La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná dictó una contundente sentencia contra el abogado y exfuncionario provincial Gustavo Eduardo Borrajo, condenándolo a pagar al Estado Provincial la suma de $25.722.684,17 más intereses calculados desde agosto de 1998, lo que actualizado supera los $100 millones de pesos. Borrajo se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999 y cometió graves irregularidades en la gestión de la cartera bancaria. El exfuncionario era quien le manejaba las cuentas millonarias depositadas en bancos de Suiza al exministro de Economía, Eduardo Lalo Macri, ya fallecido.
El fallo, emitido el 28 de marzo de 2023, responsabiliza a Borrajo por graves irregularidades cometidas durante su gestión como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, cuando tuvo a su cargo el seguimiento y cobro de una cartera crediticia cedida por el Banco de Entre Ríos a la Provincia. La acción civil la inició el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y Borrajo tendrá que abonar los 100 millones de pesos en próximas semanas, según se anticipó a ANALISIS. El exfuncionario vive actualmente en Miami.
En 1997, el Estado Provincial había garantizado al Banco de Entre Ríos el cobro de una cartera de créditos por $43.748.708,66, producto de la privatización de la entidad bancaria. De ese monto, la Provincia apenas logró recuperar $468.308,27, dejando un perjuicio fiscal millonario. Borrajo, designado específicamente para centralizar el seguimiento de estos juicios de cobro, asumió funciones el 27 de mayo de 1996 y se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 1999. Durante ese período, recibió documentación de 606 casos por un importe total de $25.722.684,17.
Las irregularidades detectadas
El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una exhaustiva investigación que reveló una serie de incumplimientos graves:
- Ausencia total de rendición de cuentas: Borrajo nunca presentó rendiciones documentadas de su gestión, limitándose a informes periódicos verbales sin respaldo documental.
- Falta de documentación: al finalizar su gestión en diciembre de 1999, no quedaron expedientes relacionados con la cartera cedida en la Dirección de Asuntos Jurídicos que había estado a su cargo.
- Pérdida de control de las causas judiciales: no hubo seguimiento ni control efectivo de los 606 juicios que debía gestionar.
- Imposibilidad de verificación: la ausencia de documentación impidió incluso a los peritos contables realizar cualquier auditoría posterior.
El fallo de la Cámara
Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui fueron contundentes al señalar que «la conducta desplegada por el accionado se ha limitado a cuestionar» aspectos formales del proceso, pero «en modo alguno tendiente a demostrar o acreditar su diligencia en la función».
La sentencia aplicó el principio de que en el cumplimiento irregular de funciones públicas, «surge la culpa ‘in re ipsa'» (la culpa en sí misma), y que correspondía al funcionario demostrar su «no-culpa», carga probatoria que Borrajo no pudo satisfacer.
El tribunal destacó que «la ausencia de rendiciones de la referida cobranza con el correspondiente respaldo documental, en modo alguno puede impedir la cuantificación de un perjuicio fiscal» ni «el establecimiento de la responsabilidad del funcionario por la omisión cometida».
La condena incluye el capital de $25.722.684,17 más intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación (TABNA) desde el 6 de agosto de 1998 hasta el efectivo pago. Esta capitalización de intereses durante casi tres décadas eleva el monto a más de $100 millones de pesos actuales. El fallo también impuso las costas judiciales de ambas instancias al condenado y confirmó la responsabilidad civil del exfuncionario por el incumplimiento de sus deberes públicos. Esta sentencia representa uno de los casos más significativos de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos en la provincia, estableciendo un precedente sobre las consecuencias de la negligencia y la falta de rendición de cuentas en la administración de recursos estatales.
