El gobernador de Entre Ríos ordenó la clausura preventiva por violar normas ambientales de las areneras ubicadas en las islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
ntre Ríos es por excelencia, dado el caudal de sus ríos, la provincia proveedora de arena necesaria para el fracking que se realiza en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Es por esto que la actividad arenera en los ríos Paraná y Uruguay creció exponencialmente en últimos años.
Un crecimiento que según entiende la administración de Gustavo Bordet, no contempla las normas ambientales de la provincia, que la semana pasada tomo una decisión drástica: clausuró a nueve de las catorce areneras que operan en Entre Ríos.
«Las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente», señaló en su dictamen el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.
Por la falta de estos certificados el Gobierno de Entre Ríos dispuso el cese de nueve areneras de las catorce radicadas en la zona, además de cuatro plantas de procesamiento. De estas nueve, tres poseen informe técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación y dos esperan la renovación y una se encuentra en la etapa de participación ciudadana.
l fiscal Signes reconoció que Entre Ríos «se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta, y que en estos últimos años se ha ido intensificando, producto de que la arena en vez importarse se está obteniendo arena de origen nacional, entre las cuales las de Entre Ríos son aptas. Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere».
El gobierno de Entre Ríos actuó asi de manera coordinada con el juez federal de Entre Ríos, el porteño Hernán Sergio Viri, quien tramitaba las denuncias de contaminación y citó al gobierno y las empresas a una audiencia de conciliación. Allí se acordó clausurar las empresas objetadas durante 45 días en los que deberán presentar los certificados correspondientes.
na de las firmas más comprometidas es Cristamine que según una de las denuncias «multiplica cifras millonarias con la habilitación vencida y sin ningún tipo de control».
Fuente (La politica online)
