El Gobierno entrerriano comenzó a dar los primeros indicios de lo que podría ser el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. Los funcionarios que tienen a su cargo la tarea son el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el funcionario, Rubén Virué, y el secretario de Legal y Técnica, Esteban Vitor.
Los funcionarios dieron las precisiones que pudieron respecto de los 20 puntos que se dieron a conocer y son parte de un temario tentativo que comenzó a circular entre distintos estamentos que son parte de la provisión del servicio de Justicia o coadyuvan a su funcionamiento y fueron convocados para realizar sus aportes.
Del temario tentativo de 20 puntos estimativos sobresalen: los plazos razonables de una investigación, la regulación específica de la acción privada cuando el MPF dispone el archivo y es confirmado por el fiscal coordinador; la posibilidad de que el Estado sea querellante en materia penal; la incorporación de la figura del arrepentido y del informante; la incorporación al proceso contra personas jurídicas; regulación de una etapa previa a la IPP y su duración.
También se enumeraron la duración del proceso y plazos para resolver y la problemática con la Ley de Juicio por Jurados en función de una aludida demora en la fijación de las audiencias. En relación a la herramienta constitucional del Juicio por Jurados, del que se precisó que tiene su propia normativa y reglamentación, se añadió el estudio de la posibilidad de que la víctima pueda recurrir el veredicto de no culpabilidad, algo que en la actual normativa no está contemplad.
El abogado Marcos Rodríguez Allende, visitó los estudios de radio Vorterix Litoral y habló en el programa Simplemente Inocente favorablemente sobre la propuesta de reforma del Código Procesal Penal.
El abogado celebró la iniciativa, considerándola «muy interesante» y necesaria para ajustar el código a los nuevos tiempos. Aunque el código actual fue implementado hace relativamente poco, en 2012, los más de diez años de aplicación han revelado áreas de mejora.
Entre los puntos clave de la propuesta de reforma, Rodríguez Allende subrayó:
• Determinación de los Plazos Procesales: Es fundamental establecer límites claros para las investigaciones, distinguiendo entre la apertura de una causa y la declaración de imputado. El objetivo es promover fiscales eficientes que realicen su trabajo con la rapidez necesaria, sin que la falta de recursos sea una excusa para legajos que «llevan años y años de parrilla».
• Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas/Empresas: Una figura que el abogado consideró «muy interesante», ya adoptada en provincias como Mendoza. Esta medida implicaría que las empresas respondan por delitos con sanciones económicas y decomisos, más allá de la responsabilidad penal de las personas físicas que las representan.
• Rol Activo de los Jueces de Garantía: Allende enfatizó que los jueces de garantía deben dejar de ser «simples espectadores» para participar activamente en la protección no solo de las garantías del imputado, sino también del debido proceso en general.
• Fortalecimiento del Querellante Autónomo: Si bien el código actual ya contempla la figura del querellante autónomo que puede tomar la acusación y llevar a juicio con su propio legajo, existe un vacío sobre cómo se detallan los pasos para su actuación. El abogado sostuvo que es «bárbaro» este concepto, pero es crucial dotarlo de las herramientas necesarias para ser «lo más eficaz posible» en su propia teoría del caso, incluyendo la capacidad de usar la fuerza pública para inspecciones o citar testigos, herramientas que hoy posee el Ministerio Público Fiscal.
Contexto y Compromiso Político
El abogado recordó que ya existía un proyecto avanzado de reforma con media sanción en la gestión anterior del exgobernador Bordet, pero el actual gobernador decidió retirarlo para buscar un mayor consenso y profundizar en ciertos aspectos. Existe un compromiso del gobernador para que el proyecto final sea ingresado a la legislatura antes del 15 de diciembre, fecha en que finaliza el período legislativo.
Rodríguez Allende concluye que la reforma es una «necesidad» y una «actualización» del sistema, y destaca la importancia de una participación activa no solo del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, sino también del Colegio de la Abogacía, para lograr un consenso
