En vísperas de tratar en el recinto del Congreso de la Nación, el acuerdo de pago de deuda pública Argentina con el Fondo Monetario Internacional, se detalla el origen del préstamo, las implicancias de pasar de un contrato “Stand – By” a otro de “Facilidades Extendidas”, los compromisos asumidos por esta gestión y las disputas políticas.
En el año 2018, acorralado por la pérdida de confianza internacional y caída de los mercados financieros, sumado a la ausencia de préstamos del sector privado, con un economía en recesión, con una inflación de crecimiento exponencial, pérdida del poder adquisitivo del asalariado, aumentos insondables de tarifas públicas, deslegitimidad de la Gestión, el Gobierno de Mauricio Macri, acuerda un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta entonces Argentina no tenía compromisos con dicho organismo desde el año 2005. Un pacto mas que acuerdo, una oxigenación política más que un beneficio para el pueblo Argentino. Desde una perspectiva histórica, fue el endeudamiento más importante desde la constitución de nuestro país, pero a su vez, fue el otorgamiento más ligero y voluminoso desde el nacimiento del Fondo Monetario Internacional. Un trato sin precedentes y una aprobación política más que técnica. En valores absolutos, el acuerdo tenía previsto desembolsos por 57.000 millones de dólares, a lo cual, solo se alcanzó a tomar por 44.500 millones de dólares. Como contrapartida, el Gobierno Argentino se comprometió a acelerar el ajuste fiscal, reducir el índice de inflación, profundizar el ajuste en la tarifas de servicios públicos, reducir las retenciones a las exportaciones. También, como deudor se obligó a pagar u$s19.000 millones en el año 2022, u$s 20.000 millones en el año 2023 y el resto en el año 2024.
Este acuerdo con el FMI, bajo el tipo de préstamo llamado “Stand – By”, no solo que era imposible de pagar, sino que además, sumamente perjudicial para la sociedad Argentina. Principalmente, se utilizó para saciar la fuga de capitales producto de la eliminación del cepo cambiario. Desde una mirada técnica, la imposibilidad de pagar se fundamenta, en que nuestra balanza comercial (no de pagos), generó en el año 2021, u$s 14.750 Millones – récords en los últimos 10 años- (ver informe de CEDMA “Encrucijada: FMI, Dólar e Inflación”). Es evidente que no alcanza con nuestra producción y exportación para pagar préstamos por valores superiores a dicho monto. Pero el escenario en ese entonces era aún peor, la balanza comercial del año 2018, era deficitaria por u$s 3.700 millones. Es decir, que importábamos más de lo que exportábamos y a su vez, no generábamos divisas genuinas. Por si fuera poco, la otra cara de la misma moneda, se enfoca en la balanza de cuenta capital, que también era deficitaria, no había entrada de capitales. En rigor, en el momento del acuerdo con el FMI y plan de pagos, tanto el Organismo como el Gobierno estaban en conocimiento de la incapacidad e inviabilidad de cumplir con el compromiso de pago.
En el día de la fecha, la controversia política aparece por el nuevo acuerdo con el FMI, en reemplazo del constituido por el Gobierno de Macri. Este contrato, que propone el Gobierno de Fernandez, se caracteriza por ser de “Facilidades Extendidas”, con un horizonte de pago a 10 años, con 4 años de gracia (sin desembolso de capital). La supresión del acuerdo, es la cesación de pagos, con consecuencias impredecibles (pero además, tarde o temprano se deberá pagar al FMI). Va de suyo que, una disparada de los índices de inflación y el tipo de cambio, es el efecto más inmediato. Ambas escenarios insoportables para nuestra sociedad. Actualmente nuestra economía registra aumentos de precios intolerables para el consumo masivo, recrudeciendo la pobreza e indigencia (40% de pobreza promedia y 50% de pobreza en los niños). Por consiguiente, agravar esta situación resulta irrazonable. El acuerdo de Facilidades Extendidas, también exige una serie de compromisos por parte del Estado Nacional, una reducción del déficit fiscal y ajuste monetario. En lo que respecta a las cuentas públicas, el déficit fiscal no puede superar el 2,5% respecto del PIB para el año corriente; del 1,9% en el año 2023 y 0,9% en el año 2024. Sin dudas, son metas alcanzables y razonables en una economía donde todos los engranajes se encuentran vulnerables. Los cuestionamientos se basan en los condicionantes, y no, en la insensatez de las consecuencias ulteriores a la falta de acuerdo con el FMI.
Fuente:
- INDEC
- BCRA
- MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN
