El Superior Tribunal de Justicia, integrado para el caso por Laura Soage; Gisela Schumacher y Carlos Tepsich, resolvió por mayoría el planteo hecho por la defensa de Báez.
Soage y Schumacher se inclinaron por la modificación de la situación del ex Ministro mientras que Tepsich consideró que Báez debía continuar detenido en la Unidad Penal Nº 1, pero estableciendo un plazo máximo de 18 meses.
La cuestión central en el planteo era el riesgo de fuga del ex funcionario, habida cuenta de que ha sido condenado por delitos contra la administración pública y que ese proceso ha concluido su etapa provincial y sólo resta el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.
Soage consideró que las razones que tomaron el Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para disponer el arresto preventivo de Báez a la espera de que se decida si se confirma o no su condena no fue rebatido por la defensa. Y razonó que el peligro de que se escape «se encuentra debidamente fundado y respaldado».
Pese a esto, acompañó la postura de los defensores de Báez que apuntaron que el arresto domiciliario en torno a que Fiscalía no logró establecer el porqué la prisión domiciliaria no es el remedio suficiente para conjurar este riesgo.
«El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan debe escogerse la medida cautelar menos gravosa», razonó Soage. A este criterio adhirió luego Schumacher.
Antes, el Tribunal descartó asimilar el caso de Báez al del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quienes se les cambió la prisión preventiva por otras medidas restrictivas menores.
Báez estará alejado de los ruidos
El exministro de Cultura del urribarrismo será traslado a su casa quinta una vez que este disponible una tobillera electrónica.
El exdiputado provincial fijó domicilio en la enorme casa quinta de su propiedad ubicada en e calle Jozami casi Gobernador Crespo. La medida no sería inmediata, sino que, primero, debe quedar disponible una tobillera. Como la lista es larga, generalmente, al menos hasta el año pasado, había una espera de cinco o siete días. Luego, el personal del sistema de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos debe realizar un estudio del domicilio donde se cumplirá la medida cautelar, dónde se instalará la base de la tobillera y desde ahí cuántos metros se podría mover Báez.
Según publicó Análisis, la quinta de calle Jozami es un lugar rodeado de vegetación y pocas viviendas, calles angostas y nulo tránsito. La vivienda que aparece como propiedad de alquiler en sitios de internet como “la quinta del Chivato”, también tiene su historia: en enero de 2010, Báez y su pareja Sofía Riquelme compraron un amplio terreno en esa zona de la Toma Vieja de Paraná. Allí edificaron la lujosa propiedad a la que le fueron anexando terrenos linderos hasta superar los 4.000 metros cuadrados de superficie (tiene aproximadamente unos 65 metros de ancho y 70 metros de fondo) y construyeron dos casas más.
Las tres unidades en un tiempo fueron alquiladas para turismo y eventos, y la promocionaban por sus características: “Se destaca por su diseño arquitectónico sofisticado y contemporáneo con sutiles terminaciones en un estilo minimalista, único en la ciudad, con una gran participación y protagonismo del verde y los espacios al aire libre”.
“Desde cualquier punto de la casa puede observarse la vegetación, logrando una gran interacción entre el interior y el exterior”, se describe en los portales. También se detallan comodidades como el microcine, el hidromasaje, el centro de fitness, la cancha de fútbol con vestuarios e iluminación nocturna, el solárium y la pileta climatizada.
Báez, exempleado del Instituto de la Vivienda y luego del Senado provincial, fue funcionario municipal de Hernán Orduna en la comuna de Concordia (período 1999/2003) y luego director de Información Pública con la llegada de Sergio Urribarri a la Gobernación, en 2007. En el segundo mandato fue ascendido a ministro de Cultura y Comunicación (cargo creado por el entonces mandatario, en 2011) y cuando terminó tal administración pasó a ser diputado provincial del peronismo entrerriano. Fue condenado a 6 años de cárcel por delitos de corrupción, en el denominado Megajuicio donde Urribarri resultó sentenciado a 8 años de prisión y, a la vez, tiene una causa por enriquecimiento ilícito, cuya elevación a juicio se concretaría a principios de este 2025.
