Golpe de nocaut

Domingo, 5 Noviembre, 2017
Autor: 
Eduardo van der Kooy
Fuente: 
Clarín

Algunos sectores productivos y empresarios enfilaron contra aspectos de la reforma tributaria. Los gremialistas cegetistas marcaron inquietudes a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, por los cambios en la legislación laboral. La Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA) y los grupos de izquierda proclamaron ya su resistencia. La oposición política –también ocurre dentro del oficialismo de Cambiemos-- decidió colocar su lupa sobre la reforma en el sistema jubilatorio. Casi todos, sin embargo, se manifestaron dispuestos a dialogar. A buscar convergencias. Un dato alentador en la Argentina que dispara, sin duda, el estilo del Gobierno.

La reacción más agria, dentro del entramado corporativo e institucional, correspondió a la Justicia. Quizás porque el Presidente la enarboló en su discurso del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) como un caso donde se acumulan privilegios e ineficiencias. Habló de las jubilaciones suculentas, de las ferias judiciales en el verano y el invierno. Una tentación oratoria de impacto público que, en realidad, sería sólo el cotillón de los problemas profundos del Poder Judicial. Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema, repitió tres veces consecutivas que la Justicia hace diez años que espera inversiones para su modernización. Lo cruzó Germán Garavano, el ministro de Justicia, con argumentos similares a los de Macri. Ocurrió en un simposio auspiciado por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), cuya cabeza es Ariel Lijo. El juez que, de modo sorpresivo, dispuso la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito. Aquella refriega tuvo otra prolongación: Claudio Bonadío sostuvo ante un auditorio privado que la forma presidencial de abordar el problema judicial no resulta la mejor.

Razones valederas y específicas al margen, hubo cinco episodios la última semana que alborotaron el Poder Judicial. La renuncia que terminó por presentar Alejandra Gils Carbó a la Procuración General. Datada para el último día de diciembre. Las denuncias contra los jueces Lijo y Daniel Rafecas que ingresaron al Consejo de la Magistratura. Las hizo el Colegio de Abogados. Se los acusa de “demoras excesivas” en causas que involucran a Cristina Fernández y Julio De Vido. El progreso en aquel organismo del juicio político contra Eduardo Freiler. Ha sido clave en el avance el testimonio de un ex familiar político de un juez federal. Faltan unos 10 días para el veredicto final. El motivo es también el enriquecimiento ilícito. Figura además en el recuento la próxima citación a declarar para otro magistrado, Rodolfo Canicoba Corral, por manejos poco claros en sus resoluciones procesales. El remate sería la declaración que debe prestar la integrante de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, en una investigación por “dádiva y cohecho”. Fue por haber recibido computadoras y televisores enviados en su tiempo por el ex ministro De Vido.

Todos aquellos asuntos se aceleraron después de la victoria del Gobierno el 22 de octubre. Pero ninguno sorprendió tanto como la detención de Boudou y la salida de Gils Carbó. Macri invirtió parte de su capital electoral en dilucidar un conflicto que venía arrastrando con la Procuradora desde su asunción. De paso aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a ese universo: el de la voluntad política y el oportunismo. El temor empieza a recorrer los pasillos de Comodoro Py.

La trama de la renuncia de Gils Carbó es conocida. Se conoce menos, en cambio, que antes de designar a León Arslanián como su abogado defensor en reemplazo de Alejandro Rúa –el mismo de Cristina--, la Procuradora tentó sin suerte a un prominente ex ministro de Kirchner. El ex integrante del Tribunal que juzgó a las Juntas Militares convino con Garavano un par de cosas: la jubilación especial de la mujer; su permanencia virtual en el cargo hasta fin de año. Gils Carbó encabezará entre el 15 y el 18 de este mes una reunión de fiscales de Iberoamérica que se realizará en Buenos Aires. Resultará agasajada. Luego pedirá licencia hasta la extinción de su mandato.

El Gobierno boceta un proyecto de la Ley del Ministerio Público que enviará al Congreso. Tomará como referencia el fallo reciente del juez en lo Contencioso Administrativo, Pablo Cayssials. Fue quien declaró inconstitucional el mecanismo de juicio político para remover al Procurador General. Ese sistema requiere del aval de los dos tercios de los votos del Senado.

Tal esqueleto variaría de modo radical. Al cargo se le fijará un tiempo de vigencia. Sin posibilidad de reelección. El dilema radica en el plazo. En Brasil, donde estalló el Lavajato, la duración es de cuatro años. En Chile pasó de cuatro a siete. En el caso de Ramiro Mendoza Zúñiga comprendió tres períodos presidenciales. Uno completo y otro muy parcial de Michelle Bachelet, la actual mandataria. En el medio estuvo el que correspondió a Sebastián Piñera.

