Emilio Fouces, abogado defensor en la causa «Contratos», ofreció en diálogo con el programa Simplemente Inocente una perspectiva crítica sobre el proceso judicial que está en etapa de remisión a juicio.
La causa Contratos tiene en la actualidad 19 personas acusadas de la sustracción de fondos públicos a través de contratos legislativos. Este modo de operar, según el Ministerio Público Fiscal, sucedió entre 2008 y 2018.
Fouces destacó la injusticia inicial contra su defendido, Gustavo Falco, quien fue sobreseído tras siete años de investigación sin pruebas suficientes, y la indignación que este proceso le causó. También señaló la endeblez de la acusación fiscal, la cual considera defectuosa por basarse en supuestos erróneos y no considerar las normas legales que rigen la contratación estatal, además de criticar la falta de una investigación completa que incluya a posibles responsables superiores, lo que, a su juicio, perjudica a los imputados actuales al agravar su participación.
Los señalamientos que hizo el reconocido abogado en el programa que se emite los jueves de 13 a 15 por Vorterix Litoral abarcan desde la falta de elementos probatorios iniciales hasta errores de concepto legal que, según argumentan, vician la estructura del caso y afectan el derecho de defensa.
Uno de los casos más paradigmáticos mencionados es el del contador Gustavo Falco, defendido por Fouces.
Según la defensa, la imputación contra Falco se realizó «sin demasiados elementos, diría sin elementos» desde el principio. A pesar de ello, permaneció vinculado a la causa durante siete años, lo que le causó «consecuencias en las personas en algunos casos realmente graves», afectando directamente la confianza necesaria para ejercer su profesión de contador público independiente.
La fiscalía finalmente solicitó su sobreseimiento argumentando la falta de elementos para sostener el «estado de sospecha o probabilidad». Sin embargo, la defensa critica que esta decisión, que ya había sido adelantada por la fiscalía en mayo de 2021 al solicitar la elevación a juicio, se demoró injustificadamente, considerando que debió haberse pedido «mucho antes».
En un análisis más amplio de la acusación, la defensa percibe una «cierta endeblez» a medida que avanza el proceso de remisión a juicio, lo que se vería corroborado por los sobreseimientos y juicios abreviados que comienzan a pactarse. Estos desarrollos, según Fouces, dan la razón a los señalamientos de la defensa sobre «vicios o anomalías en la acusación» que vienen sosteniendo hace tiempo.
Una crítica central apunta a la estructura misma de la acusación, calificada de «vaguedades». La defensa sostiene que para ejercer el derecho a defenderse de manera efectiva, el imputado debe tener «bien claro y entender de qué se lo acusa», lo que exige una «acusación concreta circunstanciada clara y precisa», no basada en generalidades o imprecisiones.
Quizás el punto más «gravísimo» de la crítica legal se centra en lo que la defensa considera un concepto legal erróneo de base: la acusación sostendría que los imputados «celebraron» los contratos. Fouces enfatiza que quienes celebraron los contratos no fueron personas físicas o funcionarios a título personal, sino los organismos estatales: la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Este error conceptual, según la defensa, cambia la naturaleza del presunto delito y el marco legal aplicable.
Además, la defensa critica que la extensa acusación de la fiscalía (540 páginas) omite mencionar o analizar los decretos que regulan los procedimientos de contratación en cuestión. Estos decretos son instrumentos públicos y su ausencia en el análisis de la acusación representa un déficit significativo. Ligado a esto, los contratos y decretos son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. Para declarar su falsedad o ilegalidad, se requiere una acción judicial específica («acción de lesividad»), la cual no ha sido realizada ni alegada por la fiscalía, a pesar de que los instrumentos públicos existen en la causa.
La defensa argumenta que estos defectos en la acusación impiden ejercer una defensa eficiente, ya que no queda claro «qué hecho tengo que defender, qué prueba que traer». Por ello, consideran fundamental esta etapa intermedia del proceso para definir si la investigación merece llegar a juicio con esa formulación.
Otro aspecto cuestionado es la estrategia de la fiscalía de cerrar una «primera etapa» de la causa («causa contratos uno») para abordar una «parte dos» más adelante.
La defensa señala que, al designar a algunos de los imputados actuales como «organizadores» o «jefes» de una asociación ilícita durante una década, se les agrava su situación y la pena correspondiente. Si, como sugiere la fiscalía, pudieran existir otros responsables «superiores», estos imputados quizás no tendrían el carácter de jefes en una investigación completa. Esta investigación incompleta afectaría el derecho de defensa de los imputados actuales al asignarles un rol que podría ser diferente en un cuadro completo del esquema. La defensa sugiere que la jueza de garantías debería no permitir que la causa vaya a juicio de esta manera y requerir a la fiscalía que complete la investigación para que cada quien «ocupe su lugar».
Finalmente, se reitera el cuestionamiento a la legalidad de ciertas medidas probatorias, argumentando que no se llevaron adelante según los requisitos de la ley, lo que podría implicar violaciones a la intimidad y mantener a personas bajo sospecha por tiempo excesivo. La defensa niega que este punto haya quedado «zanjado» en causas anteriores, ya que las sentencias no están firmes.
En suma, la defensa presenta un cúmulo de críticas que apuntan a la falta de solidez probatoria inicial, errores conceptuales y legales en la formulación de la acusación, omisiones normativas clave y un proceso que, a su entender, ha afectado el derecho de defensa y la situación procesal de los imputados.