Un abogado peculiar
En los dos últimos años de la segunda Gobernación de Jorge Busti y Raúl Franzoni estaba como presidente del Instituto del Seguro, se implementaron planes de retiros voluntarios, venta desmedida a una cartera de clientes con alta siniestralidad y el retraso en el pago a los beneficiarios. Las indemnizaciones por los retiros oscilaban los 100.000 dólares. Una de las personas que estaba como asesor del IAPS recibía un porcentaje de las indemnizaciones cobradas por los empleados, por lo cual se encargó de promover la salida de cada uno de ellos y, a su vez, trataba de ubicarlos en aseguradoras privadas. Muchos de ellos pasaron a las compañías Rivadavia y Sancor. Uno de los que ingresó a ésta última empresa se llevó una cartera cercana a las 700 pólizas.
El abogado Franzoni se negó a privatizar las firmas y hacer caer el IAPS y por ende se tuvo que ir de la conducción. Y se dedicó a los negocios inmobiliarios, con varias inversiones en Paraná y alrededores. El interventor fue Gustavo Borrajo, abogado de Eduardo Macri y Raúl Rico. Borrajo fue nombrado por el entonces ministro de Economía, Marcelo Casaretto, como director de Asuntos Administrativos del Ministerio. Lo primero que hizo Borrajo, en esos días de 1998, fue firmar un convenio con el estudio jurídico de los abogados Guillermo Bolado y Hernán Sábato, de Capital Federal, a través del cual se estableció que los honorarios eran en función de porcentajes del monto conformado por la reducción lograda, respecto a las pretensiones originales de cada actor. Si bien fue objetado por el Tribunal de Cuentas –ya que se efectuó por contratación directa y no por licitación, como hubiera correspondido-, nunca se hizo lugar al planteo y ni siquiera tuvo algún tipo de repercusión en la prensa. “Es gente amiga de Borrajo”, se comentó apenas se rubricó el acuerdo. Borrajo vivió en Buenos Aires hasta que Rico y Macri volvieron a Paraná, a sumarse al staff de funcionarios de Busti. Trabajó junto a Rico en ATC y cuando desembarcó en la capital entrerriana fue a parar a la Secretaría de Energía de la provincia, que llevó adelante el negocio del gasoducto. Borrajo era amigo personal de Eduardo Macri, al punto tal que era quien le manejaba las cuentas bancarias en Suiza. Y luego fue a la mencionada repartición de Economía.
No fue el único estudio capitalino favorecido; también se firmó un convenio con el abogado Alejandro Bosh Madariaga. En los dos casos los profesionales fueron favorecidos con la asignación de las causas de mayores montos que tenía el IAPS. Y si bien tales convenios incluían el pago de honorarios como un porcentaje del ahorro surgido por la diferencia, entre la pretensión del actor y el monto acordado, en el acuerdo con la dupla Bolado-Sábato los términos del pago diferían de los del resto.
En abril de 2004, la revista ANALISIS denunció que el exministro Eduardo Macri contaba con tres cuentas bancarias en Suiza, aunque a nombre de sociedades fantasmas, con sede en el Uruguay. Macri tenía una cuenta en el Bank Leu de Zurich -perteneciente al grupo Credit Suisse- denominada Wini, que era la número 0065-888216-232, por donde transitaron más de un millón de dólares entre 1997 y el 2001, pero que luego fue derivada a otra. O sea, los movimientos comenzaron a poco de producirse su renuncia al cargo de ministro, después que ANALISIS revelara movimientos bancarios en cuentas uruguayas, que terminaron con su renuncia, precisamente el 31 de diciembre de ese año. Esos movimientos de dinero no los hizo personalmente Macri, sino que siempre contó con el asesoramiento y ejecución de su amigo, el abogado Gustavo Borrajo, oriundo de Gualeguaychú, pero con actividades en Capital Federal y Paraná. Uno de los mejores amigos de Borrajo se llama Alfredo Elgue, también oriundo de Gualeguaychú, quien era funcionario del Banco Velox. A través de Elgue, Macri tenía cuentas en el Velox, colocadas en el Caja Obrera de Montevideo.
