Sin embargo, al cierre de esta edición, computado el 82% de los votos, el candidato de Perú Libre se consolidaba al frente con 18,34%, seguido de Fujimori -Fuerza Popular- con 13,23%, De Soto -Avanza País- con 12,2% y López Aliaga -Renovación Popular-, conocido como “el Bolsonaro peruano”, con 12,1%.
La ratificación de una dispersión del voto sin precedentes también genera inquietud dado que el próximo jefe de Estado deberá lidiar con un Congreso extremadamente fragmentado en un país en el que rige un sistema semiparlamentario y en el que legislativo ha juzgado desde hace años un rol desestabilizador.
De hecho, cuatro presidentes se sucedieron a lo largo del actual mandato de cinco años. El liberal Pedro Pablo Kuczynski fue elegido en 2016, pero debió renunciar para evitar su destitución en medio de un escándalo de corrupción. Su sucesor, Martín Vizcarra, primero disolvió el Congreso –algo previsto en la Constitución– y luego fue removido por este. El entonces titular del legislativo de 130 miembros –también renovado el domingo– Manuel Merino duró lo que un suspiro y Francisco Sagasti terminó siendo el encargado de liderar la transición.
Con la presencia previsible de Castillo, el balotaje de junio será una especie de referendo sobre el modelo liberal, similar al chileno, que convirtió a Perú desde principio de siglo y hasta el comienzo de la pandemia en uno de los países más dinámicos de la región.
De hecho, entre 2002 y 2013, la era dorada del llamado “milagro peruano”, la economía registró un crecimiento anual promedio del 6,2%, la pobreza cayó de 52% a 20% en 2019, las exportaciones se multiplicaron por seis y el producto bruto interno (PBI) per capita más que se triplicó hasta 6.600 dólares. Además, Perú obtuvo el “grado de inversión” que le permitió financiarse en los mercados internacionales a tasas muy bajas.
Con todo, el limitado derrame de la renta minera –actividad que da cuenta del 75% de las exportaciones–, la tradicional postergación del interior agrícola y la elevada flexibilidad laboral e informalidad económica en las grandes ciudades han limitado la legitimación social del modelo.
Perú ha sufrido como pocos países sudamericanos la pandemia del nuevo coronavirus. Por un lado, en lo sanitario, hoy se encuentra en el peor momento, con un promedio diario de casi diez mil contagios y un récord de 384 muertes el último sábado, para totalizar casi 55 mil. Para colmo, la campaña de vacunación no despega.
En lo económico, el covid-19 provocó el año pasado una caída del PBI de 11,1%, inferior que la de Venezuela –claro– pero superior incluso que la de Argentina, que llegó al 9,9%. Sin embargo, la diferencia es que Perú venía creciendo y nuestro país venía cayendo al 4% anual antes de la llegada del virus a la región.
Uno de los mayores problemas del modelo peruano es la informalidad, que alcanza al 75%. Con la crisis instalada y una severa destrucción de puestos de trabajo, la pobreza volvió a niveles cercanos al 30%, según proyecciones privadas.
Los peruanos valoran la estabilidad y el crecimiento, pero no terminan de hacer propio un sistema que deja demasiada gente afuera. En esos sectores caló hondo el mensaje de Pedro Castillo.
Este, un docente y sindicalista de 51 años, le provocó la primera gran crisis política a Kuczynski en 2017 al encabezar una huelga nacional de casi tres meses, motivada por demandas salariales y por el repudio a un nuevo sistema de evaluación de los profesores. El entonces mandatario terminó cediendo.
En la campaña, Castillo, un defensor de Nicolás Maduro, prometió hacerle al modelo “cambios, no parches o reformas”. Para asegurarlos, y garantizar la recuperación de las riquezas minerales y energéticas del país, propuso reformar la Constitución liberal de 1993.
De Soto es la mejor garantía del modelo, aunque Keiko Fujimori se declaró defensora del modelo y de la actual Carta Magna, uno de los legados de su padre, Alberto. Asimismo, dijo que dará nuevo impulso a la actividad minera, aunque con controles mayores al uso del agua. El problema con ella es el historial de corrupción del fujimorismo y el rechazo de amplios sectores sociales. La propia candidata pasó brevemente por la cárcel en un proceso por lavado de dinero durante la campaña presidencial de 2011, supuestamente aportado por la constructora brasileña Odebrecht.
López Aliaga, laico del Opus Dei y usuario del cilicio para apartar los malos pensamientos, cultiva ideas de ultraderecha en lo político. Juró echar a Odebrecht de Perú y renegociar el contrato de explotación de gas natural con un consorcio que incluye a la empresa argentina Pluspetrol de modo de reducir el costo interno de ese combustible. La mano dura contra la delincuencia y el rechazo al aborto y a los derechos de las minorías de género son parte del combo que promete. Un barrilete cósmico.
La insatisfacción con el modelo llevó en su momento al poder a Toledo y a Humala, pero estos terminaron gobernando a favor y no en contra de este. Castillo promete ahora no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Pizarro. ¿Impondrá sus ideas en el balotaje, ese referendo sobre el modelo? Y si lo hace, ¿las cumplirá?
Fuente: www.ambito.com
