En el inicio del debate por la causa de los «contratos legislativos» en Entre Ríos, el abogado defensor Tomás Vírgala, quien representa a Ariel Faure, uno de los acusados, realizó fuertes cuestionamientos sobre el tratamiento de la evidencia por parte de la fiscalía.
En una entrevista en el programa radial Simplemente Inocente, que se emite por Vorterix Litoral los jueves de 13 a 15, el letrado expresó su preocupación por lo que considera un «desmanejo y una falta de diligencia alarmante a la hora de tratar la evidencia que se recolecta en cuestiones digitales».
En la causa Contratos el Ministerio Público Fiscal acusa a 19 personas de la sustracción de fondos públicos a través de contratos entregados por las cámaras legislativas provincias a personas que no realizaban ningún tipo de contraprestación al estado. En un principio eran 32 los acusados, pero 12 accedieron a suspensión de juicio a prueba por tres años y para el contador Gustavo Falco se pedirá su sobreseimiento como se acordó en la última audiencia del jueves.
Vírgala explicó que la defensa comenzó la etapa de remisión a juicio presentando «exclusiones probatorias», buscando que ciertos elementos no sean admitidos en un eventual juicio por no cumplir con las condiciones de ingreso. En este sentido, criticó la aplicación laxa de los protocolos para la conservación de la evidencia digital, argumentando que la novedad de las herramientas digitales no justifica la falta de rigor.
«No tiene asidero por sí mismo porque estamos hablando de que computadoras hay del año 90, celulares también un tiempo después», señaló Vírgala, enfatizando que lo que falta es que el derecho tome con seriedad la preservación de la evidencia digital más allá de un reconocimiento testimonial.
El abogado subrayó la importancia de la cadena de custodia, que asegura que el elemento secuestrado es el mismo que llega a juicio sin alteraciones. «El sistema está obligado por sí mismo a conservar la cadena [de custodia], es una obligación concreta», afirmó, recordando que en la provincia existe un protocolo de conservación digital que, según su postura, no se cumplió. «Se establece que hay que fotografiar todo antes de secuestrar, esto no se cumplió», denunció, atribuyendo esta situación a una «ignorancia deliberada» del protocolo.
Un punto central de la crítica de la defensa radica en los informes de extracción de datos de computadoras y teléfonos realizados por un gabinete del propio Ministerio Público Fiscal. Vírgala cuestionó la imparcialidad de esta práctica: «¿Le parece justo al oyente que el mismo organismo que acusa haga las extracciones de la información? ¿No sería mejor que sea un organismo ajeno al Ministerio Público, por ejemplo, que dependa del poder judicial?».
En contraposición a estos informes, las defensas solicitan que se realicen peritajes, donde las partes puedan proponer puntos de análisis y controlar el trabajo de los expertos, garantizando así el contradictorio. «El informe no permite eso porque justamente no es una pericia», aclaró el abogado.
Otro aspecto controversial planteado por Vírgala se refiere a las órdenes de allanamiento, calificándolas de «genéricas» por no especificar concretamente qué se buscaba en relación al hecho investigado. «Se secuestra las computadoras, los teléfonos, los papeles o todo otro documento de interés para entonces ¿qué es porque lo que ustedes señalaban que fiscalía iba iba a la pesca?», cuestionó, utilizando la gráfica expresión para denunciar la falta de precisión en las órdenes. «La propia Constitución te lo prohíbe y actuar eh contradiciendo eso y principalmente sin dar elementos para que yo te diga porque yo te digo mira voy a hablar en genérico no no no», sentenció.
El letrado también manifestó su preocupación por la falta de seguridad jurídica al señalar un presunto contrasentido en la postura de la fiscalía, que aparentemente exigiría el cumplimiento estricto de los protocolos cuando le sirve para acusar, pero los consideraría meras sugerencias cuando favorecen a la defensa. «¿Para qué se sancionó [el protocolo]? ¿Para qué se sanciona cosas que no son aplicables? No tiene lógica», reflexionó.
Finalmente, Vírgala se refirió a la convocatoria de testigos por parte de la fiscalía, señalando que algunos de ellos podrían tener una participación asignada en la hipótesis acusatoria, lo que podría comprometer la veracidad de sus testimonios. También mencionó la cuestión de la nulidad de los contratos y cómo las declaraciones en el juicio penal podrían afectar futuras acciones civiles. Si bien reconoció el contexto electoral en el que surgió la causa, Vírgala expresó su deseo de creer que las acciones judiciales no responden a especulaciones políticas.
El lunes a las 9 continuará fiscalía relatando los hechos imputados para que luego las defensas exponga.
