Elvio Garzón, Juez de Garantías de Paraná, se manifestó enérgicamente en contra del proyecto de reforma a la ley de Juicio por Jurado que se debate en el Senado de Entre Ríos. El magistrado, reconocido por su trabajo en la implementación de esta herramienta constitucional, calificó la propuesta de recorte de competencias como inconstitucional y una «vergüenza» la baja performance de los tribunales de Paraná en la aplicación de la ley.
Garzón señaló en diálogo con Simplemente Inocente que el «meollo de la cuestión» es la modificación del artículo 2 de la ley, que busca reducir «drásticamente la competencia». Según Garzón, una vez que el juicio por jurado se implementa en Argentina, se vuelve operativa la cláusula constitucional del artículo 118, que establece que «todos los juicios criminales terminarán por juicio por jurado,» implicando que deben ser obligatorios.
Al pretender recortar esta competencia, no solo se incurre en inconstitucionalidad, sino que «se cercena de manera grosera el poder de la ciudadanía de administrar justicia en este caso penal».
Garzón se mostró «más que sorprendido» ante el proyecto, especialmente considerando que la ley de Entre Ríos fue sancionada por unanimidad y es considerada, incluso por expertos, como una de las mejores de la República, a tal punto que otros países (como Brasil y Uruguay) están consultándola. Este recorte implica «impedirle a la sociedad que administre justicia en el único poder democrático que no es democrático».
Crítica a los argumentos detractores
El Juez de Garantías abordó los argumentos recurrentes contra el juicio por jurado, como los costos y los plazos razonables. Indicó que las estadísticas demuestran que estas observaciones carecen de asidero, ya que los detractores han tenido que modificar sus argumentos porque se caían. De hecho, los juicios que más demoran son típicamente los de corrupción, los cuales se tramitan y resuelven ante «jueces técnicos». Como ejemplo, citó la causa de las «cosechadoras truchas,» que data de 2012 y aún se encuentra en juzgado de transición.
Garzón hizo una fuerte distinción entre jurisdicciones, señalando que el problema principal se ubica en Paraná. Un abogado (por José Ostolazza) que ha llevado adelante 13 juicios por jurado en la Costa del Uruguay afirmó que allí «no se violan los plazos razonables».
En contraste, en Paraná, desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2025, solo se realizaron 30 juicios con nueve miembros del Tribunal de Juicio y Apelaciones competentes, lo que significa un promedio de «cinco juicios por año, una vergüenza». En Concepción del Uruguay, por ejemplo, se realizaron 22 juicios con solo cinco jueces.
Según el magistrado, el inconveniente no es atribuible a la dinámica de la herramienta del juicio por jurado en sí, sino a «ciertos operadores». En casos comunes, como homicidios o abuso sexual, las causas podrían estar remitidas en un plazo de tres a ocho meses.
Resistencia de la magistratura
El juez consideró que la intención de restarle competencia al jurado popular obedece a cuestiones que son «muy mezquinas», relacionadas con no perder la autoridad, el «manto sagrado que tienen los jueces y magistrados del poder judicial respecto del resto de los ciudadanos».
También refutó la preocupación expresada por figuras importantes del Poder Judicial, como el Procurador General (quien siempre se ha manifestado en contra del juicio por jurado) y el Defensor General, respecto a la «sapiencia» o capacidad del Jurado Popular para abordar delitos sensibles. Garzón tachó esto como una «subestimación ridícula de la capacidad de nuestro ciudadano».
Recalcó que el jurado no delibera sin guía; al contrario, el juez técnico les da instrucciones precisas tanto al inicio como antes de la deliberación, explicando las garantías constitucionales y los distintos tipos penales, y los 12 miembros titulares deben lograr la unanimidad en el veredicto.
Contradicción logística y económica
En cuanto al argumento de los costos, Garzón expuso una gran contradicción en el proyecto de reforma: se propone aceptar medios alternativos de resolución de conflictos, como el juicio abreviado, hasta el inicio del debate (artículo 51).
Esto es problemático porque se permite esta salida después de que ya se ha realizado toda la logística costosa para la selección del jurado (convocatoria, Vóir Dire, viáticos y organización de la sala). Un jurado que ya fue elegido y al que se le dio una remuneración inicial sería despedido si se presenta un abreviado en ese momento, lo que invalida cualquier ahorro.
Además, advirtió que si se aprueba la ley y los juicios de abuso sexual vuelven a jueces técnicos, y la Corte Suprema declara inconstitucional la nueva ley, «todos estos juicios que se hicieron ante jueces técnicos vendrían a ser nulos», generando un enorme dispendio judicial y económico.
Finalmente, sobre el fallo que habilita recurrir los veredictos absolutorios (de no culpabilidad) emitidos por el jurado, Garzón manifestó estar «totalmente en desacuerdo», ya que la ley particular establece que el veredicto absolutorio es irrecurrible, salvo casos de soborno o extorsión.
Un llamado a la ciudadanía
Para aquellos ciudadanos que manifiestan desconfianza en la potestad del jurado popular, Garzón les ofreció un mensaje directo: el jurado brinda la «gran posibilidad de si alguno se viera involucrado en la justicia ser juzgado por sus pares».
Los jurados son personas que provienen de la vida diaria, aplican el «sentido común» y comparten la misma idiosincrasia (como un panadero o un trabajador de la construcción), asegurando la heterogeneidad y la representatividad de la conformación.
