Hace pocos días, Guillermo Smaldone, hombre de confianza de Sergio Urribarri y su familia, había logrado que le habiliten un recurso de Apelación para intentar introducir pruebas para defenderse en el juicio que se realizará por la denominada causa Coimas. Sin embargo, la audiencia no se realizará porque el exministro de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas solicito la suspensión de la audiencia que debía realizarse este miércoles porque firmará un juicio abreviado.
Según supo AHORA, el abogado que en todos sus alegatos se declaró inocente, terminó reconociendo su responsabilidad en la denominada causa Coimas y reconocerá que cometió actos de corrupción en perjuicio del estado entrerriano. El acuerdo que tiene una pena de prisión condicional está bajo siete llaves. Es más, el Ministerio Público Fiscal (MPF) no dio detalles de proyecto que será presentado ante un juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones.
Smaldone siempre fue cuestionado en los cargos que ocupó, ya que llegó por su afinidad con el exgobernador, condenado a ocho años de prisión por corrupción, y sus hijos, en especial con Mauro.
En el pedido de remisión a juicio donde se reproducen correos electrónicos, mensajes de texto, papeles manuscritos, facturas, pasajes y otros comprobantes aparecen una serie de pasajes aéreos a Sudáfrica que muestran que el grupo de amigos compuesto por Smaldone, Aguilera y tres hijos de Urribarri fueron a disfrutar del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Todo habría estado pagado por Cardona Herrerros, o mejor dicho por los entrerrianos.
Los teléfonos no paran de sonar. Es más, muchos dicen que el abreviado de Smaldone es una estocada directa al corazón de las defensas, en especial de Urribarri, quien en caso de ser condenado sumaría otra pena.
Smaldone le pidió al juez de Garantías N°4 de Paraná, Julián Vergara, que dicte su sobreseimiento en la causa por supuestas “coimas”, pero jamás lo logró, ya que los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, mostraron pruebas contundente de corrupción contra el hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone.
La causa Coimas, que ya fue remitida a juicio, investiga contrataciones millonarias del Estado provincial durante las dos gestiones de Urribarri a empresas que dirige el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros (principalmente Relevamientos Catastrales).
Junto a Urribarri y Cardona Herrreros serán juzgados: Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos; Humberto José Flores, exsecretario de Hacienda de la provincia; Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajuste y Liquidaciones del Ministerio de Economía y Carlos Haidar, exdirector de Informática.
Al menos cuatro empleados de Relevamientos Catastrales S.A recibieron probation.
El exministro de Trabajo (2012 a 2014) y extitular del Tribunal de Cuentas (2014 a 2016) está imputado en el sexto hecho de la acusación fiscal, que se compone de seis hechos. Como es abogado y hace varios años ejerce la profesión liberal en Concordia (su ciudad de origen), se representa a sí mismo en el proceso penal.
La acusación contra Smaldone
La acusación surge del hecho sexto del requerimiento de elevación a juicio, que detalla un entramado de irregularidades que se habría gestado desde 2007.
La investigación apunta a que, al menos desde mayo de 2012, el entonces Ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, habría iniciado tratativas con Cardona Herreros.
Según el requerimiento, Cardona le habría indicado anticipadamente a Smaldone las prestaciones y condiciones para los futuros pliegos de especificaciones técnicas, diseñando un traje a medida para su empresa.
El 3 de julio de 2012, se inició el Expediente Administrativo N° 1.346.886 a instancias de un pedido de Smaldone al Director de Informática de la Provincia, Carlos Marcelo Haidar, para contratar un servicio integral de software para el Ministerio de Trabajo. Frente a esta solicitud, Haidar habría enviado a Smaldone el mismo modelo de pliego que, según la acusación, había sido elaborado por Cardona.
El proceso licitatorio original (Decreto 2320/2012 MT, firmado por Urribarri y Smaldone) fue anulado el 1 de noviembre de 2013 (Decreto N° 3945/13 MT), disponiéndose un nuevo llamado. En esta segunda oportunidad, Relevamientos Catastrales S.A. se presentó nuevamente como única oferente, con una propuesta económica de 550.000 pesos mensuales por 36 meses, totalizando 19.800.000 pesos.
A pesar de que la estimación económica inicial de Haidar había sido de 340.000 pesos mensuales, el director de Informática consideró la nueva oferta como “favorable a los intereses del Estado” en un dictamen del 16 de diciembre de 2013. Un día después, el propio Ministro Smaldone se pronunció en el mismo sentido.
Finalmente, el 20 de enero de 2014, se adjudicó la contratación a Relevamientos Catastrales S.A. mediante el Decreto Nº 32/2014 MT, suscripto por Urribarri y Smaldone.
La acusación sostiene que esta acción perfeccionó una maniobra para favorecer a Cardona Herreros, con el conocimiento de que se había acordado previamente un sobreprecio de aproximadamente 155.000 pesos mensuales. Este monto, según el requerimiento, habría sido distribuido entre los funcionarios públicos intervinientes como “contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos”, además de generar una “ganancia extraordinaria para el empresario Cardona Herreros”.
El requerimiento de elevación a juicio detalla las sumas que presuntamente habrían recibido los funcionarios involucrados durante al menos 36 meses: Guillermo Smaldone, 50.000 pesos mensuales; Sergio Daniel Urribarri, 40.000 pesos mensuales; Luis Alfonso Erbes, Secretario de Presupuesto y Finanzas, 20.000 mensuales; y Carlos Marcelo Haidar, Director de Informática, 5.000 mensuales.