Por Pablo Lamas. Abogado. Magister en Derecho de Propiedad Intelectual. Director de Oxymoron.
La pandemia ha venido a poner la lupa en una realidad de la que no toda la sociedad estaba consciente. La economía basada sólo en productos y servicios está muerta o, al menos, obsoleta. La economía del conocimiento, entendida en un sentido amplio como la administración eficiente de los recursos que brotan del conocimiento, ha redefinido las reglas de juego en todos los aspectos de nuestra vida.
Desde hace ya varios años el mundo entero y su economía vienen migrando de lo tangible a lo intangible. Cada vez más las empresas de mayor valor son aquellas basadas en el conocimiento y la tecnología. El valor de los bienes y servicios tradicionales se ve relativizado por la incidencia (positiva o negativa) que la información y el conocimiento le aportan.
No obstante ello, Latinoamérica en general y nuestro país en especial, no han sabido mutar las diversas variables que hacen a la gestión de empresas e instituciones al nuevo escenario. Nuestras universidades siguen enseñando la primacía de las cosas físicas por sobre las intangibles. Desde el sistema legal (basado todavía en la centralidad de los derechos reales en torno a las cosas materiales) hasta los sistemas contables (los activos intangibles prácticamente no existen para nuestras contabilidades en las que las “notas técnicas” sobre la materia datan de los años ochenta) pasando por nuestros sistemas de financiamiento (desde el destino de los créditos hasta las garantías exigidas todo se centra en bienes materiales) en todos los ámbitos es lo mismo.
En este escenario la pandemia vino a enrostrarnos una cantidad de “novedades” que teníamos a disposición, pero no queríamos ver. De una lista que podría ser casi interminable conviene rescatar dos aspectos vitales que hacen a la dinámica de la economía del conocimiento.
El primero es la necesidad estratégica de contar con capacidades técnicas apropiadas. Desde lo evidente (como resultó el desarrollo en tiempo récord de las vacunas por parte de laboratorios públicos y privados) así como aquello que no se advierte tanto (como las capacidades de logística y distribución para que la vacuna llegara a los diversos lugares, las capacidades analíticas y regulatorias para obtener la aprobación de los organismos correspondientes, la capacidad instalada para poder eventualmente fabricar los productos, etc.). Si a ello se le suma el universo de elementos de protección y prevención (piénsese en la cantidad de laboratorios públicos y privados que fueron puestos a fabricar en gran escala dispositivos y productos en tiempos impensados para épocas normales). Las diferencias de gestión y eficiencia quedaron a las luces (en el ámbito público y privado) entre quienes contaban con capacidades técnicas estratégicas y los que no.
El segundo es la posibilidad concreta de desarrollo virtual de infinitas gestiones y actividades que se consideraban exclusivas de la realidad material o presencial. Desde el trabajo remoto a la educación pasando por la comercialización virtual y la administración de empresas. Lo notorio de estos casos tornan innecesaria cualquier otra precisión al respecto.
Lo que comparten estos aspectos de la nueva realidad es la importancia del conocimiento y la información por sobre las capacidades y potencialidades materiales. Se puso de manifiesto, para quien todavía no lo había advertido, que el mundo cambió para siempre. Nuestras empresas, nuestra economía, nuestra educación y, en definitiva, toda nuestra vida debe adecuarse a esta realidad.
Ahora bien, ¿qué rol le cabe al estado en este cambio de paradigma?
Respecto de sí mismo en un fortalecimiento y re direccionamiento de sus propias capacidades. Trabajar, por ejemplo, en: laboratorios públicos que cumplan estándares comerciales, de calidad y de logística adecuada para necesidades inesperadas; institutos y dependencias públicas de conocimiento que desarrollen sus actividades con una dirección estratégica en diversas áreas (piénsese en Conicet, Inta, Inti, etc.); definición de demandas estratégicas en investigación y desarrollo en Universidades Públicas; etc.
Respecto del desarrollo institucional del país en un cambio de paradigma económico y cultural con base en el desarrollo de intangibles. Trabajar, por ejemplo, en: adecuación de las leyes laborales, civiles y comerciales a las nuevas realidades; adecuación de sistemas de contabilización y tributación de activos intangibles; adecuación de los contenidos de la enseñanza en todos los niveles; etc.
Respecto de la actividad empresaria en el fomento del desarrollo de activos intangibles de las empresas. Trabajar, por ejemplo, en: subsidios y financiamiento en investigación y desarrollo; facilitación de la importación y exportación de servicios técnicos; promoción y fomento de planes de profesionalización de la gestión (en materia de calidad, eficiencia productiva, etc.); simplificación de trámites y burocracias para la creación de empresas; simplificación del sistema tributario; etc.
Tal vez alguien podría pensar que el estado, en sus diversos planos (nacional, provincial y municipal), viene trabajando en este sentido. Podría incluso citarse la ley de promoción de la economía del conocimiento, las modificaciones al código civil y comercial, los planes de modernización del estado, la ley de promoción de la biotecnología, etc. No obstante, se trata de todas iniciativas estancas y descoordinadas unas de las otras.
Se requiere pensar a largo plazo en un plan integral que redefina los lineamientos institucionales de la vida del país. Se necesita volver a pensar el país de cara a las nuevas realidades. Es preciso encontrar el consenso necesario para diseñar políticas con una dirección estratégica concreta y objetivos realizables.
La pandemia vino a mostrarnos que no sólo es importante. Es urgente.
Opinión exclusiva para Economía y Política
