El nuevo acuerdo otorga más poder a los sindicatos en las negociaciones de los convenios colectivos, limitará el alcance de los contratos temporales de las empresas y hará permanente un plan de despidos temporales aprobado para amortiguar el impacto económico de la pandemia de Covid-19.
«Acabamos el 2021 cumpliendo el compromiso del Gobierno: una nueva legislación laboral que recupera derechos en favor del trabajo decente», escribió en redes sociales la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La reforma del sistema laboral en España es uno de los compromisos adquiridos por el país ante la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) para obtener el segundo tramo de los fondos europeos de recuperación de la pandemia.
España espera recibir un total de 70.000 millones de euros (79.140 millones de dólares) en total, de los cuales hasta ahora sólo se han recibido 19.000 millones de euros.
Las negociaciones con empresarios y sindicatos para sustituir el texto anterior, elaborado en 2012 sin contar con un amplio consenso y que ha generado una importante conflictividad laboral en el país, se han prolongado durante meses.
La controvertida reforma laboral de 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, se acordó como condición para el rescate de los bancos españoles, concentrando la negociación colectiva en empresas con escasa representación sindical.
Esto dio lugar a la creación de nuevas empresas que pagaban salarios por debajo de los convenios sectoriales, desatando tensiones con los sindicatos pero también entre algunas empresas, que veían en esa práctica algo parecido a la competencia desleal.
Las empresas mantendrán el derecho a la flexibilidad en cuestiones como la jornada laboral, mientras que los salarios se fijarán a través de los convenios sectoriales, donde los sindicatos tienen poder de negociación.
Dado que España es el país de la Unión Europea con mayor uso de los contratos temporales, la nueva normativa endurece las condiciones para su uso, limitándolos a periodos cortos de tiempo en los que estén justificados.
El uso inadecuado de los contratos temporales se penalizará con multas y sanciones de la Seguridad Social.
Fuente: www.ambito.com
