En la primera jornada de la remisión a juicio de la causa Contratos Legislativos, las defensas de 18 de los 20 imputados desplegaron una dura ofensiva contra las pruebas informáticas, los allanamientos y la citación de contratados como testigos, entre otros puntos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) escuchó los planteos y en los próximos días tendrá la oportunidad de responder antes de que la jueza de Garantías, Mariana Barbagelata, se expida sobre estas cuestiones.
Los únicos imputados que asistieron brevemente a la audiencia fueron Jorge Fabián Lazzaro, exdirector de Administración de la Cámara de Senadores; Sergio Cardoso, exdirector de Administración de la Cámara de Diputados; Javier Schneider, subdirector de Administración de la Cámara de Senadores; y el contador público del estudio Asesoría Integra, Gustavo Falco, quien será sobreseído.
En un principio había 32 implicados, pero 12 accedieron al beneficio de la probation en la causa que investiga el desvío de 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018 a través de contratos otorgados por las cámaras provinciales de Diputados y Senadores.
El inicio del proceso, que se extenderá hasta septiembre, estuvo marcado por un fuerte cruce entre la jueza Barbagelata y el abogado Miguel Cullen.
Según Cullen, cada defensa tiene su propia estrategia y argumentos específicos, lo que impide un resumen conciso. Sin embargo, la jueza solicitó una síntesis de los puntos clave, tal como se acordó en la audiencia previa, para evitar contratiempos. Ante la insistencia de Cullen en que cada caso tiene particularidades y agravios específicos, Barbagelata le pidió a los abogados que “no jueguen a las escondidas”. Cullen respondió que los planteos se conocerían “cuando expongan”.
El intercambio finalizó cuando la jueza sugirió que Cullen se postule para ser juez de Garantías. El abogado agradeció la recomendación, pero respondió que no estaba interesado.
Bilbao: exclusión de allanamientos y pruebas
Los primeros en exponer fueron los abogados de Alfredo Bilbao, señalado por la fiscalía como el encargado de invertir los fondos públicos sustraídos mediante los contratos fraudulentos.
Los defensores Damián Petenatti e Iván Vernengo solicitaron la exclusión de todos los elementos secuestrados en el allanamiento de Ñapindá, al considerar que la orden no estaba suficientemente fundamentada y que no existían razones objetivas para su inclusión en la causa.
Asimismo, pidieron que no se tenga en cuenta la evidencia digital incautada en la casa de Bilbao en la zona de Toma, ya que no se respetaron los protocolos ni la cadena de custodia, lo que, a su juicio, vulnera el derecho de defensa.
Cuestionamientos a las pericias y los testigos
El abogado José Velázquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena, cuestionó el informe informático presentado por la fiscalía, ya que, según su criterio, fue realizado por personas no autorizadas. En este sentido, sostuvo que lo correcto habría sido solicitar una pericia en la que todas las partes pudieran formular preguntas y que la intervención fuese realizada por expertos del Superior Tribunal de Justicia.
Velázquez también criticó la incorporación de los contratados como testigos, calificándolos de “testigos sospechosos”, ya que, según él, estas personas se autoinculparon al admitir que fueron prestanombres y que se dieron de alta en la AFIP. Además, sostuvo que algunos entregaron sus celulares a fiscalía sin una resolución judicial, lo que, en su opinión, afecta la validez de sus declaraciones.
Planteos sobre nulidades y garantías constitucionales
El abogado Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure, pidió la nulidad del allanamiento realizado en la casa de su cliente en San Benito, alegando una fundamentación insuficiente y fallas en la cadena de custodia de los elementos digitales incautados. Criticó el sistema penal y señaló que es necesario aplicar nulidades que ayuden a sanear el proceso judicial.
Por su parte, Pablo Hawlena Gianott, co-defensor de Jorge De Breuil, fue contundente en sus cuestionamientos a la investigación y sostuvo que su cliente aparece ligado a la causa mediante prueba ilegítima. Señaló que la investigación comenzó “en penumbras y continuó en la oscuridad absoluta”, y afirmó que jamás se ha demostrado que su defendido haya recibido dinero del Estado entrerriano ni lo haya invertido.
El abogado Miguel Cullen, en su exposición, adhirió a todos los planteos anteriores y enfatizó que la obtención de pruebas digitales está regulada y que su incumplimiento representa un agravio constitucional. Según Cullen, permitir irregularidades en la incorporación de pruebas vulnera el sistema acusatorio y priva de justicia a quienes la buscan. Habló de violación de las garantías constitucionales.
Finalmente, el abogado Emilio Fouces, defensor de Sergio Cardoso, José Schneider y Jorge Lazzaro, sostuvo que las pruebas en contra de sus clientes no tienen respaldo en otros dispositivos secuestrados y que las evidencias obtenidas en allanamientos a otros sospechosos no guardan relación con ellos. Argumentó que si estas pruebas son validadas, se estarían vulnerando derechos y garantías fundamentales.
En la audiencia estuvo la defensora Victoria Halle que representa a Diego Pagnoni y Mariano Speroni, pero no expuso. No estuvo el equipo de defensores de Juan Domingo Orabona, los letrados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.
Fuente: Ahora
