La causa Contratos Legislativos recibió luz verde para ser elevada a juicio oral, una decisión clave que marca un avance significativo en la investigación sobre una presunta maniobra de desvío millonario de fondos públicos en la Legislatura entrerriana.
La audiencia de elevación a juicio, que se reanudó este lunes, concluyó con la determinación de la jueza de Garantía, Marina Barbagelata, de que se cumplen los requisitos formales y procedimentales para pasar a la siguiente etapa procesal. Tras la feria judicial de invierno serán los acuerdos probatorios.
La única nulidad que hizo lugar la jueza fue a la postulada por Victoria Halle, que ejerce la defensa técnica de los Auditores del Tribunal de Cuentas Diego Martín Pagnoni y Mariano Speroni. La magistrada le ordenó a la fiscalía que reformule el hecho imputado a los dos y que específicamente les precise las fechas y periodos de los hechos imputados para que puedan defenderse.
La imputación general describe una compleja organización que se ocupó de sustraer dinero del patrimonio de la legislatura provincial, entre 2008 y 2018, a través de la realización de contratos de obra con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado.
En la descripción de las acusaciones aparecen como miembros claves Flavia Beckman y Hugo Mena, a quienes se les atribuye haber hecho suscribir contratos en su domicilio particular o comercial a personas que, en su mayoría, no conocían al funcionario legislativo que los firmaría en nombre del Estado.
Además, se les imputa a Beckman y Mena haber retenido tarjetas de débito de los contratistas para cobrar directamente el dinero depositado en las cuentas sueldo, y haber recibido y endosado cheques, incluso falsamente, para facilitar su cobro por parte de su círculo de confianza. La fiscalía sostiene que esta maniobra se sirvió de la omisión de los deberes de control por parte de los auditores estables y revisores del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
En la acusación fiscal está detallado que varios integrantes de la organización, incluyendo a Beckman, Mena, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, entre otros, eran remunerados por sus aportes a través de contratos transitorios con el Honorable Senado de la Nación.
La jueza dijo que en el esquema de las maniobras, se atribuyen roles específicos a cada uno de los 18 imputados.
En ese sentido, la magistrada detalló puntillosamente las acusaciones que según los defensores eran vagas e imprecisas.
Por ejemplo, sobre Alfredo Bilbao sostuvo que se encargaba de recibir las rendiciones de cuenta de la recaudación y parte del dinero resultante, el cual, o un porcentaje, entregaba a otras personas. Se le atribuye, junto con Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique de Breuil, la aplicación de parte del dinero sustraído en inversiones inmobiliarias y agrícolas ganaderas para disimular su origen ilícito.
Ariel Roberto Faure ofició como nexo entre funcionarios y privados, encargándose de retirar contratos, devolverlos firmados, gestionar el alta de contratistas ante organismos tributarios, llevar facturas y retirar cheques para su cobro.
Sergio Esteban Cardoso y Jorge Fabián Lázaro (director y subdirector del servicio administrativo contable de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente) y Javier Schneider (empleado del mismo servicio) son acusados de que su aporte fue el libramiento de los cheques y la apertura de cuentas sueldo para los contratistas, así como las transferencias para pagar contratos que sabían eran fraudulentos y cuyo aporte era indispensable para el desvío de fondos.
Pedro Opromola, contador público nacional, junto a otros integrantes de su estudio, se encargaba de la gestión de la situación impositiva de los falsos contratistas, utilizando sus claves fiscales. La fiscalía sostiene que este trabajo profesional no era remunerado por los monotributistas, sino que cobraban a través de los pagos de los contratos de obra fraudulentos.
Sobre el condenado en el megajuicio por corrupción, Alejandro Almada, la jueza detalló que es imputado de gestionar contratos falsos para mantener el número de estos constante y el nivel de recaudación. También se le atribuye colectar el dinero recaudado en la maniobra por el resto de los coimputados para entregarlo a los jefes de la organización criminal. Lo ubica como el subalterno de Sergio Cardoso en la Dirección de Administración de la Cámara de Diputados.
