«El SNAI informa que hasta el momento se confirman más de 100 PPL (personas privadas de libertad) fallecidas y 52 heridos, durante los incidentes registrados este martes 28 de septiembre, en el CPLGuayas N1. La Policía de Ecuador y la Fiscalía continúan levantado información», escribió en su cuenta de la red Twitter el SNAI.
Hasta acá, el número de muertos que se manejaba era 30 y se sabía que al menos 5 de las víctimas habían sido decapitadas.
El diario El Comercio de Quito cita fuentes de la Policía y del Ministerio de Gobierno para reforzar el dato de los más de 100 fallecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados esta mañana.
El presidente Lasso dispuso el estado de excepción en los penales de todo Ecuador y viajó a Guayaquil, donde encabeza una reunión del Comité de Seguridad.
«Vamos a coordinar las acciones necesarias que controlen la emergencia, garantizando los derechos humanos de todos los involucrados», explicó el mandatario.
El motín de ayer derivó de una pelea entre grupos organizados en el Centro de Privación de Libertad Número 1, ubicado en Guayaquil, capital del departamento de Guayas, con detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios pabellones.
Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y evacuaron al personal administrativo de la prisión, al tiempo que instalaron un comité de crisis formado por la Policía Nacional y el SNAI para enfrentar la situación.
Unos 400 uniformados ingresaron al centro de detención y, tras más de tres horas, lograron retomar el control de la cárcel.
Sin embargo, anoche la Policía activó nuevamente el protocolo de seguridad con unidades tácticas en el reclusorio al detectar nuevos enfrentamientos.
A una primera cifra de 26 muertos se agregaron a última hora otros 4, con lo que el número llegó a 30, pero ahora el SNAI admite que los choques fueron aún mucho más graves.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo que continúa ejecutando operaciones de seguridad en exteriores del centro penitenciario, con vehículos sin armamento letal, para proteger la integridad y bienestar de la población y evitar probables fugas de los reos, reportó la agencia Sputnik.
Un video difundido en redes sociales mostró el ingreso de un tanque blindado al centro penitenciario.
Otros camiones militares también arribaron con soldados que se ubicaron en los exteriores de la cárcel.
La Fiscalía de Guayas puso en marcha una investigación y el SNAI suspendió las actividades administrativas «no prioritarias» en el complejo.
En lo que va del año Ecuador ya registraba más de un centenar de muertos en los siete penales del país, con una de las más grandes masacres ocurrida el 23 de febrero último en las cárceles de Libertad Zonal 8 y Sierra Centro Norte, en la provincia de Cotopaxi, y en Cuenca, en la provincia de Azuay, que se saldó con 80 presos fallecidos.
Ya en julio Lasso declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario del país y cambió al director del SNAI, optando por Fausto Cobo.
Pero esta misma semana el mandatario nombró a Cobo como nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica, por lo que el coronel Bolívar Garzón, ex responsable de la cárcel de Cotopaxi, fue designado para liderar ahora el SNAI.
Debido a la crisis penitenciaria, alimentada por la sobrepoblación, corrupción, insuficiencia de guardias y violencia, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de las cárceles guayaquileñas.
Las bandas que suelen enfrentarse por el control de los centros están vinculadas, según la prensa local, a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Hace apenas semanas, una cárcel en el mismo complejo penitenciario de Guayaquil fue atacada con drones con explosivos en medio de «una guerra entre cárteles internacionales», un incidente que no provocó víctimas pero sí daños materiales.
Además de insuficiencia de guardiacárceles, el país sufre un fuerte hacinamiento en todos sus penales (se estima que hay 39.000 presos para una capacidad de 30.000)
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.
Fuente: www.ambito.com
