Crucecita Séptima, departamento Nogoyá. El 13 de enero de 2002, una familia entera desapareció sin dejar rastro. Rubén José Gill, Norma Margarita Gallego y sus cuatro hijos —María Ofelia, José Osvaldo, Sofía Mercedes y Carlos Daniel— se desvanecieron en el paisaje rural entrerriano, y desde entonces, la provincia vive con una herida abierta que no cicatriza. A más de dos décadas, el caso sigue sin respuestas. No hay cuerpos, no hay rastros, no hay certezas. Solo preguntas que se multiplican y una causa judicial que, durante años, pareció condenada al olvido.
La historia de la desaparición de los Gill es también la historia de una investigación que naufragó desde el inicio. La denuncia formal llegó recién en abril de 2002, tres meses después del último contacto con la familia. En ese lapso, como advierte el nuevo abogado querellante Marcos Rodríguez Allende, “pudieron pasar un montón de cosas” sin registro.
Hoy, con la asunción del abogado Marcos Rodríguez Allende como nuevo querellante, la causa busca un nuevo impulso. “Vamos a empezar de cero con el expediente que hay”, declaró Allende a Simplemente Inocente, y reveló que la madre de Norma, desde Córdoba, aún espera saber qué pasó con su hija y sus nietos.
La actitud del juez de instrucción que tomó el caso en sus primeros años fue otro obstáculo. Durante mucho tiempo, la carátula se mantuvo como “averiguación de paradero”, lo que limitó la investigación a un enfoque superficial, sin considerar hipótesis más graves como desaparición forzada o homicidio múltiple.
El primer allanamiento serio al campo “La Candelaria”, donde vivía la familia, ocurrió seis meses después de la desaparición. En ese operativo, el juez Sebastián Gallino fue recibido por el propietario del campo, Alfonso Goette, con un asado. La escena, salió en los diarios de la época, se convirtió en símbolo de una justicia que parecía más interesada en la cortesía que en la verdad.
La querella también enfrentó trabas insólitas. El primer abogado de la familia, Elvio Garzón, estuvo más de medio año sin poder constituirse como parte, porque el juez argumentaba que la ley no lo permitía expresamente. Esa demora impidió que los familiares pudieran aportar hipótesis, evidencias o líneas de investigación propias en las etapas iniciales.
Mientras tanto, algunos testimonios que se incorporaron al expediente resultaron poco confiables. Un gomero aseguró haber visto a la familia en un Chevrolet SS azul rumbo a Corrientes, aunque se sabía que no tenían vehículo propio y se movían en remís. Además, dijo haber bromeado con uno de los niños, pero un informe médico posterior indicó que el menor tenía dificultades en el habla y “nunca hablaba”. A pesar de estas inconsistencias, el testimonio fue tomado sin mayores verificaciones.
En otro momento, una delegación policial de Paraná llevaba adelante una investigación seria y meticulosa. Sin embargo, por una decisión nunca fundamentada, fue reemplazada por efectivos de Nogoyá. El cambio desarticuló el trabajo que se venía haciendo y volvió a diluir el caso. Años después, en 2016, falleció en un accidente de tránsito Alfonso Goette, el dueño del campo y principal sospechoso. Su muerte cerró una línea de investigación clave y dejó más sombras que certezas.
Durante más de veinte años se realizaron excavaciones, allanamientos, búsquedas con georradar, buzos en tajamares y arroyos. Todo dio negativo. El celular de Norma Margarita Gallego siguió activo por un tiempo, pero no hubo movimientos bancarios, educativos ni migratorios. Los niños no fueron inscriptos en ninguna escuela del país. La familia, simplemente, desapareció.
Hoy, con la llegada de Rodríguez Allende a la querella, se abre un nuevo capítulo. El abogado propone empezar de cero, revisar el expediente completo y articular con fuerzas policiales, equipos forenses y expertos antropológicos. Su objetivo es claro: darle una respuesta a la madre de Norma, que desde Córdoba sigue esperando saber qué pasó con su hija y sus nietos. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 12 millones de pesos por información que permita determinar el paradero de la familia.
Pero el caso Gill ya no es solo una deuda con sus seres queridos. Es una deuda con la sociedad. Nunca antes en democracia argentina desapareció un grupo familiar completo, con cuatro menores incluidos. La resolución de este misterio no solo cerraría una causa judicial: sería un acto de justicia colectiva. Porque a más de veinte años, la pregunta sigue intacta, y la esperanza también. ¿Dónde están los Gill?
