La corredora inmobiliaria Carolina Lidia Ledesma impulsó una intervención notarial con una Acta de Constatación Notarial, labrada el 30 de julio de 2025, buscando la remoción de los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (C.C.P.I.E.R.). Esta solicitud de remoción será el primer punto en el orden del día de la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo este viernes 22 en el Salón Rosedal del Hotel Maran Suites en Paraná.
La solicitud se fundamenta en «conductas constitutivas de un patrón de conducta funcional contrario a los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad institucional y sujeción a las decisiones emanadas de los órganos asamblearios». La denuncia alega una «gestión negligente y temeraria» que habría llevado a la cúpula directiva a ignorar sus responsabilidades y las normas básicas de administración de los recursos de los matriculados.
Entre las principales irregularidades detalladas en el Acta de Constatación Notarial a la que accedió EyP se encuentran:
- Utilización indebida y discrecional de recursos institucionales: Se denuncian gastos en «perfumería, entretenimiento digital, multas de tránsito y trámites particulares», así como en «combustibles que no guardan correspondencia con desplazamientos institucionales comprobables». Esta conducta es calificada como un «uso arbitrario de bienes del Colegio» que perjudica el patrimonio común de los matriculados.
- Compras anómalas: Se menciona una «compra directa de una obra de arte por una suma elevada y desproporcionada» que se efectuó sin un procedimiento competitivo adecuado, sin aprobación asamblearia ni respaldo institucional, y con un artista «vinculado afectivamente a la actual Presidenta del Colegio».
- Falta de transparencia y comunicación: Se acusa a la directiva de operar «sin un comunicado oficial claro, sin motivación fundada y sin someterlo a los órganos competentes». También se señala la «omisión en la elaboración de estrategias comunicacionales», la falta de difusión de dictámenes y resoluciones institucionales, y un «preocupante desprecio por las formas institucionales». Además, se denuncia que la administración no ha suministrado información específica de gastos al Consejo Directivo del CCPIER, ni ha respondido a solicitudes de información en tiempo y forma.
- Alteración de nomenclatura institucional: Se ha producido un cambio en la denominación oficial del Colegio sin la debida justificación legal, lo que motivó la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para revertir dicha situación.
- Arbitrariedad en decisiones presupuestarias y patrimoniales: Se habrían tomado «decisiones arbitrarias que afectan un presupuesto considerable y sin precedentes a la adecuación de un inmueble alternativo» en Avenida de las Américas N.º 2304.
- Incumplimiento normativo: La administración actual habría incumplido la Ley Provincial N.º 11.191 en relación con la transparencia y participación democrática, y se habría verificado la admisión de matriculados que no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente.
Cruce y polémica
A raíz de las declaraciones públicas de la presidenta del C.C.P.I.E.R. María Paula Armándola, alegando que el colegio de Entre Ríos es el único del país con stand propio en la expo “Real State” desarrollada el pasado fin de semana en el hotel “Hilton» de CABA, promocionando el programa “Entre Ríos Inversiones”, se han disparado nuevas y serias preguntas de corredores públicos.
Según el Acta de Constatación Notarial, la implementación del programa “Entre Ríos Inversiones” fue «irregular», sin «aprobación colegiada ni transparencia administrativa». Se avanzó con su creación y promoción «sin aprobación formal del Consejo Directivo en actas, sin dictamen jurídico ni informe técnico, y sin consulta previa a la matrícula».
La acusación señala que se desconoce «quién o quiénes tomaron la decisión política de impulsarlo, cómo se estructuró la iniciativa, qué alcances reales tiene y qué vínculos comerciales o contractuales se desprenden de su desarrollo».
Asimismo, se incurrió en «gastos institucionales para la promoción del programa, tales como viajes, participación en ferias y producción de contenido gráfico y audiovisual, sin rendición detallada ni autorización expresa». Se acusa a la actual administración de «confundiendo su rol institucional con proyectos de naturaleza privada o comercial».
Fuentes consultadas por EyP comenzaron a preguntarse más allá de lo detallado en el Acta, sobre los gastos totales: Costo de Stand, Traslado de comitiva, publicidades relativas a ello, cenas, alojamientos en el hotel Hilton. También se cuestiona quiénes fueron los participantes por parte de la institución, cómo fue su selección, y en qué decisión asamblearia u orgánica se sustenta esta participación. Principalmente, las preguntas se centran en de dónde surge tanto interés de los integrantes del Consejo Directivo y cuáles son los beneficios concretos para los 1.700 matriculados del Colegio.
Según se supo por información adicional a los documentos notariales, la iniciativa incluiría como punto N°6 la promoción para la venta de un conjunto de lotes muy polémicos para la Ciudad de Paraná situados en el “Patito Sirirí”, cuya titularidad, muy cuestionada durante estos últimos años.
Se sospecha que toda esta inversión con fondos de los matriculados, tiene como vehículo promover, facilitar, publicitar y financiar la venta de los conflictivos y cuestionados lotes.
