En el marco de una de las causas más resonantes por corrupción en la provincia de Entre Ríos, el empresario Fernando Montañana, titular de la firma Montañana Publicidad, firmó un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de tres años de prisión condicional y el pago de un multa de 90.000 pesos. La fiscal Patricia Yedro fue quien impulsó el acuerdo, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Emilio Fouces. El juez de Garantías Julián Vergara será quien evalúe la homologación del acuerdo y dicte sentencia.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, entre 2010 y 2015 se implementó un mecanismo sistemático para direccionar contrataciones de publicidad oficial, sorteando los procedimientos legales que garantizan la libre competencia entre oferentes.
Las órdenes de publicidad eran aprobadas por decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri, y posteriormente certificadas por funcionarios como Pedro Báez y Gustavo Tamay, lo que permitió liberar pagos por montos millonarios. Tanto Urribarri como Báez y Tamay fueron condenados por corrupción.
Las maniobras incluyeron simulaciones de ejecución de campañas mediante fotomontajes y documentación falsa, como lo reveló una pericia sobre los expedientes. En total, se estima que se desviaron más de 36 millones de pesos del erario público.
Montañana, junto a otros empresarios como Jesús Bustamante y José María Bustamante, fue señalado como beneficiario directo de los contratos direccionados. Según la acusación, una parte del dinero cobrado era reembolsado a Juan Pablo Aguilera —cuñado del exgobernador— a través de la contadora Corina Cargnel, quien gestionaba los pagos y retornos. La Fiscalía consideró que Montañana actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad del esquema.
El empresario publicitario Jesús “Cuchi” Bustamante fue el primer arrepentido en la causa conocida mediáticamente como “de la vaca”, en la que se investigó el direccionamiento de contrataciones de publicidad en vía pública y el pago de coimas en la última etapa del gobierno de Sergio Urribarri, entre 2010 y 2015.
La Justicia condenó en 2018 a Bustamante a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos; en seis cuotas de 15 mil pesos, y la realización de tareas comunitarias durante dos años por un total de 96 horas anuales.
El empresario le desembolsó al Estado entrerriano casi cinco millones de pesos por los daños causados a la Administración Pública. En rigor, la suma exacta fue de 4.800.000 pesos.
El acuerdo contempla una pena de tres años de prisión condicional, sin antecedentes penales previos, y con la imposición de normas de conducta. Entre ellas, se incluye la realización de trabajos comunitarios no remunerados por 96 horas anuales, la prohibición de contactar a testigos de la causa, y el pago de una multa de 90 mil pesos. Montañana fijó domicilio en Concepción del Uruguay.
Este juicio abreviado se desprende del mega proceso cuyo juicio arrancó en 2021 y finalizó en 2022 contra el exgobernador Urribarri y otros funcionarios, que concluyó con condenas aún no firmes. Montañana había sido apartado inicialmente por razones de salud, pero ahora enfrenta su resolución judicial de manera individual
