Con la aprobación del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, el Senado avanzó con siete proyectos y evidenció la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Entre provincialistas, radicales y peronistas consolidaron una mayoría robusta que le puso límites a la propuesta de gestión de Casa Rosada y aprobaron el envío de fondos para una agenda alternativa. Javier Milei anticipó que no retrocederá: veto o judicialización.
La sesión tuvo todo tipo de tensiones e irregularidades. El sistema de votación se interrumpió antes de la aprobación de los proyectos jubilatorios y al senador santacruceño José María Carambia le impidieron el ingreso durante unos minutos por no llevar corbata. En simultáneo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reclamaba que Victoria Villarruel -presidenta del Senado- levante la sesión. Aún así, las aprobaciones que confrontan con el rumbo del Gobierno fueron contundentes y quedaron expresadas en las intervenciones de los senadores de distintos bloques.
“Nunca hemos vivido un período de centralismo tan discrecional como estamos viviendo hoy”, planteó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). “¿Cómo puede ser que ningún gobernador esté acompañando al Presidente en esto?”, preguntó el catamarqueño Flavio Fama (UCR). “Los gobernadores son los que están garantizando la paz social en el país”, interpretó la tucumana Beatriz Ávila (miembro de la bancada del PRO).
La votación final de los proyectos de distribución de ATN y de impuestos a combustibles terminó con la aprobación por más de dos tercios con 56 votos favor y 1 en contra (Juez), con respaldo de los bloques referenciados con el peronismo, expresiones radicales antagonistas a Casa Rosada (Lousteau, Blanco, Kroneberger), los representantes de los oficialismos de Córdoba y Santa Cruz y algunos sorpresivos apoyos inéditos para la oposición, como Ávila.
Tras no alcanzar revertir los dos tercios que validaron los dictámenes opositores, los miembros de La Libertad Avanza se retiraron del recinto y no regresaron. Salvo la larretista Tagliaferri, el PRO se expresó mayoritariamente como aliado. También tuvo apoyo en las provincias de Neuquén (Crexell), Entre Ríos (Olalla), Chaco (Zimmermann) y Mendoza (Juri y Suárez, aunque este último de licencia). En Chubut (Terenzi y Huala), Santa Fe (Losada y Galaretto), Corrientes (Valenzuela y Vischi) y Misiones (Rojas Decut y Arce) el respaldo al oficialismo no fue total: aprobaron los proyectos de gobernadores y la emergencia en discapacidad.
Senado aprobó proyectos de gobernadores
Los proyectos que tuvieron media sanción -por lo que precisarán votación en Diputados- contó con el impulso de los 24 gobernadores, que exigen para que haya un reparto automático a las provincias del 1% los ATN considerando que se hace de forma discrecional, para que se coparticipe automáticamente entre provincias según la Ley de Coparticipación Federal.
A su vez, se eliminarán seis fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda) financiados con el impuesto a combustibles y se redistribuirán esos fondos: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social de las obligaciones previsionales nacionales.
Previamente, se convirtieron en ley el aumento del 7,2% de los haberes previsionales, el incremento del bono extraordinario (de $70.000 a $110.000) y la recomposición de la moratoria previsional. Luego, se sancionó la declaración de emergencia para el sector de discapacidad hasta el 2027 y se revirtió el veto presidencial por el temporal en Bahía Blanca. Esta última iniciativa también debe regresar a Diputados.
Javier Milei judicializará las leyes aprobadas en el Senado
«Vamos a vetar. Y, aún si se cae el veto, lo vamos a judicializar», planteó Javier Milei y sintetizó la postura de Casa Rosada, previamente anunciada -con las mismas palabras- por el jefe de Gabinete Guillermo Francos en una entrevista radial. En esa afirmación, el oficialismo evidencia la posibilidad de no poder sostener el veto por la vía parlamentaria y también la legitimación la sesión: si existe veto, existe convalidación de lo sancionado en el Senado.
En ese marco, el artículo 16 del reglamento del Senado expresa que «la mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara» y que garantiza la viabilidad de lo votado una vez iniciada una sesión ordinaria. Como esto ocurrió tanto con el quorum como con la convalidación de los dictámenes realizados (42 a favor, 17 en contra y 3 abstenciones) en comisiones autoconvocadas por los legisladores, las aprobaciones cumplen la legalidad.
«El cuestionamiento puede ser el reglamento y los senadores somos los responsables de él hasta cambiarlo», señalaron para Ámbito desde la Cámara alta, en donde también admitieron que Javier Milei argumente la inconstitucionalidad de la sesión en su veto, pero eso implicaría que los proyectos se debata en Diputados, convalidando lo votado. «Hay que ver si Martín Menem firma el proyecto antes de que se eleve al Ejecutivo», dijeron.
A su vez, el abogado constitucionalista Félix Lonigro planteó ante este medio que «la sesión es válida en cuanto a su convocatoria, porque los días y horarios de las sesiones ordinarias, se prevén en las sesiones preparatorias de cada año». Asimismo evaluó que si hubo dos tercios de los votos para el tratamiento sobre tablas, los dictámenes son válidos. «El tema es que se dudaba de la validez de la convocatoria a comisiones, y por ende, del dictamen. Yo creo que esas sesiones de comisión fueron válidas», añadió.
Fuente: Ámbito Financiero
