El Gobierno decidió no esperar a que Loretta Preska decidiera si acepta o no suspender la ejecución de la sentencia que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, y resolvió recurrir el fallo.
Los abogados que representan al país presentaron este jueves la apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito.
Según un extracto del documento, que fue compartido en X por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, que sigue de cerca las alternativas del caso, la Argentina «pide la revisión de la moción de los demandantes para la transferencia de las acciones Clase D de YPF S.A. dictada el 30 de junio de 2025 (Petersen ECF No. 742; Eton Park ECF No 662)».
Vale recordar que el lunes 14 vencía el plazo impuesto por Preska para que la Argentina pusiera en custodia, en un banco de Nueva York, el porcentaje de acciones mencionadas a fin de ejecutar la sentencia en favor de los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación.
Incluso, luego de pedir a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo de la jueza Loretta Preska, el Estado presentó el último martes dos escritos para sostener ese pedido y defender la soberanía nacional de la petrolera.
En la respuesta presentada en el caso «Petersen/Eton», los abogados dejaron expusieron que no se trata de «una disputa comercial ordinaria«, sino de un caso sin precedentes «con un fallo de u$s 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de EE.UU. discrepa con la decisión del tribunal».
Sumado a ello, los juristas, pertenecientes a la firma Sullivan & Cromwell LLP aseguraron que la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a «violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible».
Al mismo tiempo, explicaron que los demandantes no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. No obstante, según esgrimieron, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados (provincias y bonistas) y activar cláusulas contractuales adversas para YPF.
Por otro lado, en respuesta al caso «Bainbridge», condena por u$s 95 millones a raíz del juicio que ese fondo inició en 2016, el Gobierno remarcó que «transferir las acciones de YPF violaría la Ley N° 26.741«, ni tampoco existe jurisprudencia «que avale ejecutar bienes que de otro estado trasladándolos a EE.UU., como sugiere la orden, lo que incrementa la posibilidad de que un tribunal de apelación adopte un enfoque distinto».
Y subrayaron: «La demandante no demuestra perjuicio concreto por la suspensión solicitada, y esta permitiría litigar de forma ordenada cuestiones legales relevantes, especialmente considerando que el fallo podría quedar satisfecho por otras vías».
Contexto del fallo contra YPF
Luego de expropiar en 2012 a la petrolera española Repsol el 51 % de las acciones de YPF, la jueza Preska condenó a la Argentina en 2023. El inconveniente, en este caso, radica en que no se llevó a cabo una oferta pública de adquisición de títulos para otros accionistas.
Por ende, luego de adquirir los derechos de litigio de dos sociedades que quebraron (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), la firma Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en 2015 contra el Estado argentino.
Estas dos empresas, pertenecientes al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, tenían acciones por el 25% de YPF, las cuales fueron adquiridas a la petrolera española Repsol en 2008 y 2011.
Bajo este contexto, las firmas reclamaron millonarias compensaciones, entendiendo que Argentina tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por las acciones restantes que no pertenecían a Repsol.
Lo que ocurrió es que los Eskenazi habían comprado las acciones a través de préstamos que otorgaron bancos internacionales. Además, el compromiso de pago se establecía mediante el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera.
En ese entonces, el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner sostuvo, ante la Justicia de Estados Unidos, que la operación fue «fraudulenta«, por lo que ese motivo fue suficiente para no continuar con el litigio.
Fuente: El Cronista Comercial
