Un ajuste de US$ 11.250 millones

Domingo, 11 Marzo, 2018
Autor: 
Alcadio Oña
Fuente: 
Clarín

No hay más o menos ni siquiera argumentos bien fundados que valgan, para Nicolás Dujovne. Es sí o sí: cumplir las metas fiscales de 2018 contra vientos y mareas, remacha la instrucción tajante que bajó desde la Casa Rosada.

Al Presidente lo desvela achicar el déficit y en continuado achicar a su derivado directo, el endeudamiento. Y más que eso. Asociada a la decisión de martillar con las ventajas del modelo gradualista, tal cual hizo en el Congreso, va una idea fija: no darles pasto a quienes piden shock a toda costa.

De un lado están los ultras que urgen cortes drásticos, como si solo existiese el mundo de sus números y sin preocuparse por las consecuencias de la receta. Del otro el gradualismo estilo PRO, que con el ariete de los aumentos de tarifas toca, y seguirá tocando por un tiempo, el siempre frágil bolsillo de las capas de ingresos medio bajos.

Estaba fuera de cualquier debate que los subsidios a la electricidad, al gas y al transporte representaban un costo fiscal imbancable; si se prefiere, una bomba de tiempo plantada de ex profeso por el tándem Cristina Kirchner-Axel Kicillof. También concreto, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el precio de esos servicios era poco menos que un regalo, y un regalazo para los sectores acomodados de la sociedad.

Enfrentado a este escenario, el Gobierno resolvió de entrada apuntar hacia allí sus baterías. Sin analizar demasiado si el ajuste podía ser más espaciado, si convenía repartir mejor las cargas o si no valía añadir condimentos diferentes para arribar al mismo resultado.

Estimaciones extraoficiales dicen hoy que cuando buena parte de la faena haya concluido, se habrá acumulado un ahorro fiscal equivalente a 11.250 millones de dólares, el 84% concentrado en las subvenciones a la energía y un 12% en las del transporte público.

A comienzos de la gestión macrista, la cuenta cantaba alrededor de US$ 21.750 millones y al final de este año marcará unos 10.500 millones. Según el método preferido por los técnicos, bajará desde el 3,4% al 1,5% del PBI, o sea, a menos de la mitad.

Hay más, en realidad. Aunque inferiores a los del Estado, la revisión tarifaria también distribuye beneficios para las compañías privadas. Y gracias a esas ganancias, en 2017 sus balances salieron de la zona roja. Siempre plata de los usuarios.

Los subsidios energéticos desaparecerán hacia el primer trimestre o el segundo de 2019, pero no por completo. Seguirán vivos aquellos atados a la tarifa social y durante un tiempo otros, cuantiosos y orientados a estimular la producción de gas y las explotaciones de Vaca Muerta. Para los usuarios digamos comunes: indexación.

Las estadísticas del gobierno porteño muestran cuál ha sido hasta ahora el impacto de los aumentos en la Ciudad y, de hecho, en el GBA. Sus índices revelan que, entre 2016-2017, el costo de la electricidad subió 867% y 360% el del gas.

Falta agregar 2018 a la seguidilla. De pique, la luz tiene anotado 24% y del 45 al 50% el gas. En poco más de dos años, la movida arroja 1.100% y 560% cómodo, respectivamente.

Varios comentaristas opinan que la manera adecuada de medir los incrementos no pasa por la sonoridad de los porcentajes sino por los pesos, aunque también es posible opinar que para muchísimos presupuestos familiares esos pesos sumados a otros cuantos pesos son una carga considerable. Todo depende, al fin, del lugar donde cada cual se pare.

Una especie del mismo tipo, el transporte de pasajeros, ha empezado a circular. Dentro del Area Metropolitana, el Gobierno ya le puso 50% a los colectivos y 56% a los trenes.

Ese reloj seguirá corriendo hasta 2021, cuando ahí el grueso de los subsidios pase a la categoría de tarifas indexadas.

