El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ofreció un esclarecedor panorama sobre el rol de la Fiscalía de Estado y, particularmente, su determinante intervención en la causa que investiga la supuesta sustracción de sumas millonarias a través de contratos irregulares en la legislatura provincial entre 2008 y 2018.
Rodríguez Signes explicó en el programa Simplemente Inocente, que se emite por Vorterix Litoral, que la Fiscalía de Estado tiene una doble misión fundamental según el artículo 209 de la Constitución Provincial: por un lado, defender el patrimonio de la provincia en juicio, buscando la reparación de daños o la recuperación de bienes; por otro, ejercer el control de legalidad de la actividad administrativa, actuando como asesor legal del gobierno en expedientes clave.
Fue precisamente en el marco de la defensa patrimonial que la Fiscalía desplegó una estrategia innovadora en la mediática causa de los contratos de la legislatura. Esta investigación, que comenzó con una denuncia penal en octubre de 2018, involucra a 32 imputados y un total de 770 contratos de obra a lo largo de una década. Ante la complejidad del caso, la Fiscalía de Estado optó por una vía poco usual pero efectiva: introducirse como actor civil dentro del propio proceso penal. Esta decisión estratégica permitió aprovechar toda la prueba e investigación ya realizada por el Ministerio Público Fiscal, evitando una investigación paralela y significando una importante economía procesal. Mientras el Ministerio Público Fiscal persigue la sanción penal, la Fiscalía de Estado se enfoca en la reparación del daño patrimonial.
El objetivo central es que el dinero vuelva al erario público. Según una pericia realizada por la contadora Batisi (por Mirta Battisti) del Superior Tribunal de Justicia, el monto histórico asciende a 392 millones de pesos, cifra que será actualizada por el juez penal al momento de la sentencia. Este dinero, una vez recuperado, regresará al tesoro de la provincia como ingreso presupuestario, buscando que «las cosas vuelvan a su estado anterior».
El fiscal abordó la polémica sobre la legitimidad de estos contratos. Mientras las defensas argumentan que fueron legítimos, la Fiscalía sostiene firmemente que «sirvieron para cometer un delito», siendo utilizados como una fachada para «sacar dinero de la administración y llevárselo particulares a través de un mecanismo donde hay una asociación ilícita».
La estrategia de recuperación es de doble vía. Además de la acción civil en el proceso penal, existe un camino administrativo impulsado por el Decreto 604 del gobernador. Este decreto solicita a la legislatura declarar la nulidad de los contratos y, posteriormente, encarga a la Fiscalía la recuperación de esos fondos. Ambos caminos se conectan: si se recuperan fondos por la vía administrativa, se descontarán del proceso penal, reforzando el mismo objetivo de reparación patrimonial.
Rodríguez Signes aclaró puntos clave cuestionados por las defensas. Respecto a la solidaridad de los imputados, explicó que en casos de asociación ilícita, la ley establece que todos son responsables solidariamente por el daño total, es decir, cada uno es responsable por la totalidad de los 392 millones de pesos.
Asimismo, desestimó los argumentos de la defensa sobre la supuesta falta de legitimación de la Fiscalía y la prescripción. Aclaró que la determinación de perjuicio por el Tribunal de Cuentas no es una «condición habilitante» para la acción de la Fiscalía, que opera de forma independiente en la mayoría de los casos. En cuanto a la prescripción, enfatizó que el plazo de 3 años comienza a correr desde que el Estado tomó conocimiento del hecho (octubre de 2018). La demanda fue interpuesta antes de que este plazo se cumpliera, por lo tanto, «no hay prescripción».
El fiscal concluyó destacando la importancia del sistema acusatorio, que, aunque a veces se perciba como lento, permite un debate democrático y la intervención de un juez imparcial. Atribuyó la lentitud a la complejidad inherente de los casos, no al sistema en sí. Subrayó la eficacia de herramientas como los «juicios abreviados», donde los responsables aceptan su culpa y pactan la pena, lo que facilita el posterior resarcimiento civil.
La Fiscalía de Estado, con estas acciones, busca no solo la sanción penal, sino fundamentalmente la recuperación de cada peso para la provincia, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de todos los entrerrianos y el restablecimiento de la legalidad patrimonial
