“Que la baja de Ganancias a las sociedades no les tape la reforma laboral”, se les podría advertir a los gobernadores afines a la Casa Rosada. Es que, a menos de 10 días de que se celebre la sesión para votar la “modernización laboral” en el Senado, las negociaciones en torno a la iniciativa pasan por la baja de un impuesto coparticipable que, de sancionarse, impactaría de lleno en las arcas provinciales. En cambio, poco se debate sobre el desfinanciamiento que podría sufrir la Anses; el impacto que el texto podría tener en el cálculo de las indemnizaciones y hasta los beneficios laborales que podrían perder los trabajadores, si se concretara el fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, por poner solo algunos ejemplos.
La reforma laboral del presidente Javier Milei tiene cerca de 200 artículos. Hacia el final, desentonando con el espíritu del proyecto, se incluyó una serie de artículos que desde el peronismo bautizaron “Reforma impositiva encubierta”.
Entre otros ítems, allí se incluyó la baja del impuesto a las Ganancias para las Sociedades. Esto puso en alerta a los gobernadores. Es que se trata de un impuesto coparticipable. De mermar su recaudación, las arcas provinciales se verían afectadas. Su impacto fiscal se desconoce. El escenario más optimista calculó que la merma de $ 1,7 billones para los distritos, mientras que en el peor podría alcanzar los $ 4,6 billones, arrojó un informe elaborado por AEFIP.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de negociar con los gobernadores, le aseguró a más de un mandatario que, en 2027, con el crecimiento económico, se crearían unos 400.000 puestos de trabajo. Esto, según el “Colo”, compensaría el agujero fiscal que dejaría la sanción del artículo 191. Los mandatarios tienen distintas miradas: algunos piden que el artículo sea suprimido del texto; otros, que la baja sea gradual. Y también están los que piden que, por escrito, se establezca algún tipo de compensación para los distritos.
Como fuere, las negociaciones entre la Rosada y los mandatarios parecería estar centrada en ese único eje. Para colmo, desde Nación se encargan de dejar trascender que no darán el brazo a torcer en ese punto. ¿Qué podría pasar? Que ese artículo no reúna los votos suficientes en el recinto, y se caiga. El asunto es: ¿qué implicancias tendrá para los gobernadores que hayan mandado a sus senadores a votar en contra de ese artículo? En el reparto de fondos discrecionales (como los ATN), ¿quedarán afuera? ¿La torta se repartirá entre los “leales”?
¿Y la reforma laboral?
Mientras los tirones Nación-provincias pasan por un punto estrictamente impositivo, poco se debaten los ejes laborales, que son el corazón de la iniciativa. Bajo la promesa de generar trabajo registrado y terminar con “la industria del juicio”, el proyecto libertario incluye cambios de fondo de los que poco se habla.
Uno de ellos es el desfinanciamiento de los gremios (por caso, a raíz de los impedimentos que tendrán los empleadores para cobrar los aportes solidarios). Las cámaras empresariales, en soledad, alertaron algo similar.
Pero además, en buena medida, se desconoce qué piensan los mandatarios “afines” al gobierno sobre otros temas. Y, vale aclarar que sin el acompañamiento de esos mandatarios, La Libertad Avanza no reuniría los votos para que la ley llegue a buen puerto. Allí se podrían nombrar, por caso, a los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), junto con Gustavo Sáenz (Salta). Lo mismo corre para los radicales Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Y ni hablar de los amarillos Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).
Estos y otros mandatarios que reconocen la necesidad de impulsar una reforma laboral, poco dicen sobre el articulado. Por caso, si bien en las últimas horas el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que las indemnizaciones “no se reducen” sino que se “ordenan”.
Pero lo cierto es que ese “orden” implica una merma en el monto: es que, si la ley se sanciona tal cual fue redactada, quedarán fuera del cálculo ítems como el aguinaldo, las vacaciones, los premios u otros beneficios que no se abonen de forma mensual. Con un dato extra, el monto podrá abonarse hasta en 12 cuotas.
Pero además, salvo en la UCR, poco se escuchó hablar, entre los aliados, del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata del fondo que se alimentará de una detracción del 3% de las contribuciones patronales que en la actualidad se derivan a la Anses. Es decir, al ya quebrado sistema previsional, la ley le generará un mayor desfinanciamiento que, a lo largo del texto, no se especifica cómo se compensará. Ese fondo se utilizará para “subsidiar” las indemnizaciones sin causal de despido.
Mucha reunión pero pocos pronunciamientos
¿Y qué piensan los mandatarios sobre el fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo? Son muchos los sectores que, a nivel nacional, cuentan con convenios que les otorgan beneficios por encima de la Ley de Contrato de Trabajo. Muchos de ellos siguen vigente, pese a que su fecha de vencimiento ya pasó. De perder vigencia, los diferentes sectores deberán rediscutir estos convenios. Cuesta imaginar que los trabajadores recuperen el mismo nivel de beneficios con gremios desfinanciados.
Pero a esto hay que agregarle un dato extra, sobre el que los mandatarios provinciales, preocupados por sus cajas, no se pronunciaron. Actualmente, los convenios colectivos nacionales prevalecen por sobre los firmados a nivel empresarial. Salvo que, para el trabajador, este último sea más beneficioso. Con la ley libertaria, siempre prevalecerá el convenio a nivel empresarial, aún cuando perjudique al trabajador.
¿Qué piensan los gobernadores sobre la posibilidad de que parte de los salarios puedan abonarse en especie? ¿Y sobre el fraccionamiento de las vacaciones? Tampoco se pronunciaron sobre los bancos de hora, que podrían dejar atrás el pago de horas extra, lo que en muchos casos representa buena parte de los ingresos totales de los trabajadores.
Tampoco hubo opiniones de los mandatarios en torno al derecho de huelga, que se vería acotado para aquellos rubros que la iniciativa declara como “servicios esenciales”.
Una vez más, ¿por qué es tan importante lo que piensan los gobernadores “afines” de todos estos puntos? Porque de ellos depende el futuro de la ley. Sin los votos de los diputados y senadores que les responden, la reforma jamás recibirá luz verde en el Congreso.
Por lo pronto, hasta el 11 de febrero, día en que el oficialismo aspira a tratar en el recinto la reforma laboral, poco se sabrá sobre los cambios que acepte la Casa Rosada. Guardan las concesiones bajo 7 llaves para (supuestamente) evitar que se empañen las negociaciones. Y los trascendidos son que recién se conocerán, ese día, en el recinto.
Y, al menos por ahora, de las reuniones que Santilli mantuvo con los mandatarios, y los encuentros de Patricia Bullrich con los popes del Senado, sólo trascendieron conversaciones en torno al capítulo fiscal.
¿Esto significa que solo el artículo 191 peligra? No necesariamente, quizá tampoco prosperen otros artículos. Pero, al menos por ahora, la baja de Ganancias es casi de lo único que se habla cuando quedan menos de 10 días para la votación en el Senado.
Fuente: Ámbito
