Lo que comenzó en 2018 como un ambicioso programa para promover el empleo juvenil en Entre Ríos derivó en un escándalo de corrupción que sacude a la provincia. A pesar de que aún no ha surgido el nombre de ningún funcionario de primera línea, resulta llamativo que un desfalco de 250 millones de pesos haya sido ejecutado aparentemente por funcionarios de segunda y tercera línea, sin que la alta dirigencia política se percate. Es difícil creer que semejante maniobra pudiera realizarse sin que los ministros del área supieran algo, controlaran ineficazmente o, peor aún, miraran para otro lado.
La investigación en la causa «Jóvenes Emprendedores», iniciada el año pasado, ha expuesto un supuesto fraude millonario, con un desfalco estimado en 250 millones de pesos y decenas de jóvenes damnificados.
El fin de semana pasado, nuevos allanamientos en varias localidades pusieron bajo la lupa a exfuncionarios del Ministerio de Producción durante la gestión de Gustavo Bordet, quienes habrían aprovechado el programa para beneficio propio, utilizando a personas en situación de vulnerabilidad. Los operativos fueron dirigidos por la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, bajo la supervisión del fiscal Gonzalo Badano.
Hasta el momento no aparecieron los nombres ni de Juan José Bahillo o Laura Stratta que fueron los conductores políticos del programa por el cargo que ocupaban. Sin embargo, a muchos les llama la atención que ninguno de los dos experimentados funcionarios se hayan percatado de lo que habría estado sucediendo.
Las operaciones se llevaron a cabo en calles Catamarca, La Chamarrita, Urquiza, en el kilómetro 16 de la ruta nacional 12, y Antequeda, incautándose dispositivos informáticos y documentación relevante para la investigación.
Entre los implicados se encuentran Pedro Gebhart, exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor; Cristian Klein, exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; Tomás Osorio, exdirector de Políticas de Apoyo a Emprendedores; y Claudio Rosas Vicco, actual funcionario en la Dirección de Administración Contable del gobierno entrerriano.
La denuncia fue presentada por la Fiscalía de Estado tras detectar numerosas irregularidades en el programa. Desde entonces, la investigación ha revelado que jóvenes de barrios marginados de Paraná, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza, fueron utilizados como prestanombres para obtener los créditos. Algunos beneficiarios denunciaron que recibieron intimaciones de pago de créditos que jamás solicitaron.
Tres personas, incluyendo a Alejandro Usatinsky, actuaron como intermediarios encargados de reclutar a los prestanombres. Usatinsky es conocido por haber organizado fiestas electrónicas durante la pandemia. Estos intermediarios, contratados como «capacitadores», falsificaban la documentación necesaria para aprobar los créditos y luego se quedaban con la mayor parte del dinero, entregando solo un mínimo porcentaje a los beneficiarios.
La investigación sigue su curso y se esperan más medidas en los próximos meses. Mientras tanto, los exfuncionarios y sus cómplices se ven cada vez más acorralados. Algunos de ellos fueron vistos recientemente en Punta del Este, lo que ha levantado más sospechas sobre el origen de su financiación.
El origen del caso se remonta a cuando la nueva gestión del Ministerio de Desarrollo Económico intentó cobrar los créditos y descubrió que muchas personas ni siquiera sabían que habían recibido uno. También se sospecha que Claudio Rosas Vicco podría haber falsificado informes para facilitar el fraude.
Con una montaña de evidencia acumulándose, la justicia deberá determinar las responsabilidades de todos los implicados en este desfalco al Estado.
Los nuevos sospechosos
La acusación fiscal sumó nuevos protagonistas. En este contexto, se sostiene que la conducta llevada a cabo por los implicados habría sido la utilización de datos de personas que figuraban como solicitantes de créditos sin un objeto real. Una vez autorizados, el dinero era acreditado en las cuentas bancarias y posteriormente retirado, entregándose total o parcialmente a funcionarios del programa o a terceras personas aún por identificar. Entre los implicados se encuentran Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, entre otros. Estos últimos se encargaban de contactar a diferentes personas para obtener sus datos y tramitar las solicitudes de créditos ficticios.
Fuente: Análisis/APF/EyP
