En una conferencia de prensa programada para las 10.30 de este miércoles en Casa de Gobierno, el gobernador Rogelio Frigerio anunciará la decisión de intervenir el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). En la oportunidad, se darán a conocer los nombres del equipo que se hará cargo en la nueva etapa que, según marca la ley, no puede extenderse por más de seis meses. Fernando Cañete presentó esta tarde la renuncia a la presidencia del directorio, pero no se la aceptaron, según pudo saber ANÁLISIS. El interventor es «alguien de experiencia en este tipo de situaciones complejas de intervención» y llegará desde Capital Federal, de acuerdo a lo anticipado a este medio. Se trata de Mariano Gallegos y será secundado por la médica Marina Mariana Alegre, del Ministerio de Salud de la provincia.
El Iosper se fundó en mayo de 1973 y hasta los años ’90 su gestión dependía del Poder Ejecutivo, que establecía su presupuesto y designaba a las autoridades.
En 1995, durante el gobierno de Mario Moine, se intentó un cambio en el esquema de conducción. Se propuso modificar el mecanismo de designación del presidente y el directorio dando intervención a los afiliados, pero el proyecto no prosperó.
Dos años más tarde, con Jorge Busti como gobernador, se estableció por decreto la trasferencia de la administración del Iosper a sus beneficiarios, lo que se concretó en 1998.
La gestión de la obra social quedó a cargo de un directorio conformado con el esquema actual: siete miembros que representan a los trabajadores activos y a los jubilados, elegidos por el voto directo de los afiliados.
Un antecedente de intervención se encuentra en abril de 2005, cuando así lo dispuso Busti, ante una crisis institucional. Por decreto, el entonces mandatario estableció la caducidad del mandato del presidente Francisco Medero y ordenó una auditoría.
Busti instrumentó una intervención por seis meses y nombró al frente al contador Miguel Sampietro, que venía de desempeñarse en la comisión fiscalizadora del Iosper y había alertado sobre problemas financieros. Sampietro luego fue reemplazado por el médico Ricardo Rizzo y en 2006 la obra social volvió a ser gestionada por los representantes de los estatales.
Ahora la administración de Frigerio, 19 años después de aquella coyuntura, buscará imponer otro formato en el manejo de la obra social que brinda cobertura a unos 250 mil afiliados.
Según informaron a ANÁLISIS fuentes del Iosper, Fernando Cañete presentó esta tarde su renuncia a la presidencia del directorio, que continúa integrando en representación de los empleados judiciales. Cañete llegó al órgano de conducción en 2014 y fue elegido presidente, lo que se repitió en 2018 y 2022. A última hora de este martes, se conoció la noticia de que la dimisión no fue aceptada por el directorio.
El directorio del Iosper se completa con Carina Isaurralde (empleados del Iosper), Fabián Monzón (UPCN), Adriana Hepp (Agmer), Adrián Gómez (Festram), Clara Quintero (Federación de Jubilados) y Ángel Iturria (Retirados de la Policía).
La intervención quedará a cargo de un equipo cuyos miembros se presentarán en la rueda de prensa de este miércoles.
La decisión de intervenir el IOSPER
La decisión de intervenir el Iosper surgió de un informe que la Comisión Fiscalizadora Permanente de la obra social elevó al Poder Ejecutivo.
En ese análisis del “estado de situación” se da cuenta de una serie de contrataciones realizadas, de “un sinnúmero de erogaciones” y de acuerdos prestacionales sobre los que no se informaron a tal Comisión.
El informe que se elevó al Ejecutivo también se pone el foco “en la reticencia de las autoridades del Iosper a brindar información a la Comisión” e incluso menciona que se obstaculizó el acceso a la misma, lo que constituye “una franca vulneración de las funciones”. y atribuciones con las que cuenta el órgano de control permanente”.
En otro párrafo se indica que hay un envío sistemático fuera de tiempo de los informes financieros mensuales y de los estados económicos de la obra social”.
También se indica que según el último informe, la obra social tiene un déficit de 19 mil millones de pesos (19.108.168.959,00), lo que representa un 14% del ingreso promedio mensual.
Más adelante se da cuenta de la demora en la entrega de prótesis y el retraso en el pago de los reintegros. Se ata esto al crecimiento de los recursos gastados para pagar procesos judiciales que le fallan en contra por “la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones”.
Sobre el final de los considerandos se menciona una serie de informes del Tribunal de Cuentas en los que se detectaron “irregularidades” en el marco de pagos a empresas que habrían generado “un presunto perjuicio fiscal”.
“Ante el estado de situación descrito resulta imprescindible disponer la intervención del Iosper para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados”.
El decreto de intervención dispone también la realización de auditorías contables, financieras, administrativas, presupuestarias y legales.
¿Quién son Gallegos y Alegre?
Mariano Gallegos tiene filiación política en el PRO, pertenece a la línea de Rodríguez Larreta y se desempeñó como autoridad en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba)
También fue interventor del PRO en Tierra del Fuego y hasta hace unos meses se desempeñaba como Director de la Costanera Zárate Sapem de dicha ciudad de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, Marina Alegre se desempeña como Directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
Fuente Análisis digital – APFdigital
