial con los trabajadores judiciales. «Ya son 18 los sectores que acordaron», sacaron pecho en tierras cuyanas.
Además de reivindicaciones salariales, el gremio planteó que «es lamentable la cantidad de trabajadores que el Poder Ejecutivo mantiene en condiciones laborales precarias, mediante contratos y otras modalidades», exigiendo su pase a planta permanente.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), en tanto, mantuvo este martes un reunión con el gobierno mendocino, en la que se abordaron las preocupaciones sobre los ítems Arraigo y Jerárquico. Además, SUTE exigió que se adelante de forma urgente la paritaria salarial prevista para junio. «Las variaciones del contexto económico así lo demandan. Es fundamental dar una respuesta a los celadores y celadoras de Mendoza y a todos los trabajadores de la Educación», indicaron.
Por su parte, el cordobés Martín Llaryora logró sellar un acuerdo a mediados de marzo con la poderosa Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que el año pasado protagonizó un largo conflicto salarial. No obstante, tiene frentes abiertos con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión Personal Superior (UPS).
Más allá de la suba del 3,7% que exhibió el IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las mediciones propias de la provincia dieron cuenta de que inflación se incrementó un 2,8% en el distrito. Si bien fue menor a la cifra nacional, en febrero los precios mostraron un alza del 3,7% en tierras cordobesas, contra el 2,4% que marcó el INDEC.
