Por Néstor Belini (*)
La audiencia que se realizó el jueves 31 de octubre en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se revierta el fallo que dispuso que el ex gobernador, Sergio Urribarri, y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, continúen excarcelados mientras no está firme la sentencia que los condenó por cinco hechos de corrupción contra la Administración Pública, dejó, más allá de la resolución que adoptará la Cámara de Casación, elementos para entender ciertas dinámicas político-judiciales y los intereses que animan a algunos operadores del sistema de Justicia que tomaron posiciones claras en una convulsionada y compleja coyuntura judicial.
La audiencia que se realizó el jueves 31 de octubre ante la Cámara de Casación de Paraná, integrada por las vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) reiteró su pedido para que el ex gobernador Sergio Urribarri y el operador político y cuñado de aquel, Juan Pablo Aguilera, cumplan con la prisión preventiva mientras la condena que se les impuso en la denominada Causa Compleja o Mega Causa, en la que se dirimieron cinco hechos de corrupción contra las arcas del Estado, dejó pistas, elementos, que permiten entender ciertas dinámicas político-judiciales y la toma de posición de algunos operadores del Derecho.
El proceso de aquella causa fue complejo no solo porque se resolvió dirimir cinco hechos graves en un solo juicio, sino que lo fue por la naturaleza de los hechos investigados y de los imputados y por las sucesivas instancias previstas en el Código Procesal que analizadas desde el punto de vista de los acusadores consistían en maniobras dilatorias, mientras que desde las defensas se sostenía que era parte de llevar adelante el principio constitucional de defensa. Aquellos puntos de vista fueron expuestos, sostenidos y cuestionados en todas las audiencias que determinaron un proceso histórico en la provincia. Una de las tantas preguntas que permite la distancia con el proceso previo, el juicio, la condena y las instancia en desarrollo –recientemente, en un fallo por mayoría de la Sala Penal, se habilitó la vía a la Corte Suprema-, es si “salimos mejores” o si se perdió una oportunidad de consolidar los vínculos entre una sociedad hastiada y el poder político y el judicial que dan muestras diarias de estar alejados de “la realidad”.
La audiencia se desarrollaba con el tenso respeto que se pudo construir tras intentar dejar de lado manifestaciones de ambas partes –Fiscalía y Defensas-, que en algunos momentos pareció que se trasladaban al ámbito personal. Así, tras alegatos duros pero estrictamente técnicos de los fiscales, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, tomó la palabra el fiscal Juan Ramírez Montrull y si bien comenzó su exposición en el mismo tono que sus colegas, en un momento decidió transitar por un carril que se pensaba superado.
Ramírez Montrull manifestó, en algunos tramos hasta pareció afectado, su opinión de que los condenados no quieren cumplir la condena, que hacen todo para eludir el accionar de la Justicia, que aún tienen poder que utilizarían para concretar aquel fin. En este sentido expresó que “cada vez que le dieron la palabra a Urribarri negó el proceso y declaración de culpabilidad. Logró con un vigente poder que se traduce como riesgo concreto de fuga, poner a autoridades judiciales que intervinieron en su condena, como supuestos delincuentes. ¿Qué muestra esa conducta de Urribarri? Es una conducta excepcional. No es habitual el proceso que estamos llevando a cabo. No es habitual estar hasta cinco minutos antes de las audiencias, pendientes para ver si presentan un escrito para suspender una instancia que preparamos años y años. Nadie puede suspender audiencias. Sin embargo acá tuvimos innumerables suspensiones. Esto es riesgo”.
No lo sé Rick…
Otra pregunta, de las muchas posibles a formular, podría ser si aquellas serias manifestaciones de Ramírez Montrull se podrían considerar para la situación de la ex procuradora general adjunta y ex fiscal interina, Cecilia Goyeneche, destituida por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones en relación a dos departamentos que tenía en sociedad con uno de los imputados en la causa denominada Contratos en la Legislatura, vínculo que negó tener ante una jueza de la Constitución. Mucho tiempo después y mientras la ex funcionaria continuaba en el cargo y coordinaba la investigación, se supo que su esposo, el contador, violinista y empleado del Estado, Sebastián Orlando Bertozzi, también tenía relaciones con el “socio” de su esposa y era asiduo concurrente al estudio contable OKO, que fue allanado en el contexto de la Causa Contratos.
Espejito rebotín
El proceso para realizar el jury a Goyeneche también fue complejo y estuvo determinado por cuestiones extra judiciales y políticas e innecesarias “chicanas”. También hubo manifestaciones impropias del cargo que ejercían fiscales en funciones y ex fiscales que luego de pasar por todo el proceso constitucional para acceder a un cargo en el Poder Judicial, asumieron como jueces. Algunos de los puntos “elevados” de aquel proceso fuero la manifestación en Tribunales y la firma de una solicitada en apoyo de Goyeneche que suscribieron un centenar de fiscales y fiscales auxiliares e interinos, en la que se realizaron fuertes cuestionamientos al Superior Tribunal de Justicia (STJ), y las manifestaciones de una fiscal que actualmente es jueza, que en una audiencia expresó que la Sala Penal del STJ, a raíz del fallo Cozzi, avalaba la corrupción.
Goyeneche también hizo y hace lo mismo que Ramírez Montrull ve como ilegítimo o espurio en relación a actores de la Política. Goyeneche niega el resultado al que llegó el Jurado de Enjuiciamiento, siembra sospechas sobre altas autoridades judiciales, hace volar por los aires una trabajosa institucionalidad construida desde hace años, recurre a todos los pasos que el proceso le permite sin que le sea señalado que se niega a aceptar su destitución pero no expresó ninguna consideración sobre las flamígeras declaraciones que periódicamente realiza la fiscal destituida. Respecto a una suerte de poder residual que tendrían Urribarri, especialmente, y Aguilera, el mismo señalamiento la comprendería a Goyeneche, que concurre con asiduidad a Tribunales, lo que es lógico porque es abogada y ahora ejerce la profesión liberal. No obstante esta situación habilita nuevamente la pregunta sobre ¿por qué si se trata de actores de la Política se estaría ante una potencial conducta ilegítima derivada de un poder latente y cuando se trata de la ex jefa de Ramírez Montrull, no?
En este estado de situación se encuentra la relación entre una sociedad bombardeada con slogan, consignas, decretos y leyes que destruyen el Estado argentino, y los políticos y operadores judiciales que “juegan la personal” en detrimento de la conservación y mejoramiento de una institucionalidad que es reconocida en el mundo. En este sentido fue ¿paradójico? escuchar a los fiscales argumentar sobre el perjuicio a las arcas del Estado por las conductas de los condenados y resaltar las obras que no llegaron a los ciudadanos.
La doctrina de la paja en el ojo ajeno no aporta nada a la conservación y mejoramiento de una institucionalidad construida en base a conflictos, posiciones divergentes, debates y consensos, que llevaron a Argentina, y a Entre Ríos en particular, a ser reconocidas por la elevada calidad de sus instituciones. Este es el camino y no el señalamiento arbitrario, interesado y desinformador cuando aquella institucionalidad no se ajusta a determinados intereses, que han decidido transitar actores del Poder Judicial en adhesión a intereses que no están claros.
(*) Periodista