Con Boudou no existió ningún acercamiento político ni judicial. Eduardo Durañona, el abogado defensor, se enteró el jueves a la noche que Lijo dispondría el apresamiento del ex vicepresidente. La primicia le llegó por una vía impensada: la infidencia de un periodista. Durañona tenía colocadas sus energías en la causa Ciccone. La más importante de las varias que acechan a su protegido.

La velocidad de los acontecimiento impidió que el abogado defensor tomara ciertas precauciones. Como Maximiliano Rusconi lo hizo con el juez Luis Rodríguez, cuando pidió el desafuero y la detención de De Vido. El ex ministro de Planificación fue cuidado en su imagen pública durante el procedimiento que realizó la Gendarmería. Apenas trascendieron dos fotos en su condición de reo. El operativo que Prefectura concretó contra Boudou resultó filmado casi íntegramente. Incluso adentro del departamento del ex vice en Puerto Madero. Muy extraño.

Durañona se sorprendió con Lijo como Rusconi con Rodríguez. Ambos jueces adujeron para las detenciones que Boudou y De Vido en libertad podían constituir un obstáculo –por sus relaciones de poder-- para el progreso de las investigaciones. El ex vice, en dicha causa, no había sido indagado ni procesado. Tiempo no faltó: había arrancado en el 2012, hace cinco años. Durañona supone que la determinación del juez podría estar ligada con su nueva situación en el Consejo de la Magistratura.

La caída de Boudou se añade ahora a la de De Vido. Dos golpes casi de nocaut político para el kirchnerismo. Aunque será, en efecto, de ese modo cuando los procesos logren concluir sin dejar sospechas en los procedimientos. Existe un juicio popular muy consolidado sobre los delitos cometidos por el ex vice y el ex ministro de Planificación en la función pública. Pero resulta imprescindible para el saneamiento de la democracia y las instituciones que resulte apuntalado por la justicia y el derecho.

Tampoco Boudou y De Vido representan una misma cosa. Más allá del parentesco de los dos con la ilegalidad. Y de haberse convertido en figuras icónicas de la corrupción kirchnerista. El ex ministro de Planificación ocupó su cargo los 12 años del ciclo. Administró fondos estatales que rondaron los U$S145 mil millones. Representó un engranaje clave de la maquinaria de recaudación y negociados articulados en la época. El ex vice significa una pésima creación política de Cristina. Casi un capricho que sólo pudo darse cuando Néstor Kirchner había fallecido. No sólo no representó nada para el disciplinamiento peronista-kirchnerista. Desató con el caso Ciccone el primer escándalo ni bien asumió. Hizo que la ex presidenta diera un manotazo grosero contra el Poder Judicial. Despachó al entonces Procurador, Esteban Righi. Apartó de la causa al juez Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo.

Boudou ya integra el lote de presidiarios VIP de la corrupción kirchnerista alojados en el penal de Ezeiza. Junto a Ricardo Jaime, Lázaro Báez y José López, entre tantos. De Vido fue trasladado a la cárcel de Máximo Paz, probablemente con el objeto de aliviar la tarea del Servicio Penitenciario Federal. Es complicado supervisar tantos detenidos con volumen público. El caso del ex ministro de Planificación resulta especial. Por su cotización política y su salud. Sufre de diabetes y es insulino dependiente. Los primeros días de arresto los cuidados debieron extremarse. Su nerviosismo acentuó el padecimiento. Habitualmente recibe dos tratamientos diarios. En esas jornadas difíciles necesitó hasta cinco. Su vigilancia demanda de un sistema de cámaras, un celador, un auxiliar, un encargado de turno, un jefe de turno, enfermeros, médicos clínicos y especialistas, psicólogo y nutricionista. El último informe de este año del SPF estableció que cada encarcelado le insume al Estado alrededor de $100 mil por mes (U$S5500). En el caso del ex ministro dicho costo se duplica.

Boudou y De Vido han sido abandonados por el peronismo. Pero Cristina, en representación del ultrismo K, salió en defensa de su ex vice. Cuestionó al juez y a Macri. Alertó que la “democracia está en peligro”. Raúl Zaffaroni pontificó que “el estado de derecho se derrumba”.

Tales advertencia serían atendibles sin la existencia de la historia. Ambos carecen de autoridad ética y pública para predicar sobre democracia y estado de derecho. Nadie olvida las tropelías de la ex presidenta en sus ochos años de poder. Se reflejan en Boudou. Tampoco los avales jurídicos que desde la Corte Suprema dispensó siempre Zaffaroni.

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