Elgue se alejó del Velox y se llevó consigo su cartera de clientes. Así fue como las cuentas de Macri pasaron al Bank Leu de Zurich, a través de las operaciones que se hacían y hacen desde la oficina en Argentina de calle Florida 375, piso cuarto de Capital Federal. La representante del Leu es Marina Harteneck de Cuervo y Elgue fue nombrado ejecutivo de Cuentas. Así fue como Macri abrió la cuenta Wini en 1997, pero en el 2001 se cerró y fue transformada en otras dos cuentas. Por un lado se abrió la número 0065-388780-92, a nombre de la sociedad Wingreen Internacional S.A., cuyo beneficiario era Macri. Pero también se abrió la cuenta a nombre de Ramgate S.A., con el número 0065-636384-32, cuyo movimiento de fondos se desconoce, aunque se estima que tenía no menos de 300.000 dólares. Ramgate se constituyó en Montevideo el 15 de septiembre del 2000. Las dos últimas empresas off shore -que fueron compradas y luego nombrado un directorio, como habitualmente se hace en Uruguay o en los conocidos paraísos fiscales- fueron legalizadas ante el consulado suizo en Montevideo. A su vez, Macri hizo abrir la cuenta número 0065-116707-82, a nombre de otra sociedad: Notki Investment S.A., que fue inscripta el 28 de julio del año 2000, con el número 7531 del Registro Nacional de Comercio de Uruguay y publicada en forma legal el 14 de agosto de ese mismo año. En todas las operaciones participó como apoderado o asesor legal y contable el abogado Borrajo. La sociedad de Notki Investment SA fue la última constituida por Macri. En la documental del 17 de abril del 2001 se le da “poder general de la empresa” a Néstor Fernando Grifoni, en un acta notarial redactada en Montevideo. Grifoni tenía domicilio en Intendente Guillermo Palma 936 de Paraná. Fue hombre de confianza de Macri en el Ministerio de Economía de la provincia, en el primer gobierno de Busti y era empleado de la firma Inenco SRL, con sede en Santa Fe, donde Macri tenía acciones, en sociedad con Jorge Paviotti. El empresario es oriundo de Concordia y vive en Santa Fe desde hace varios años. Allí se transformó en dueño de Forestal Sauce Viejo, de La Minera SRL, la empresa Inenco y se quedó con Canal 9 de Paraná, -a través de Bopavisión, varios años antes de la actual conducción empresaria-, donde ubicó como gerente a Gustavo Borrajo. Este último tiene además un departamento junto con Paviotti, en un costoso lugar de Miami, donde actualmente reside Borrajo.
El mencionado Grifoni trabajó en Inenco hasta julio de 2006. En agosto de ese año pasó a desempeñarse en el Ministerio de Economía de Entre Ríos y en mayo de 2008 fue al Consejo General de Educación, ya en la administración de Sergio Urribarri.
Notki Investment SA fue legalizada incluso ante el Consulado Argentino en Montevideo. Dicha tarea la llevó adelante la Rockney Consultants Ltd., con sede en Islas Caymán, por lo cual percibió 300 dólares de honorarios de parte de la sociedad de Macri. En ese tiempo, la firma Notki recibió varios depósitos, provenientes de la agencia de cambios Divisar Sociedad Anónima, de Montevideo. Las enviaba el contador Carlos Casarotti, con domicilio en Buenos Aires 618 de la capital uruguaya, quien figura como director de Notki. Según los registros a los que se accedió, el 18 de septiembre del 2000 se depositaron 190.000 dólares. Ese mismo día, se enviaron otros 200.000 dólares. Cuatro días después se depositaron otros 250.000 dólares y otros 175.000 dólares. O sea que en menos de una semana ingresaron 815.000 dólares a la sociedad uruguaya del exministro. Macri llegó a tener, en Suiza, casi 1.700.000 dólares. Pero la justicia entrerriana (donde se radicó una denuncia por enriquecimiento ilícito, en el juzgado de Susana Medina de Rizzo) nunca encontró las cuentas.
Fuente: Análisis Digital