Hay otro vehículo que también marcha rápido, aunque no sea del mismo tipo y esté presuntamente libre de intervenciones oficiales: lleva el sello de aumento de combustibles. Después de la tormenta que provocaron los dos sucesivos de diciembre y enero, quedó pendiente uno del 7%. ¿Pendiente o demorado por la Jefatura de Gabinete?

La fórmula que empuja el reclamo de las petroleras, con YPF haciendo pressing, mezcla costo del crudo y suba del dólar. Y la que motoriza la resistencia del Gobierno mezcla inflación y expectativas inflacionarias.

Por si no se entiende el batifondo, basta mirar a 2017. Gasoil, nafta súper y nafta premiun tuvieron incrementos del 28,6 al 35%; pueden ser justificados según la regla de las compañías, pero no dejar de ser lo que son.

Luz, gas, transporte, combustibles y etcéteras diversos explican por qué la inflación manda en la agenda de la gente.

De vuelta al frente fiscal que inquieta a Mauricio Macri, algunos consultores ven venir un problema. Plantean que el recorte de subsidios y de obras públicas, las menores transferencias a las provincias y el ahorro generado por el cambio en la movilidad jubilatoria serían insuficientes. “Alcanzar la meta requerirá comprimir otros gastos”, afirman.

Sobra decir que Dujovne y Rodrigo Pena, el funcionario encargado de acomodar los tantos, moverán cuantas partidas sean necesarias para cumplir la instrucción presidencial y sin que haga falta, dicen en el Ministerio de Hacienda, meter mano en gastos sensibles. Aunque podados, todavía queda un buen resto de los famosos superpoderes.

Apuestan todas las fichas a que los recursos crezcan entre 3 y 4 puntos por encima de los gastos y a que el saldo final diga 16% contra 20%.

En tren de seguir sumando, computan que una inflación superior a la presupuestada engrosará los ingresos. Nada desconocido, o igual a deducir que detrás de una dificultad seria asoma un aporte a la causa.

Algo semejante ocurre con la subida del dólar. Y eso que también pinta a trastorno serio, puesto en impuestos al comercio exterior implicará mayor recaudación.

Asunto enteramente propio es, en cambio, la siempre impactante cuenta de los intereses de la deuda: sería de $ 280.000 millones. Y aun cuando el aumento venga bastante menor al 70% que hubo el año pasado, estamos hablando de 25% o de diez puntos arriba de la ya muy supuesta pauta inflacionaria del 15%.

Ganados por la confianza en sus cifras, los hombres de Hacienda afirman que el achicamiento del déficit primario va a compensar, en gran parte, el crecimiento del déficit financiero. Se verá cuando llegue el momento.

Ahora no hacen falta pruebas para advertir el impulso que llegó a tomar otra consigna de la Casa Rosada. Salta a la vista en la pelea cuerpo a cuerpo que ministros y funcionarios sostienen con empresarios y economistas críticos o descontentos, aunque a menudo el empeño solo no basta si no va acompañado de resultados que también salten a la vista.

Explicar, explicar por todos los medios posibles que las cosas están mejor y van a ir mejor hasta perforar el escepticismo, repiquetea la consigna. Pero nuevamente es crucial que los argumentos luzcan convincentes.

Sonó a excesivo sentenciar que “lo peor ha pasado”, como hizo Macri. Y a galimatías llamar a lo mismo “crecimiento invisible”, cuando la clave es que el crecimiento se note y, sobre todo, que lo noten quienes ven cómo su economía personal anda los tumbos. Y qué decir sobre el “no tenemos demasiadas herramientas para combatir la inflación” de Nicolás Dujovne, así sea verdad pura.

Ni cataclismo en puerta ni horizonte despejado, hay lo que se ve. Y entre lo que hubo, una estrategia que aún zigzagueante sortea la crisis a la carta que dejó el kirchnerismo. El gradualismo estilo PRO puede ser menos agrio que otros remedios, pero no alcanza.