Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos ratifica su compromiso de trabajo por los derechos de las mujeres, el cual se expresa transversalmente en las funciones de todos sus operadores/as y organismos, bajo los lineamientos institucionales trazados por el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez. El acceso igualitario a la Justicia, la protección especial de las niñas y adolescentes, el control de legalidad en situaciones de salud mental y la prevención de la violencia son algunos de los ejes de esta tarea.
Este año, bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, la Organización de la Naciones Unidas llama a garantizar y fortalecer el acceso a la justicia, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas sociales discriminatorias, fortaleciendo las protecciones legales y afrontando las barreras estructurales.
En esa misma línea, en el marco de su incumbencia, el MPD lleva adelante acciones que se propone fortalecer día a día, en el entendimiento de que hacer efectiva la igualdad ante la Justicia es un deber ineludible. El primer paso es reconocer que aún existen condiciones sociales y culturales que obstaculizan ese mandato y, en ese sentido, la perspectiva de género y las capacitaciones permanentes —como las previstas en la Ley Micaela— han sido claves para este Ministerio Público en los últimos años, como así también las distintas articulaciones con instituciones y sectores de la provincia.
Justicia accesible
El MPD tiene la función de promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, garantizar el efectivo acceso a la justicia y otorgar asistencia jurídica integral a las personas en situación de vulnerabilidad. Si bien estas acciones son para todas las personas independientemente de su género, en muchas oportunidades las mujeres siguen afrontando dificultades para acceder a los servicios de justicia, lo cual continúa interpelando a los/as operadores/as en sus intervenciones, no solamente defensores y defensoras, sino también profesionales de equipos técnicos y agentes.
Conviene recordar que las «100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad» señalan que por éstas se entiende a quienes encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico. Una de las razones de esas dificultades es, justamente, el género.
De la mano de los cambios introducidos en las últimas décadas por quien fuera Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, los enfoques de derechos humanos, género y diversidad transformaron y continúan transformando el modo de litigar, de escuchar y de construir justicia desde la Defensa Pública. Las intervenciones en casos concretos se combinan con la promoción de los más altos estándares para la protección de los derechos humanos.
Con esa mirada transversal, actúan los distintos organismos que integran el MPD. Las Defensorías con competencia Civil de toda la provincia brindan asistencia jurídica gratuitamente a las personas que no tienen recursos para contratar un abogado o abogada para temas de familia, salud y vivienda, entre otros. Por ejemplo, por actuación judicial o extrajudicial, impulsan medidas de protección en contextos de violencia familiar y de género, reclamos alimentarios, divorcios y efectividad de prestaciones de salud, entre otras acciones.
Las defensorías penales, por su parte, defienden a las personas acusadas de haber cometido un delito cuando no designen un profesional particular, con el objetivo de que se respeten sus derechos y garantías constitucionales. Las defensorías de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad prestan especial atención a las condiciones en que las mujeres se alojan en instituciones penitenciarias —en ocasiones, junto a sus hijos e hijas— y a la protección de sus derechos. Y otros organismos del MPD protegen y asisten a grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, personas con padecimientos de salud mental y víctimas de abusos policiales u otro tipo de violencia institucional.
Asimismo, durante el año pasado comenzó a implementarse un dispositivo de abordaje para varones que transitan procesos penales como imputados en contextos de violencia de género, con perspectiva de salud mental y con el objetivo de contribuir a la prevención del delito, en el marco de una defensa integral. Esta acción se implementó en conjunto con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Al mismo tiempo, la Defensa Pública pone énfasis en la necesariedad de la resocialización de las personas condenadas.
Los defensores y defensoras de las respectivas jurisdicciones realizan periódicamente atenciones programadas en distintas localidades, de modo de facilitar la accesibilidad a los servicios. Los canales de comunicación con cada una de las defensorías pueden encontrarse en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/defensorias/.
Protección de niñas y adolescentes
Las 100 Reglas de Brasilia también señalan que la edad puede ser otra de las causas de situación de vulnerabilidad. Además, en nuestro país es norma constitucional y convencional el interés superior del niño/a. Esta especial protección que merecen las personas menores de edad se encara desde el MPD, en el marco de sus funciones, en el contralor de las políticas y prácticas estatales que inciden en la vida de ese grupo vulnerable, tales como las disposiciones acerca de la permanencia en su grupo familiar, las condiciones de alojamiento en residencias socioeducativas y la atención de su salud mental.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER) se encarga de garantizar los derechos de las personas menores de edad en situación de adoptabilidad. A su vez, recientemente comenzó a funcionar el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales, un instrumento alternativo a la adopción para los casos en que sea pertinente.
Asimismo, siempre sin descuidar la perspectiva de género, el Ministerio Público de la Defensa lleva adelante el Dispositivo de Entrevistas Testimoniales Videograbadas (DETVG), el cual permite que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y lesiones sean inerrogados por un profesional especialista en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva. Se trata de un procedimiento que procura evitar la instrumentalización y revictimización, en razón de la vulnerabilidad de la niñez a padecer violaciones a sus derechos humanos.
Salud mental
El Órgano de Revisión de Salud Mental es el organismo del MPD que protege y promueve los derechos humanos de las personas usuarias de las prestaciones de salud mental. Su actuación comprende a los servicios y efectores públicos y privados en el ámbito de la provincia. En tanto, la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental se ocupa de la asistencia jurídica a las personas internadas involuntariamente como consecuencia de su padecimiento mental, así como a aquellas que se encuentran en proceso de determinación de su capacidad.
