En el marco de la compleja «Causa Contratos», que investiga la supuesta sustracción de sumas millonarias de las arcas públicas en ambas cámaras legislativas de Entre Ríos entre 2008 y 2018, el abogado Gustavo Acosta, en representación de la Fiscalía de Estado, brindó detalles sobre su rol y las expectativas del proceso judicial.
Acosta enfatizó que la función principal de la Fiscalía de Estado no es la búsqueda de una condena penal, sino el recupero del perjuicio económico sufrido por el Estado Provincial.
Acosta explicó en diálogo con Simplemente Inocente que la Fiscalía de Estado actúa como «actor civil» en este proceso. A diferencia del Ministerio Público Fiscal, que busca la acusación penal y la condena de los imputados, el objetivo de la Fiscalía de Estado es obtener una «condena de contenido económico» para resarcir el daño causado al Estado.
«Nuestro rol fundamental en esta causa es la búsqueda del recupero del perjuicio económico que sufriera el Estado Provincial en función de estos hechos ilícitos», afirmó Acosta. Este enfoque implica la interposición de una demanda civil, en la cual se especifican el monto del perjuicio, quiénes son los demandados y las pruebas que sustentan la pretensión económica. Las defensas han contestado esta demanda, y la Fiscalía de Estado ha tenido la oportunidad de responder a esas contestaciones.
Un punto crucial es que el Estado no recibió el objeto del contrato, es decir, la prestación o servicio que la contraparte debería haber realizado. «No hubo del dinero que salió del Estado una contraprestación por parte de quienes fueron los eventualmente contratistas», subrayó Acosta.
Respecto al estado procesal, Acosta indicó que la causa está «muy cerca» de la etapa de juicio oral y público. La investigación penal preparatoria ya está cerrada por parte del Ministerio Público Fiscal, y la jueza (Marina Barbagelata) ya dispuso la elevación de la causa a juicio, aunque esta decisión está siendo cuestionada por la defensa. Actualmente, se están tratando los acuerdos probatorios, lo que sería el último punto antes del inicio del juicio oral.
En cuanto a la recuperación del dinero, el abogado explicó que el monto inicial de la demanda civil se basa en pericias contables realizadas durante la investigación penal preparatoria por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el monto definitivo y el porcentaje que le corresponderá pagar a cada persona eventualmente condenada se estipularán durante la última etapa del proceso, el juicio oral y público.
Un aspecto fundamental es el destino de los fondos recuperados. Acosta fue categórico al afirmar que el dinero «vuelve al Estado provincial», específicamente a la persona jurídica que fue perjudicada económicamente. Por una cuestión lógica, «debería beneficiar a la Legislatura o al presupuesto de la Legislatura», ya que fue el órgano del Estado perjudicado en este caso, y no iría al Poder Judicial.
Acosta también destacó la «gran complejidad» de este tipo de delitos contra la administración pública. Señaló que implican un cruce entre el derecho administrativo y el derecho penal, y que las cuestiones de naturaleza administrativa son particularmente difíciles de sustanciar en el marco de un proceso penal.
Finalmente, en el contexto de la remisión a juicio, se ha planteado un reproche específico y una imputación penal hacia los integrantes del Tribunal de Cuentas, quienes tenían la responsabilidad de control de este tipo de contrataciones. Esto forma parte de la discusión en el requerimiento de elevación a juicio.
