La Defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López, junto a representantes de organizaciones sociales, educativas y sanitarias, presentó este jueves una denuncia ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades en las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la capital entrerriana. El eje de la presentación gira en torno a la aparición de la firma de un médico auditor en constancias locales, el mismo profesional que había denunciado falsificación de su rúbrica en la provincia de Misiones.
Según explicó López al portal Debate Abierto, durante la semana de auditorías se detectaron inconsistencias graves que afectan directamente a personas con discapacidad, muchas de ellas beneficiarias de pensiones no contributivas. Los citados eran convocados a un hotel céntrico, en algunos casos sin saber si el domicilio era real ni si la citación era válida. La confusión se agravaba por la exigencia de subir documentación en 30 días a la plataforma de trámites a distancia o acudir a ANSES, donde no se les brindaba atención sin turno previo.
El punto más crítico de la denuncia se vincula con el nombre del médico Leandro Peñaloza, domiciliado en Pergamino, quien había denunciado públicamente la falsificación de su firma en Misiones. Al revisar constancias de auditoría en Paraná, se advirtió que varias llevaban su firma, lo que encendió las alarmas sobre la legitimidad del proceso. La Defensoría y los organismos intervinientes solicitaron una investigación formal a la Fiscalía Federal.
Las auditorías fueron realizadas por una consultora externa contratada por ANDIS. El personal presente no contaba con el padrón completo de beneficiarios, solo con los datos de quienes estaban citados ese día. López señaló que no se identificó a ningún médico en el lugar y que las firmas parecían escaneadas. Además, se mencionó que algunos de los auditores involucrados en Paraná habrían participado en un incidente en Misiones, donde una médica agredió a un intendente.
Aunque la denuncia no está vinculada con los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre presuntos cobros indebidos, López subrayó que “sí existe una irregularidad evidente”. La situación es alarmante: hay personas a quienes ya se les ha suspendido la pensión, y no se están cumpliendo los fallos judiciales que ordenan su restitución. Si bien el actual interventor de ANDIS anunció la paralización de auditorías y suspensiones, el daño ya está hecho para muchos.
La Defensora del Pueblo criticó duramente la falta de sensibilidad en el operativo, lamentando que se haya elegido un hotel como sede en lugar de un espacio público adecuado. “Este manejo sugiere que no importaba el gasto y no importan las personas”, expresó.
López reclamó la conformación de un equipo interdisciplinario para evaluar los casos con criterio médico y social, en lugar de aplicar recortes que afectan a personas postradas, que dependen de estos beneficios para comprar medicamentos o pañales. “El monto de las pensiones, aproximadamente 230 mil pesos, aunque es bajo, es el único sustento cotidiano de estas personas”, concluyó.
