Por David Graiver
“Seamos valientes, vayan”, dicen que dijo un general (no EL GENERAL) y perdió automáticamente la lealtad de sus tropas. “Se empieza por casa”, es otro refrán que bien cabe a la dirigencia de Entre Ríos, varios de cuyos funcionarios exigieron públicamente el martes al gobierno nacional que bajara las retenciones al campo, luego de la reunión que sostuvieron los gobernadores de la región centro. Una digresión: la exigencia fue para el Ejecutivo Nacional y no hacia el Poder Legislativo (“nullum tributum sine lege”, “no hay tributo sin ley”), porque este último le delegó al Presidente la facultad de regular las alícuotas de las retenciones. Caputo (Luis… ¿Luis, o Santiago?) tomó el guante y este jueves informó que se eliminan o bajan las retenciones de productos agrícolas temporalmente hasta junio.
La paradoja del reclamo es que Entre Ríos le pide a la Nación que desgrave a la producción agropecuaria cuando no ha realizado anuncios de medidas propias en ese sentido, como sí lo ha hecho la provincia de Córdoba, por caso. Pero como en esta columna no se trata de criticar por criticar, se tratará de explicar la situación del campo, del país y del mundo que conduce a esta medida.
En los últimos cuatro años, Argentina sólo superó una producción de 50 millones de toneladas de soja (que se puede tomar como parámetro para considerar a una cosecha como buena) en 2024. En la campaña 2022/2023 hubo sequía, y en los dos ciclos anteriores los rendimientos estuvieron por debajo del promedio. Esto hace que el sector no tenga mucho “resto”. Por estos días, en los que el clima amenaza y además los precios de los cereales no sólo no son altos sino que además tienen tendencia a la baja desde que asumió Trump con su prédica de dólar fuerte (como los precios de los cereales se expresan en dólares, si el dólar vale más en términos de soja, la soja en términos de dólar vale menos), la situación del campo es preocupante. Para agregar explosivos al combo, el tipo de cambio oficial se retrasó y las cotizaciones del contado con liquidación se mantienen bajas, quitando atractivo al blend (si esto último es demasiado técnico, que se entienda como que en pesos el precio de la soja también se redujo).
Al gobierno de Milei lo mueven tanto las convicciones sobre la conveniencia de un Estado chico con impuestos mínimos como el miedo de que en su desesperación, los productores que aún tengan espaldas retrasen la liquidación de sus exportaciones (no vendan), en espera de un salto cambiario. Por ello, la baja de retenciones tiene efectos en principio hasta junio. Si el país no recibe un importante flujo de dólares por ventas al exterior en abril/mayo, corre el riesgo de que los importadores que están postergando los pagos de sus importaciones (les conviene, aunque tengan los fondos para pagarlas, endeudarse en dólares a una tasa del 1% mensual -por ejemplo-, porque ese 1% de interés más el otro 1% del “crawling peg”, es menor al 2.5% aproximado que reciben con un conservador plazo fijo) presagien una devaluación y salgan todos a la vez a comprar dólares, provocando una corrida.
Este columnista no pretende que esta nota sea leída con preocupación, sino con esperanza, ya que entiende que el gobierno nacional está jugando a anticiparse al mercado, y confía en que su esfuerzo fiscal sea sucedido por un alivio impositivo en la provincia. Dicen que Juan José Bahillo presentó al respecto un proyecto de emergencia agropecuaria. Se sugiere al diputado que evalúe cambiar el vocablo “emergencia” por “incentivo”, más a tono con estos tiempos.
(*) Docente y colaborador de EyP