A Juan Pablo Aguilera, otro condenado por corrupción, se le atribuye haber asumido el rol de organizador de la asociación criminal, ocupando “uno de los más altos lugares” dentro de la misma. Era el encargado de recepcionar la recaudación que gestionaban el resto de los integrantes de la asociación para entregarla al jefe de la organización criminal o utilizarla en su provecho. También intervino en la gestión de contratos falsos para mantener su número y el nivel de recaudación.
Se valió de su cargo de secretario coordinador de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia (desde diciembre de 2011 hasta abril de 2014) y de empleado de planta permanente de la misma cámara.
Juan Domingo Orabona (o Morabona/Arabona/Aragona): para la fiscalía y la jueza avaló la acusación, es una figura clave en la imputación, identificado con distintas menciones en los documentos: Hasta diciembre de 2011, Alfredo Bilbao le entregaba una parte del dinero resultante de la recaudación ilícita.
La fiscalía le atribuye haber sido director de administración, cargo que ocupaba antes de que Lázaro asumiera el rol de director. En este período, Pérez era jefe del área de contratos bajo su dependencia.
Rechazo
A lo largo de la audiencia, la defensa presentó diversas oposiciones y planteos de nulidad a la elevación a juicio, argumentando falta de claridad en la acusación, contradicciones, imposibilidad de ejercer el derecho de defensa y la supuesta licitud administrativa de los contratos. Sin embargo, la mayoría de estas objeciones fueron desestimadas por Barbagelata.
Se desestimaron las alegaciones de la defensa de Alfredo Bilbao sobre la omisión de identificar a los contratantes en los contratos, explicando que la fiscalía no pudo establecer en la mayoría de los contratos quién había actuado como autoridad.
Los planteos de nulidad por falta de claridad o inconsistencias por parte de los defensores de Flavia Beckman y Hugo Mena fueron rechazados, al considerar que la imputación contenía una descripción detallada, sin ambigüedades y comprensible.
Las críticas a la acusación formuladas por la defensa de Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Jorge Fabián Lázaro y Javier Schneider, relacionadas con la proporcionalidad del aporte o la supuesta actuación dentro de su rol profesional, también fueron desestimadas, afirmándose que los hechos descriptos en la imputación sí tienen la entidad para considerarse un aporte útil y penalmente relevante.
Barbagelata enfatizó que la ilicitud penal no es lo mismo que la ilicitud administrativa o constitucional; un acto puede ser formalmente legal en una esfera y, sin embargo, constituir un delito en la esfera penal. La investigación surgió a partir de una sospecha de ilicitud (“dos mujeres sacaban ingentes sumas de dinero utilizando muchísimas tarjetas de débito”) y no de un intento de transformar lo lícito en ilícito.
Respecto a la falta de acceso a la totalidad de los contratos, se aclaró que la fiscalía ha mostrado todos los contratos que tiene y que la indeterminación se debe a que la Legislatura no remitió toda la información requerida.
La imputación a Pedro Opromola se considera clara y los actos atribuidos se apartan del estereotipo del rol profesional, dado que la clave fiscal era proporcionada por terceros (Beckman y Mena) y el servicio no era remunerado por el cliente.
Solo en relación con los funcionarios del Tribunal de Cuentas, Diego Martín Pagnoni y Mariano Speroni, se acogió una crítica a la redacción de la imputación sobre el tiempo en que se incumplieron los deberes inherentes al cargo, considerándola confusa y requiriendo que la fiscalía la corrija. No obstante, se afirmó la existencia de “causa probable” respecto de los cinco funcionarios del Tribunal de Cuenta imputados.
La resolución del juez subraya que el control en esta instancia es de “plausibilidad”, donde se valoran los hechos imputados y la razonabilidad de los fundamentos, pero no implica un control de mérito exhaustivo que es propio de la etapa de juicio.
Con esta decisión, la causa avanzará hacia el juicio oral, donde las partes confrontarán sus teorías y se producirá la prueba. La continuidad de la investigación para establecer la identidad de otros posibles implicados, como los “jefes de la organización”, no se ve truncada por esta elevación a juicio.
Tras la feria de invierno, la jueza dispuso que se discutan los acuerdos probatorios. De igual modo, las defensas han dejado sentado que irán en Apelación por todos los planteos rechazados.
