El presidente de la Junta Federal de Justicia de Paz y juez de Santa Elena, Guillermo José Vega, recorre el territorio nacional palpando las diversas realidades de una justicia fundamental para los ciudadanos, desde las carencias en el norte hasta el desarrollo de Entre Ríos, y destaca su rol crucial en el acceso a la justicia y la atención de problemáticas sociales.
En diálogo con Simplemente Inocente que se emite por Radio Vorterix Litoral habló del abanico de realidades que observó en el territorio nacional, con su vasto territorio y formato federal, presenta un «abanico tan importante y diversidad» en las competencias de los juzgados de paz, influenciadas por las regiones, idiosincrasias y climas.
Vega ha viajado extensos kilómetros, conociendo tanto el sur patagónico, incluyendo un simbólico viaje a las Islas Malvinas para enfatizar la cobertura de todo el territorio, como el norte, llegando hasta Rosario de la Frontera, Salta, y La Quiaca, Jujuy.
Una de las premisas que Vega destaca es que los jueces de paz se transforman en la «garantía de acceso a la justicia para cada persona en cada rincón del territorio». Sin embargo, esta realidad no es uniforme.
El recorrido de Vega ha visibilizado diferencias drásticas en las condiciones de los jueces de paz. En provincias como Salta y Jujuy, los jueces de paz no perciben sueldo ni tienen obra social, cubriendo su función como «meros notificadores». Su sistema de cobro es complejo y basado en la productividad, es decir, por la cantidad de oficios o trabajos realizados, lo cual dista mucho de la intangibilidad y estabilidad que debe tener un magistrado. Esta situación, según Vega, «hace que se pierda una premisa que hoy empieza a ser de grado universal internacional que es el acceso a la justicia de las personas». Durante su visita a Rosario de la Frontera, se reunió con una asociación de jueces de paz que «la pasan muy mal».
En marcado contraste, la provincia de Entre Ríos es señalada como «una de las justicias de paz de más desarrollo de la República Argentina con mayor cantidad de competencias». Este avance se debe a una «evolución continua, una dinámica especial con el Tribunal Superior, una conexión especial», donde hay reclamo de mejoras y participación activa. Esta sinergia permite que muchas «situaciones que no llegan a tribunales superiores» sean atendidas eficazmente por los juzgados de paz, gracias a una «calidad de atención distinta» y el conocimiento de la realidad local de la comunidad.
La cercanía del juez de paz y su impacto social
Los jueces de paz, al ser parte de la comunidad, tienen una cercanía única con los ciudadanos. Es común que los vecinos los aborden en lugares cotidianos como la verdulería para hablar de sus problemas. Esta cercanía les permite «transparentar» la realidad de la comunidad y tomar medidas importantes.
La intervención de los jueces de paz abarca un amplio espectro de competencias:
• Juicios monitorios y ejecutivos.
• Cuestiones de orden familiar y social, con fluida acción con organismos de niñez como CONNAF y ANAF.
• Violencia de género y familiar, donde se destaca la importancia de personal femenino capacitado y empático en las comisarías, como ocurre en Entre Ríos.
• Certificaciones de firma y autorizaciones de viaje.
• Problemas vecinales.
• Promoción contra flagelos sociales como la droga.
Vega enfatizó la «presencia que requiere muchas veces la demanda de la gente». Incluso en situaciones donde no tienen competencia directa, como en casos de alimentos, los jueces de paz «acortan hasta sin competencia metiéndose en el problema» para frenar la problemática y ganar tiempo, demostrando que «no podemos esquivarle el cuerpo a eso».
Problemáticas latentes y la proactividad del magistrado
Vega relató la dramática situación de padres que piden la exclusión de sus hijos del hogar por problemas de droga, algo «impensado» hace unos años.
Esta realidad, que se replica en las comunidades, lleva a los jueces a «tomar información» sobre la dinámica del narcotráfico local y aportar en la lucha contra estos flagelos.
El propio Vega ha vivido de cerca esta crudeza, relatando cómo su perro fue asesinado en el patio de su casa en un incidente sin explicación resuelta, lo que él vincula a su trabajo y participación activa.
El Juez de Paz advirtió sobre la propuesta de reemplazar los juzgados de paz por «oficinas de justicia», que, aunque modernas y con tecnología, carecen de la «misma conexión, no es la misma confianza» y la capacidad de quien toma las resoluciones de conocer la realidad del pueblo.
Avances y proyecciones en la Justicia de Paz
Entre Ríos continúa en un «proceso de continuo avance y de mejora». Se ha invertido en edificios y containers con condiciones adecuadas de trabajo. Recientemente, se implementó en cada juzgado de paz el sistema de videocámara para tomar denuncias y audiencias, permitiendo remitir el material a fiscalía o defensoría.
La importancia de la justicia de paz fue reconocida internacionalmente cuando Vega se reunió con Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington en 2023. Almagro se sorprendió al saber que un juez de paz en Argentina podía «sacar un hombre de la casa» en 40 minutos en casos de denuncia.
En suma, la labor de los jueces y juezas de paz, especialmente en provincias con mayor desarrollo como Entre Ríos, es «magistral» y representa una «gran puerta de acceso a la justicia» que se busca replicar y visibilizar en todo el territorio argentino, pese a las realidades dispares.
