24 de enero: Paro general y movilización en contra del DNU y la ley ómnibus

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Al asumir su gobierno, Javier Milei buscó imprimirle velocidad y potencia a la transformación (derribo) del Estado y también destruir el esquema jurídico que le da sustento a la convivencia argentina que garantiza la salud y educación pública y los derechos de los trabajadores, entre otros ítems. Ahora bien, la fuerza implementada por el Presidente está recibiendo una de igual intensidad y en sentido contrario desde una parte de la oposición pero, fundamentalmente, desde el sindicalismo.

Por caso, a tan solo 18 días de asumido el gobierno de ultraderecha, la CGT convocó a un paro nacional de 12 horas con movilización hacia el Congreso previsto para el 24 de enero próximo. Una medida de fuerza que es acompañada por las dos CTA y la UTEP en lo que podría ya considerarse como una expresión concreta de unidad del campo popular. La medida de fuerza se realizará en rechazo al megaDNU y contra la ley ómnibus que el triunviro Héctor Daer calificó como «exponencialmente peor que el decreto». Es más, señaló que lo que pretende Milei no es el progreso del país sino que «nos llevan a una Argentina pastoril». 

Más directo fue Pablo Moyano al sostener que «el enviado del cielo (Milei) se caga en el Congreso y en los trabajadores» y reiteró que habrá más movilizaciones. Daer, más contemplativo, prefirió decir que a diferencia de Milei «nosotros no esperamos que nos ayuden las fuerzas del cielo, Jesús ya bajó y camina junto a los trabajadores».

El plan de lucha aprobado por unanimidad en el Comité Central Confederal (CCC) incluye la convocatoria a un plenario de regionales que se realizará el próximo 10 de enero y la continuidad de la batalla legal contra el DNU. Por caso, Daer avisó que se apeló el rechazo judicial al pedido de una medida cautelar «interina» para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral en el decreto. En tanto, la demanda de inconstitucionalidad del decreto ya comenzó a moverse cuando el juez laboral Ignacio Ramonet, le dio tres días al Gobierno Nacional para responder.

Fuente (Infobae)

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