A dos décadas de su sanción, la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo (Ley 26.052), que invitaba a las provincias a asumir la persecución del microtráfico, se encuentra en el centro de un intenso debate sobre su efectividad y los resultados de su implementación. Recientemente, el Gobierno Nacional ha relanzado un programa para que las provincias restantes se adhieran a este régimen, a pesar de que las propias estadísticas oficiales ponen en tela de juicio su éxito. El abogado Andrés Bacigalupo, experto en la materia, ofreció en Simplemente Inocente, programa que se emite por Radio Vorterix, una mirada crítica y profunda sobre este panorama.
Orígenes y propósito
La ley nació hace 20 años como respuesta a una profunda preocupación social en el Conurbano Bonaerense, influenciada por el clima de la época posterior a la reforma Bloomberg (Ley 25.886). Bacigalupo explica: «la cuestión de la droga siempre estuvo muy vinculada con la asociación al delito y al crimen […] y esta ley cuando nace, nace por una gran preocupación que había en el Conurbano Bonaerense».
La idea original era que las provincias se hicieran cargo del microtráfico, permitiendo que la justicia federal se concentrara en combatir a los grandes narcotraficantes y las estructuras complejas del crimen organizado. Sin embargo, la realidad ha demostrado un camino diferente.
Atacando el eslabón más débil
La principal crítica a la ley radica en su ineficacia, ya que está destinada a atacar el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. En palabras de Bacigalupo: «La inefectividad de esta ley proviene de que está destinada a atacar el eslabón débil».
Esto se alinea con el fracaso de las políticas de drogas a nivel mundial que se centran puramente en la oferta. «Es como el fracaso de las políticas de droga a nivel mundial, sean en todos los países, por más que distingan o no el microtráfico, es que se ataca pura y exclusivamente a la oferta de droga», señala el experto.
Los números son contundentes:
• En la justicia federal, el 75% de las condenas en 2022 y 2023 corresponden a delitos de narcocriminalidad. Sin embargo, solo el 0,4% de esas condenas pertenecen a delitos de alta sofisticación como la organización y financiación del narcotráfico (Art. 7 de la ley).
Bacigalupo es tajante al respecto: «Estos números dan por tierra de que la justicia federal en estos 20 años verdaderamente y eficazmente persiga o pueda perseguir al crimen organizado narcotráfico a grandes estructuras, es decir, es prácticamente un chiste número».
Un ejemplo alarmante es que en Paraná, solo hubo una causa este año por financiamiento, mientras que una causa de cultivo y venta de marihuana (sin siquiera un arma secuestrada) se consideró un «crimen de alto impacto».
• La Red de Jueces Penales Bonaerenses, una asociación civil, ha emitido comunicados anuales instando a la derogación de la adhesión provincial a la ley, considerándola «extremadamente ineficaz» y aportando estadísticas sobre la superpoblación carcelaria.
• Un informe del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires reveló que en 2023 se iniciaron 77.000 investigaciones por narcomenudeo, pero solo el 3% llegó a juicio, una cifra que subraya la ineficacia de la estrategia. Bacigalupo concluye: «No debe existir ley más ineficaz que esta digamos estrategia de abordaje».
• Un informe de la PROCUNAR del año pasado indicó que en la justicia federal, el 50% de las causas iniciadas (no condenas) son por tenencia para consumo personal o tenencia simple, lo que implica un enorme dispendio jurisdiccional en casos no vinculados al circuito de narcotráfico. Muchas de estas causas involucran a «mulas» o personas en situación de vulnerabilidad detenidas en rutas con pequeñas cantidades de droga, lo que a menudo representa una «salida laboral» en contextos de crisis.
El «Sinceridio» gubernamental y la invitación al «Caos»
Sorprendentemente, el actual programa nacional de federalización impulsado por el Gobierno Nacional, a 20 años de la ley, reconoce en sus fundamentos la ineficacia de la estrategia. «El gobierno nacional ahora a 20 años de esta ley impulsa como un programa nacional de federalización invitando a las provincias restantes que faltan a que se adhieran a este régimen, pero vos fíjate que en los fundamentos de este programa con estadísticas que no se pueden negar ni mentir las termina viendo como un sinceridio del gobierno nacional», comenta Bacigalupo.
A pesar de los malos resultados, se invita a las provincias restantes a adherirse, lo que ha sido interpretado por algunos como una invitación a «sumarse al caos».
Bacigalupo lo resume con la expresión: «sumate al caos, claro, sumate al caos». Actualmente, 12 provincias están adheridas, incluyendo distritos de gran densidad poblacional como Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, lo que significa que una gran cantidad de personas se rigen por esta ley.
«Cruzada Silenciosa»
El fenómeno del narcotráfico es comparado con una «pandemia» que se abordó mal, generando violencia e inseguridad y erosionando la salud pública y la educación. La cárcel y la persecución punitiva no han demostrado ser la solución. Bacigalupo afirma que «el fenómeno prohibicionista de sustancia que vos apliques en cualquier lugar del mundo es como causa y efecto, siempre va a tener el mismo efecto».
En este contexto, ha surgido un concepto interesante en el nuevo programa nacional: la consideración de la «evidencia empírica» y estudios académicos para avalar la efectividad de las estrategias.
Esto abre un diálogo crucial entre dos visiones contrapuestas de la sociedad civil: aquellos que abogan por la «tolerancia cero» a las drogas (a menudo por experiencias personales dolorosas) y aquellos que sostienen que el prohibicionismo es el verdadero problema, promoviendo un enfoque sanitario y de reducción de riesgos y daños, como lo ha sugerido la Corte Suprema en el fallo «Arriola» de 2009 y diversas políticas europeas.
Un ejemplo claro de la ineficacia es el cannabis: a pesar de la existencia de una ley de cannabis medicinal y sistemas de registro, el 87% de las sustancias secuestradas en Buenos Aires en 2023 fue cannabis, lo que sugiere un constante «desgaste» de recursos en la persecución de una sustancia cuyo uso terapéutico está regulado.
Finalmente, el gobierno actual ha adoptado una postura conservadora en materia de drogas. Aunque no ha querido «correr el costo político» de derogar la ley de cannabis medicinal (REPROCANN), ha habido una «cruzada silenciosa» o «cacería» contra los cultivadores registrados, aumentando la burocracia para el acceso al derecho a la salud y enfocando la política desde una perspectiva de seguridad en lugar de salud.
Bacigalupo describe: «Sí hay hay como una cruzada silenciosa, vamos a decir como una cacería, una cacería silenciosa de personas que acuden a estos registros para cultivar». Esto se ha evidenciado en la eliminación de la ARICAME (Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal) y las restricciones al REPROCANN, a menudo criminalizando a cultivadores y usuarios con fines terapéuticos.
En conclusión, a 20 años de su implementación, la Ley de Narcomenudeo enfrenta un escrutinio sin precedentes. Los datos y las palabras del abogado Andrés Bacigalupo sugieren una estrategia ineficaz, que satura los sistemas judiciales y carcelarios con delitos menores, mientras el crimen organizado de gran escala sigue evadiendo la justicia. El debate sobre el futuro de la política de drogas en Argentina es más urgente que nunca, y la inclusión de la «evidencia empírica» podría ser un paso hacia un abordaje más racional y efectivo.
