El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) entregó un informe en respuesta a una solicitud de acceso a información pública presentada por sus matriculados, revelando cifras millonarias en obras de su nueva sede, disputas con otras entidades gremiales, negándose a responder puntos centrales como los gastos en tarjetas corporativas . La respuesta, demorada por la «cantidad de documental» a digitalizar, intenta aclarar la gestión institucional en un marco de creciente demanda de transparencia.
La solicitud, presentada por matriculados ejerciendo su derecho constitucional y legal de acceso a la información pública (amparado en la Ley Provincial N.º 11.191 y Decreto 292/25, y la Ley N.º 9.739 de creación del Colegio), abarcaba desde el presupuesto de la nueva sede hasta los gastos de movilidad, obsequios institucionales, y los motivos de la salida de la Federación nacional.
El Colegio, como entidad de derecho público no estatal, se reconoce como sujeto obligado por la Ley Provincial N.º 11.191. No obstante, subraya que el derecho de acceso a la información «no es absoluto» y está sujeto a límites como la protección de datos personales y la confidencialidad de documentos en trámite. Los balances y resoluciones de asambleas están disponibles y son auditados.
Inversión millonaria
Uno de los puntos centrales de la solicitud de los matriculados se refería a la información presupuestaria de la sede de avenida de las Américas en Paraná. El Colegio informó que el cambio de sede se dispuso por Resolución 252 el 27 de marzo de 2024. Hasta la fecha, se ha erogado la suma de 81.076.590,63 pesos en la «puesta en valor» de la propiedad.
De este monto, 27.353.129,67 pesos ya fueron aprobado por la Asamblea Ordinaria de matriculados el 6 de diciembre de 2024, formando parte del balance de ese año. No obstante, resta por evaluar gastos que ascienden a 53.723.460,90 pesos en la próxima asamblea ordinaria. El Colegio justifica la inversión señalando que el gasto se realiza sobre patrimonio propio, lo que implica un aumento en el valor de mercado del inmueble. Además, la sede anterior se alquilaba por 800.000 pesos mensuales, un dinero que el Colegio ahora «ahorra todos los meses».
La decisión de trasladarse a avenida de las Américas 2304 fue motivada por las «claras ventajas» de disposición, cantidad, luminosidad y ventilación de ambientes, en comparación con la sede de calle Churruarín 248, que presentaba problemas de humedad, funcionalidad y antigüedad.
El informe detalla una extensa lista de gastos, incluyendo aberturas, pisos, pintura, materiales sanitarios y eléctricos, mano de obra (con un anticipo del 50% a DyC Construcciones), sistemas de alarma y videovigilancia, cerámicos, aires acondicionados, mobiliario, cortinados, trabajos de carpintería, artefactos de iluminación, parquizado y cartelería, entre otros. Una planilla de gastos completa, de 459 megabytes, está disponible para consulta presencial, dice la respuesta que Colegio a los matriculados.
Salida de COFECI
Otro punto de interés es la salida del Colegio de la COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina), dispuesta por Resolución 09/2025 del 31 de marzo de 2025. El principal fundamento de esta drástica medida fue una «situación irregular» generada en la reunión del COFECI del 6 de marzo de 2025, en la cual participó el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Tucumán.
El CCPIER sostiene que esta entidad no aglutina a los corredores inmobiliarios de Tucumán, donde existe un Colegio específico con potestad exclusiva sobre la matrícula del corretaje.
Según el informe, esto provocó un «ríspido debate» con otras instituciones, como el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que «defendieron una incumbencia que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Tucumán no tiene».
El CCPIER considera un «absurdo» la noción de que ser «Corredor Público» abarque todo el género, «desdeñando que las profesiones se caracterizan por su especificidad» y que legalmente una provincia no puede crear dos colegios con la misma incumbencia.
El Consejo Directivo del CCPIER debatió el 11 de marzo de 2025, concluyendo que existe un «desvío del rumbo institucional» del COFECI, que estaría «desdeñando el objetivo prioritario que es mostrar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, la importancia del control ético y de la matrícula específica por parte de los Colegios Inmobiliarios». La desafiliación fue votada por unanimidad.
Despido de Asesores
La solicitud de información también inquirió sobre el despido del equipo de Asesores legales y Secretaría Legal y Técnica. El Colegio confirmó la desvinculación del Asesor Legal Interno y Externo por Acta de Consejo Directivo N° 264 del 20 de junio de 2025, justificando la decisión en dicha acta.
Otros puntos destacados:
Obsequio al Colegio de Escribanos: Se realizó un obsequio valorado en 612.500 pesos al Colegio de Escribanos. El Consejo Directivo evaluó la conveniencia de la obra por el «estilo del artista y su paleta de colores vivos», buscando que la placa que acompaña la obra «visualice nuestro colegio». El monto se consideró «acorde al importe de plaza».
Programa «Entre Ríos Inversiones»: El Colegio participa en esta iniciativa de promoción de la provincia como destino de inversiones inmobiliarias, en conjunto con la provincia y desarrolladores privados. Se erogaron 5.808.000 pesos en concepto de participación en la Expo Real Estate Latinoamérica (agosto de 2025), abonando el Colegio solo un cuarto del valor total. Se argumenta que esta actividad «beneficia de forma manifiesta la actividad del corretaje inmobiliario».
Gastos de tarjetas corporativas y movilidad/viáticos: El Colegio se negó a brindar dicha información , y manifestó que la realización de estos actos se encuentra dentro de las facultades del Comité Ejecutivo, según la Ley Provincial 9739 y el Reglamento Interno, y serán parte del balance anual a ser evaluado por la asamblea de matriculados.
Modificación de la denominación institucional: El Colegio aclaró que no se ha modificado oficialmente su denominación por resolución; sigue siendo «Colegio de Corredores Públicos de la Provincia de Entre Ríos».
El Colegio prorrogó unilateralmente el plazo de contestación en quince días hábiles, amparado en el artículo 10 de la Ley 11.191, debido a la «cantidad de documental» a digitalizar para dar una respuesta completa. Este informe se presenta como un paso hacia la transparencia, aunque los matriculados ya han advertido con «acciones legales correspondientes» en caso de denegatoria a algún punto de información.
